Los delitos que se le imputan a la exjueza Ivonne Gutiérrez Pávez son los de sustracción de menores, prevaricación dolosa y asociación ilícita, los que, según la investigación, fueron cometidos durante la dictadura de Pinochet, entre 1982 y 1983, en la comuna de San Fernando, en la región de O’Higgins. Además de la extradición solicitada contra Gutiérrez, quien se permanece en Israel, se procesó a otros cuatro exfuncionarios del Poder Judicial de la época.

Por JC Contreras Jara

Cuarenta y tres años después de ocurridos los hechos, tribunales chilenos encausaron a cinco exfuncionarios del Poder Judicial implicados en secuestros y adopciones ilegales de niños y niñas pobres durante la dictadura. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó el primer procesamiento judicial por sustracción de menores en el contexto del régimen militar, estableciendo que los hechos constituyen delitos de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles según la normativa internacional en materia de DDHH.

La investigación reveló la existencia de una red de secuestros y adopciones ilegales de niños y niñas que operativa en San Fernando durante la dictadura, integrada por funcionarios públicos, abogados, miembros de la Iglesia Católica y autoridades judiciales. Esta organización habría detectado y captado a mujeres pobres para quitarles a sus hijos y entregarlos a familias adoptivas en el extranjero.

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Según el ministro Aguilar, cada menor podía llegar a ser «vendido» por montos que podían ascender a los 50.000 dólares. Para concretar la sustracción y luego la entrega de los niños, se requirió, entre otros, de trámites judiciales fraudulentos y firmas falsas.

En dos casos documentados, los niños fueron entregados a matrimonios extranjeros sin consentimiento informado ni libre de sus madres. En uno de ellos, gracias a la intervención de la madre, se logró frenar el secuestro de una niña. En el otro, el niño fue enviado a Estados Unidos.

Por ambos casos fueron procesados y puestos en prisión preventiva; el abogado Ismael Moisés Espinoza León, el egresado de derecho en aquella época, Carlos Sigisfredo Vega Segura, la funcionaria judicial Laura Rosa Silva Sánchez, Sylvia Clara Vilches Rojas como integrante de la red e Ivonne Gutiérrez Pávez, exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, por quien se pidió a Israel la extradición. Dicha tramitación a está en manos de la Corte Suprema

Secuestro de niños pobres: Otro de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura

la investigación desprende que estos crímenes no fueron hechos aislados ni meras irregularidades administrativas, sino actos sistemáticos cometidos durante la dictadura cívico militar chilena, que controlaba los aparatos del Estado, y en el cual se vulneraron Derechos Humanos deliberadamente.

«Las madres eran personas de baja o nula escolaridad, y muchas veces firmaban documentos sin comprenderlos, bajo presión o directamente bajo amenazas», se consigna en el procesamiento.

Cabe destacar que, según datos de la Defensoría de la Niñez, recogidos de las Comisiones de Verdad, casi mil niños y niñas fueron víctimas de torturas y desaparición forzosa, mientras que más de 150 padecieron de la prisión política en compañía de sus adultos cuidadores. Dichas cifras quedan cortas a las que manejan organizaciones de DDHH en Chile y países europeos como Suecia, que apuntan a miles de casos de adopciones ilegales devenidas de secuestros de niños pobres.

De concretarse la solicitud de extradición a Israel, el caso de la exjueza Ivonne Gutiérrez Pávez sería uno de los pocos casos en que una funcionaria judicial, vinculada directamente con la dictadura y todo su aparato represivo, sea juzgada por su rol en la desaparición forzada de niños bajo la figura de la adopción.