La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto en contra de la sentencia que condenó a Sylvia Teresa Oyarce Pinto, ex funcionaria de Carabineros y ex agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a la pena de 5 años y un día de presidio, en calidad de autora del delito de secuestro calificado de Miguel Enrique Rodríguez Vergara cometido en noviembre de 1975, en la comuna de Pudahuel.

Por: Darío Nuñez

El desaparecido Miguel Rodríguez Vergara, era un militante socialista de 42 años de edad. Fue detenido en su domicilio de la calle San Pablo, en Pudahuel, por un grupo de agentes compuesto por Gerardo Meza Acuña, Sylvia Oyarce y los ya fallecidos Orlando Mora López y Enrique Cartes Isla. Luego de la detención trasladan a Rodríguez Vergara al cuartel secreto Villa Grimaldi, y en una fecha posterior los agentes del grupo Tucán lo asesinan y luego inhuman ilegalmente en un sector rural del poniente de Santiago haciéndolo desaparecer para siempre.

En fallo unánime (causa rol 94.891-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier- descartó error de derecho en la sentencia impugnada por la condenada.

En el fallo de primera instancia, dictado por el ministro Mario Carroza en julio de 2017, éste había decretado la absolución de la agente Sylvia Oyarce Pinto y condenó a los otros agentes implicados en el crimen. La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en julio de 2020, confirmó esas condenas y revocó la absolución de la mujer condenándola también a cinco años y un día de presidio.

Tanto en primera como en segunda instancia, se condenó a otros cuatro ex agentes de la DINA; al ex oficial de Ejército Rolf Arnold Gonzalo Wenderoth Pozo y al ex oficial de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, a la pena de 5 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito; al ex agente Gerardo Meza Acuña a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como autor del delito, y José Alfonso Ojeda Obando a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como encubridor.

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Las defensas de los demás condenados no recurrieron a la Suprema por lo que las condenas se mantienen a firme. Sin embargo, en el tiempo trascurrido entre las resoluciones previas y la presente resolución de la Suprema, falleció el criminal Gerardo Meza Acuña. Otros implicados ya habían fallecido a la fecha del fallo de primera instancia.

Wenderoth Pozo actuaba como segundo jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) y responsable de la plana mayor, que operaba en Villa Grimaldi. En tanto Godoy García actuaba como jefe del Grupo Tucán, dedicado a perseguir a militantes socialistas. Los agentes condenados eran miembros de ese grupo represivo.

La condenada Sylvia Teresa Oyarce Pinto fue agente operativa de la DINA-CNI desde 1974 en adelante, participando en varias operaciones represivas, entre ellas la Operación Alfa Carbón de agosto de 1984 en ciudades del sur.