Esta semana el Gobierno anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para frenar la anulación de la Ley de Pesca, conocida como «Ley Longueira». Para profundizar en esta situación, RESUMEN conversó con Cosme Caracciolo, antiguo pescador artesanal porteño, sobre las implicancias y significancias de la Ley para el sector.

Por Juan Contreras Jara

De manera inmediata y por segunda vez consecutiva en la semana, el Gobierno del presidente en funciones, Sebastián Piñera, anunció que acudirá Tribunal Constitucional luego de que este martes la Cámara de Diputadas/os aprobara por amplia mayoría el proyecto que busca la nulidad de la actual Ley de Pesca, más conocida como Ley Longueira.

En medio de la discusión y aprobación del proyecto de nulidad de la actual normativa, el subsecretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, afirmó que "pretender cuestionar esto atenta contra la ley, pero también contra la estabilidad y certeza jurídica que amparan el Estado de Derecho", argumentando así esta segunda reserva de constitucionalidad.

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Recordemos que el lunes recién pasado el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional para frenar el retiro del 10% de las AFP, situación que ha generado la indignación de la población, exigiendo nuevamente la renuncia de Sebastián Piñera.

Gobierno recurre nuevamente al Tribunal Constitucional

Pese a que la Cámara de Diputadas/os aprobó el proyecto con 81 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones, el Gobierno le dio la espalda al mundo de la pesca artesanal y de inmediato se cuadró con uñas y dientes con la actual normativa, pese a encontrarse en su primera etapa de tramitación.

La actual Ley de Pesca fue parte del legado que dejó el primer mandato de Sebastián Piñera y se aprobó en diciembre de 2012. A la cabeza de la iniciativa estaba Pablo Longueira (UDI), por entonces ministro de Economía y posteriormente investigado por delitos de cohecho durante la aprobación de dicha Ley.

Luego de su tramitación, quedó al descubierto la red de sobornos realizados desde empresas pesqueras como Corpesca (propiedad del grupo Angelini), por ejemplo, hacia la diputada Marta Isasi (PRI, ex UDI) a través de su ex jefe de gabinete, contemplándose pagos que habrían superado los $20 millones de pesos.

Otro involucrado fue el desaforado senador Jaime Orpis, también UDI, quien recibió de la misma Corpesca más de $200 millones de pesos. Pablo Longueira, por entonces a cargo de la cartera de Economía, también habría obtenido dineros por medio de boleteos, realizados a través de dos de sus abogados por servicios jamás prestados a Asipes.

La lista de operadores políticos que influyeron en la tramitación y estructuración de la actual Ley de Pesca es extensa, al igual que los montos traspasados mediante jefes de gabinetes, familiares, entre otros.

Desde el mundo de la pesca artesanal han rechazado la legislación justamente por el fraude y el tráfico de influencias que significa recibir pagos de parte de empresas para luego votar una Ley que regula su funcionamiento en las costas de nuestro país.

Este martes durante la discusión del proyecto de nulidad de esta normativa, pescadores artesanales se movilizaron y marcharon hasta el Congreso Nacional para presionar por su pronta nulidad, como también para expresar su repudio al Gobierno, catalogando como «manotazos de ahogado» esta nueva reserva de constitucionalidad.

Sobre la tan ansiada nulidad de la ley Longueira, como también sobre la organización de los pescadores artesanales frente al pataleo desesperado del Gobierno por salvarla, conversó con RESUMEN Cosme Caracciolo, actual socio del sindicato de caleta Puertecito de San Antonio e histórico dirigente de la pesca artesanal con 50 años en el rubro.

Este martes, luego de que la Cámara de Diputadas/os votara a favor de la idea de eliminar la Ley de Pesca o Ley Longuería, el Gobierno anunció que acudirá nuevamente al TC para frenar esta iniciativa ¿Por qué cree que el Gobierno defiende con uñas y garras la actual legislación?

Se supone que en el parlamento está la voluntad del pueblo, los representantes de la soberanía popular, y por lo tanto no puede existir un organismo sobre eso. Que el Gobierno anuncie con llevar la nulidad de la Ley Longueira a que la revisen nuevamente es una aberración.

Ya se aprobó por los representantes de la gente, no necesitamos de un ente (TC) creado en dictadura. La Ley Longueira representa para nosotros la guinda de la torta de la corrupción en Chile, y está probado por Tribunales que hay varios parlamentarios que recibieron dineros para aprobar a una Ley que favorece a los mismos empresarios de este país.

La Ley Longueira privatizó los recursos pesqueros de este país. Los peces que eran de todos los chilenos pasaron a ser propiedad de unos grupos de personajes favorecidos por dineros que pagaron.  Lo que más se nota, y está probado por Tribunales, es que corrieron dineros para aprobar una Ley que para favoreciera los intereses de los empresarios pesqueros.

¿De qué manera la actual regulación de la pesca perjudica al mundo de la artesanal?

Lo graficaré de esta forma: antes cuando yo pescaba un pescado -una corvina, una sierra, etc.-, cuando lo tenía en el anzuelo y yo la echaba arriba de la embarcación, ahí recién era mío. Si el pez escapaba al agua era de todos los chilenos, pero ahora, luego de la promulgación de la Ley Longueira, los peces en el agua tienen propiedad, alguien es dueño de ese pez en el agua. Esto es aberrante.

La Ley habla de que los permisos de pesca y las cuotas de pesca son heredables y transferibles y ocurre una locura: los peces que no nacen tienen dueños que tampoco nacen aún. Antes, cuando nosotros pescábamos, cometíamos una falta y ahora con la Ley Longueira pasó a ser un delito, porque atentamos contra la propiedad privada. Creo que esto no resiste ningún análisis.

Estamos contentos de que se haya aprobado en la Cámara de Diputados la nulidad, porque llevamos muchos años trabajando para recuperar nuestros derechos.

¿Cómo afecta la Ley Longueira al ejercicio de la pesca artesanal y la sustentabilidad de los recursos naturales?

Con respecto a la pesca, nosotros planteamos que debe ser sustentable en el tiempo. Resulta que el pescador industrial que hace harina con el pescado también usa arte de arrastre para pescar, y en el mundo está probado que el arrastre no puede ser selectivo, no produce sustentabilidad.

Los pescadores artesanales pescamos con arte de pesca selectivo. Para nosotros si no hay peces se acaba la actividad porque vivimos de la pesca, el sector industrial es un cliente y lo ve como un negocio. Hay una diferencia enorme.

Para seguir pescando queremos que sigan habiendo peces y para que hayan peces, la pesca debe ser sustentable. Tiene que haber una extracción racional de los peces.

El subsecretario General de la Presidencia declaró este martes en la Cámara de Diputados que anular la actual Ley de Pesca vendría a cuestionar lo que "dignamente" los parlamentarios han hecho por el país ¿Cómo reciben los pescadores artesanales estas declaraciones?

Si el gobierno está planteando que es digno que los empresarios le paguen a los parlamentarios me parece que estamos frente a sinvergüenzas, ladrones y malhechores.

Nosotros creemos que no es digno que yo le pague a alguien para que apruebe algo que me favorezca a mí. Eso se llama cohecho y en Chile está penado. Cometen un error al hablar de dignidad, cuando los Tribunales han comprobado que es una Ley corrupta.

Esta es la segunda vez que el gobierno utiliza el TC para frenar una iniciativa crítica a su funcionamiento, primero fue por el retiro del 10% y ahora con respecto a la Ley de Pesca ¿Cómo evalúa estas maniobras?

Son manotazos de ahogado, maniobras desesperadas. Queda claro que el Gobierno es un fiel representante de la dictadura de Pinochet, porque son tácticas dictatoriales que está utilizando sin importar la soberanía popular de la gente.

Se llenan la boca con la democracia, pero no la reconocen.  El Tribunal Constitucional es un engendro heredado de la dictadura para mantener la Constitución de Pinochet. Piñera y el Gobierno funciona como dictadores al momento de utilizar a este Tribunal.

¿De qué manera se está organizando el mundo de la pesca artesanal para presionar la anulación de la Ley Longueira?

Nosotros somos claros: si el gobierno insiste en recurrir al Tribunal Constitucional por la nulidad de la Ley, estamos dispuestos a entregar nuestra vida en la calle. No es una amenaza, nosotros vamos a defender nuestros derechos y el derecho de que nuestro país se alimente de proteína de buena calidad, y eso lo vamos a defender con nuestra vida.

Nosotros estamos dispuestos a luchar por la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Creo que el Gobierno comete un grave error al llevar la Ley Longueira al Tribunal Constitucional. Estamos dispuestos a todo y no le vamos a aceptar esto al gobierno.

Soy pescador artesanal, hijo y nieto de pescador y voy a seguir luchando porque mis padres, mis abuelos, hicieron familia y criaron un hijo entorno a la pesca y yo quiero que los del futuro sigan haciendo lo mismo.