Este venidero 30 de agosto se presentará el Plan Nacional de Búsqueda, una instancia gubernamental destinada a identificar el paradero de detenidos desaparecidos durante la última dictadura civil-militar, en la fecha -Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas- el presidente Boric dará a conocer la iniciativa.

Por Ariel Ríos Pincheira

El Plan se ha desarrollado a lo largo del país desde octubre del año pasado, en sucesivos encuentros con todo tipo de organismos y reparticiones públicas con la finalidad de encontrar a 1162 desaparecidos y desaparecidas, además de entregar cuerpos de ejecutadas y ejecutados políticos a sus familiares. Entre los objetivos de este Plan están: Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada e Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada, según señala la información de la subsecretaría de derechos humanos a cargo de la instancia.

Pero los organismos de derechos humanos han puesto la voz de alarma respecto a diversos puntos, por ejemplo, la reducción sistemática de personal y profesionales de la subsecretaría, en el Plan de Búsqueda en concreto se han perdido 4 plazas, contando con 5 personas contratadas a honorarios. Tal como señala Gloria Elgueta, hermana de Martin Elgueta, detenido desaparecido en 1974, en una nota publicada por Londres 38, esta situación se repite en diversas reparticiones públicas: «Esos casos confirman la impunidad existente como un problema transversal al Estado. Y diría que a parte de la sociedad también, como una normalización de estas prácticas. El Servicio Médico Legal ha explicado que no tenía presupuesto, pero enfrentado a un dilema como ese, que también es ético, yo pienso que los funcionarios responsables deberían haberlo hecho presente a las autoridades, incluso públicamente, y habrían contado con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos».

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A esta situación de precariedad presupuestaria, se agrega la dificultad de la coordinación entre el Programa de Derechos Humanos y este nuevo Plan, cuestión aun no resuelta por las autoridades.

A ello se suma los problemas de impunidad en el poder judicial, en este sentido, la abogada Karinna Fernández señala: "Las obligaciones y los Estados cumplen o incumplen sus obligaciones. Lo que me parece es que, a más de un año de este gobierno, no hemos encontrado, no hemos iniciado un plan concreto de búsqueda, no tenemos archivos desarchivados, no tenemos acceso a la verdad de lo ocurrido y, por lo tanto, hay un incumplimiento de una obligación estatal".

Por otra parte, los organismos de derechos humanos ponen el acento en que El estado exija a las Fuerzas Armadas y policiales, así como a otros actores (funcionarios diplomáticos y entidades empresariales involucrados en crímenes de lesa humanidad) la apertura de sus archivos y de toda la información con la que cuenten.

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Fotografía principal: Minrel