[resumen.cl] Cristián Vargas se desempeñaba como subdirector jurídico del SII cuando le tocó denunciar los casos Penta y SQM, dos de los hechos de corrupción y fraude al fisco más grandes de los últimos años. En conversación con RESUMEN, el que también fuera candidato a fiscal nacional comenta las similitudes entre éstas y la arista Factop del Caso Hermosilla, patrones de comportamiento de este tipo de delincuentes y cómo la impunidad en Penta y SQM permitió que continuaran y se profundizaran estas prácticas.

El que se está llamando como «Caso Factop» es en realidad la Arista Factop del conocido como caso Hermosilla, el Tren de Vitacura o La Banda de los audios, pese a los intentos ingentes de los medios del poder por cambiarle el nombre a «caso audios», como si el delito en cuestión fuera el enviarse audios a través de una plataforma de mensajería instantánea.

Esta arista es uno de los puntos centrales dados a conocer por los audios que CIPER reveló de una reunión donde el abogado Luis Hermosilla, quien defiende a Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas investigadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares, menciona pagos de coimas a funcionarios del SII y la CMF para obtener información privilegiada y favores.

También puedes leer| Los peligros de la delincuencia organizada: La banda de los audios

«De este hueón dependemos. Aquí es donde podemos meter manos y así se arreglan estas huevás», dice textual Hermosilla para luego reconocer que «Aquí estamos haciendo una huevá que es delito».

A pesar de confesar un delito, nadie sabe el paradero de Sauer, no tiene fecha de formalización ni medidas cautelares y no es preocupación para los medios de comunicación propiedad de grandes grupos empresariales, como sí es de su interés primordial ser parte de la campaña orquestada de lawfare en contra del alcalde Jadue.

De acuerdo con los análisis realizados por la PDI, Factop tenía tres modalidades de ingresos: fondos de inversión, inversionistas y factoring.

Respecto a los fondos de inversión, se detalló que se otorgaban cheques o facturas como garantía, las cuales se iban renovando regularmente. Por otra parte, estaba el denominado círculo de amigos de los imputados o "inversionistas", quienes aportaban fondos a cambio de un interés mensual.

Asimismo, Factop ocupaba el refactorizaje, pero por lo general con facturas de empresas relacionadas o cheques, los cuales se iban renovando. Se hizo presente, en el mismo sentido, que la empresa funcionaba como prestamista al círculo de amistades de los querellados.

A raíz de lo anterior, el informe estableció que los querellados, "crearon un esquema en torno a la emisión de facturas, que permitió obtener cuantiosos ingresos a través de diversos fondos de inversión, no descartando la comisión de eventuales delitos tributarios".

Te puede interesar | Desde la PDI y Fiscalía habrían alertado de allanamiento: Investigan a funcionarios por eventual filtración de información al GORE Biobío en el marco del Caso Convenios

El pasado 10 de abril, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva de Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, imputados como autores de delitos tributarios, estafa, lavado de activos e infracción a la ley de mercado de valores. El pasado viernes 19, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el otro socio, Rodrigo Topelberg. Finalmente, quien también fuera socio de Factop y padre de los hermanos Sauer, Alberto Sauer, quedó con la cautelar de arresto domiciliario nocturno, y además, en una clásica actitud de la clase dominante de seguridad ante el derecho penal que no está diseñado para ellos y de convicción de impunidad a la que están acostumbrados, declaró a los medios al respecto que esto le parecía «rico, para quedarme en la casa».

Y es que realmente no se trata de algo descabellado, pues la justicia chilena se ha preocupado de establecer precedentes de impunidad en la materia. De eso fue lo que conversamos con Cristián Vargas, funcionario que se desempeñaba como subdirector jurídico del SII cuando le tocó denunciar los casos Penta y SQM y quien fuera candidato a fiscal nacional, para que nos dé sus impresiones respecto.

¿Qué elementos en común tiene la arista Factop del Caso Hermosilla con los casos Penta y SQM que destapaste?

Al igual que los casos Penta y SQM destacan no sólo por la complejidad y magnitud del fraude, sino también por las implicancias éticas y legales que conllevan en el ámbito empresarial y político del país. Las similitudes entre estos casos se centran en el uso de facturas ideológicamente falsas y la conexión con el entorno político, lo cual sugiere patrones de conducta corrupta arraigados en ciertos sectores del mundo empresarial y político del país.

¿Entonces cree hay un elemento de continuidad?

En relación con el contexto y continuidad de estas prácticas puedo señalar que el caso Factop comparte con los casos Penta y SQM el mecanismo de emisión de facturas falsas, estos documentos eran utilizados para evadir impuestos, para inflar gastos de manera artificial o para canalizar fondos de forma ilegal, lo que demuestra un modus operandi recurrente en el fraude empresarial y financiero en Chile. Por otra parte, los casos Factop, Penta y SQM demuestran vínculos entre el sector empresarial y el ámbito político.

¿Entonces se puede hablar de un patrón de comportamiento?

En los casos Penta y SQM se utilizaron esquemas fraudulentos para financiar de manera irregular actividades políticas y campañas electorales. Aunque en el caso Factop no se ha vinculado directamente con financiamiento político -al menos todavía con las evidencias conocidas- la metodología utilizada y la eventual relación con actores políticos evidencian un patrón de comportamiento que desde luego afecta la transparencia y la integridad del sistema político y económico chileno, además la sensación de impunidad generada por los casos Penta y SQM ha contribuido, sin duda, a un entorno en el que prácticas fraudulentas como las observadas en el caso caso Factop no sólo continuaron, sino que se volvieron más descaradas.

Los audios de Hermosilla revelados en el contexto del caso Factop demuestran cómo los involucrados hablaban directamente de sus estrategias para manipular investigaciones y evitar sanciones mediante la corrupción, lo que refleja una percepción de que podrían evadir la justicia sin mayores consecuencias.

En síntesis, el caso Factop no parece ser una excepción, sino que más la manifestación de un problema más amplio y profundo de prácticas corruptas y fraudulentas en el ámbito empresarial chileno, con conexiones políticas y una impunidad que fomenta la repetición y escalada de estos comportamientos.

Finalmente ¿Qué se podría hacer para evitar que como pueblo sigamos siendo víctimas de este tipo de delitos?

Estos patrones de conducta no sólo desafían la integridad del sistema financiero y político, sino que también subrayan la necesidad urgente de actualizar y fortalecer las instituciones y mecanismos de control para prevenir y sancionar la corrupción y el fraude.