Sería un funcionario del propio Ministerio Público y uno de la Policía de Investigaciones quienes habrían alertado al equipo de confianza del gobernador Rodrigo Díaz sobre los allanamientos que se realizaron el pasado 27 de abril, donde fue requisado hasta el teléfono móvil del mandamás del GORE Biobío.

Según consignó Sabes.cl, sería en concreto a la encargada de la Unidad Jurídica del GORE Biobío, Karen Flores, a quien se le altertó sobre el mencionado allanamiento a sus oficinas. Por dicha sospecha, es que hoy existe una investigación de carácter reservada contra los dos  exfuncionarios públicos.

Según dicho medio, fue precisamente la PDI de Concepción que informó la suspensión del oficial Walter Oyarce, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE). La institución policial confirmó que, el funcionario fue suspendido de sus funciones y se instruyó un sumario en su contra.

Además del policía, un abogado y ex funcionario de Fiscalía también habría colaborado con la alerta de allanamiento que se efectuó sobre el GORE Biobío en el marco de la investigación por el bullado Caso Convenios.

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Por su parte, el gobernador Rodrigo Díaz señaló en el mismo medio que desconoce la situación y que no ha conversado con ninguno de los dos investigados recientemente por el Ministerio Público.

De esta manera se abre una nueva arista en el Caso Convenio versión Biobío, conflicto que ha catapultado a la palestra mediática a la región por casos que involucran millonarias transferencias directas a fundaciones como Bonhomía, que implica $350 millones, o la Fundación En Ti y el bullado Caso Lencerías, donde se traspasaron más de 250 millones de pesos, de los que se rindieron, en parte, gastos en ropa interior. En todos ellos, tanto Fiscalía como la Contraloría persigue posibles delitos de corrupción, lo que ha dejado al círculo cercano del gobernador Díaz desfilando por tribunales en los últimos meses.