Por Juan Contreras Jara

Este lunes familiares de los presos políticos mapuche de Angol fueron violentamente desalojadas de la Intendencia de la Araucanía cuando buscaron respuestas sobre la carta enviada hace ya dos meses a Sebastián Piñera. Luego de permanecer más de 24 horas detenidas, ayer el Juzgado de Garantía de Temuco dejó en libertad a ocho de las nueve mujeres agredidas, entre ellas dos embarazadas y una en proceso de lactancia, Daniela Sierra Soto, abogada en causas de DDHH que quedó con arresto domiciliario total y que estuvo detenida en la cárcel de Mujeres de Temuco por más de 50 horas.

Hay que destacar que el juez de garantía que decretó la dura medida cautelar durante los próximos tres meses es Federico Gutiérrez, mismo magistrado que decretó en primera instancia arresto domiciliario y no prisión preventiva para Martín Pradenas, acusado de violación. Pese a que ayer el tribunal temuquense decretó la cautelar, la parte querellante, es decir el la Intendencia a través del abogado Sergio Arévalo, apeló a la medida exigiendo prisión preventiva, por lo que se debió esperar 24 hrs más por una nueva determinación judicial.

Pese a que Gendarmería habría autorizado el arribo de la pequeña lactante para estar con su madre, resulta de extremo riesgo mover desde Angol a la recién nacida, sobre todo considerando que nos encontramos en medio de una pandemia. Así lo explicó la abogada defensora en este caso, Isabel Figueroa quien agregó que "lo más lógico era que Daniela estuviera en su casa".

La defensora fustigó que "es totalmente desproporcionado y Gendarmería, la corte y el Juzgado de Garantía debieron haber apurado el tema de sacarla de la cárcel, pero hasta ahora siendo las 14:00 de la tarde y la resolución del tribunal fue a las 10:30 y todavía no se concreta su libertad entre comillas, porque tendrá que llegar a su casa a cumplir el arresto domiciliario total que es una de las medidas más gravosas después de la prisión preventiva".

Hay que recordar que las personas que se manifestaron este lunes en la Intendencia de la Araucanía, solicitaban entrevistarse con Víctor Manoli, cabeza del Gobierno Regional, sobre la delicada situación de salud de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, pero recibieron como respuesta el violento actuar de efectivo de FFEE de Carabineros.

Pese a que hoy el Juzgado de Garantía de Temuco decretó finalmente la liberación bajo arresto domiciliario total de Daniela Sierra, durante los tres meses que durará la investigación en su contra, más de cien abogadas de todo el país advirtieron mediante una declaración la vulneración de la Convención Belem do Pará por parte del tribunal, relativa a la erradicación de la violencia hacia la mujer y el cuidado de sus derechos fundamentales.

Lo anterior debido a que el Juzgado de Garantía negó un recurso de amparo presentado en favor de las dos comuneras embarazadas y perjudicó directamente la integridad física y psicológica de Daniela Sierra en proceso de lactancia, pasando a llevar también el interés superior de su hijo recién nacido. Por otra parte, hay que destacar que las dos comuneras mapuche debieron pasar la noche en los calabozos de la 2da Comisaria de Carabineros de la capital regional junto a las demás detenidas, siendo liberadas recién a las 20:00 de ayer.

Invocando esta convención, la Defensoría Penal Pública Mapuche solicitó que Daniela pudiera esperar la decisión del tribunal en su domicilio, bajo arresto total, lo que fue denegado por el juez de garantía dejándola privada de libertad otra noche más en el Centro de Detención Femenino de Temuco.

Con respecto a esto, Isabel Figueroa comentó que "se infringió la convención e Belem do Pará que busca resguardar los derechos de las mujeres y la convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esto es algo muy grave que afecta a esta lactante de tres días a no tener contacto con su mama directo. Porque si Gendarmeria digiera que puede entrar cuando quiera, esto no se puede concretar porque está en Angol".

Cabe señalar que el lunes pasado se vivió una intensa jornada de movilización de las comunidades mapuche en resistencia de Malleco que no sólo se remitió a lo sucedido en la Intendencia de la Araucanía. En el marco de los 85 días de huelga de hambre que cumplieron a inicio de semana los presos políticos de Angol. En este contexto fueron ocupados por comuneros y comuneras mapuche los municipios de Victoria, Traiguen, Curacautin, Ercilla, Collipulli y Lonquimay, además de la municipalidad de y Galvarino, perteneciente a la provincia de Cautín.

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Desde las 11:00 horas del lunes distintas comunidades mapuche en resistencia hicieron ocupación de las dependencias de dichos municipios con el afán de recalcar al gobierno de Sebastián Piñera la urgencia de hacer efectivo el Convenio 169 de la OIT, tanto en las condenas como medidas cautelares que pesan hoy sobre los veintisiete presos políticos en huelga de hambre.

Denuncian violación al Convenio Belén do Para en la detención de la abogada

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Belem do Pará- define en su primer artículo que debe entenderse por violencia, «cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado». Expresa además que los Estados deben, «abstenerse de cualquier acción o practica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten en conformidad con esta obligación».

Fotografía de Radio Kurruf

Lo que habría sido ignorado por el Juzgado de Garantía de Temuco, toda vez que se golpeó y encarcelo a mujeres embarazadas y en el caso de Daniela, a una madre en proceso de lactancia. Lo anterior atentó directamente contra el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, como también a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, es decir a su hijo recién nacido que no pudo lactar por casi 48 horas, como está contenido en el Cap. II sobre derechos protegidos de dicha convención.

En respuesta a esta situación 126 abogadas firmaron una declaración en apoyo a Daniela Sierra donde enfatizaron en que la apelación del Ministerio Publico demostró, "la vulneración a estándares internacionales de derechos humanos en el contexto de la criminalización de la protesta social. Esta vez no solo en lo que respecta a los derechos humanos de la mujer y de pueblos originarios, sino también de los niños, pues la decisión judicial ha pasado también por alto el interés superior del niño, principio consagrado en la Convención de Derechos del Niño, al privar al lactante de la posibilidad de estar con su madre en el hogar, lo cual resulta especialmente preocupante en el contexto de una Pandemia".

Hay que comentar que las diligencias que propiciaron la extensa detención de Daniela Sierra fueron realizadas por el abogado de la Intendencia de la Araucanía, Sergio Arévalo, quien en primera instancia apeló ante el Juzgado de Garantía de Temuco e insistió en dejar a la madre lactante en prisión preventiva.

Esto no resulta extraño considerando las declaraciones del propio intendente Victor Manoli, quien declaró ayer a Cooperativa que  no existen presos políticos mapuche y que en su lugar "solo hay presos por delitos comunes, violentos, donde hay muertes de por medio, y eso es lo que nosotros no podemos interceder ante la justicia porque son los tribunales los que determinan la gravedad de los hechos y la condena".

Estos antecedentes reforzarían la tesis de las familias de los presos políticos que cumplen hoy 87 días en huelga de hambre, sobre el desconocimiento del Estado chileno en cuanto al despojo territorial y cultural del pueblo Mapuche, el desconocimiento de acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y también en torno a las irregularidades de las investigaciones y condenas en contra de los ocho comuneros que mantienen la extrema medida  de presión.

Por lo pronto Daniela Sierra deberá permanecer en su domicilio durante tres meses mientras se desarrolla la investigación en su contra por los delitos de maltrato de obra a Carabineros, lesiones menos graves, desorden público y amenazas.

*Fotografías de Radio Kurruf