El informe realizado por el MOVILH señala que la violencia contra la población LGBTIQ+ aumentó un 14,7% en relación al año anterior, siendo la región de Valparaíso la que concentra más denuncias en todo el país. Del mismo modo, se observa un crecimiento sostenido en estas cifras desde el año 2018, cuestión que se vuelve aún más preocupante.
Por José Figueroa Soto
El pasado 17 de marzo fue lanzado el XIX Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), el cual trata de reflejar la realidad de la población LGBTIQ+ al año 2020, tomando especial interés ya que estuvo marcado por la pandemia del coronavirus y, por consecuencia, cuarentenas en gran parte del país. Situación que también recoge el informe:
"Sin duda el 2020 es así el año de resiliencia LGBTIQ+ frente a los incumplimientos, la indiferencia y el abandono, un fenómeno seguramente compartido con muchos otros sectores vulnerables que vieron precarizada su realidad debido a los efectos del Covid-19«, se señala.
Cabe recordar las múltiples alertas que encendieron diversas organizaciones con respecto a las situaciones de violencia vividas por disidencias sexuales y de género al estar confinadas a causa de las cuarentenas, considerando que muchas personas fueron obligadas a volver a núcleos de violencia, viéndose en una situación de abandono total por parte de las autoridades de gobierno.
"Se trató de un período duro, triste y difícil a raíz del incumplimiento estatal de los compromisos internacionales, el silencio ante los atropellos a los derechos humanos en razón de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, la apatía frente a los abusos contra los activistas de la diversidad y la indiferencia frente a la vulnerabilidad que acarreó el Covid-19, pues se careció de toda política pública focalizada en la materia", indica el informe.
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Esta situación se vuelve aún más preocupante al momento de revisar las cifras entregadas, visto que durante 2020 se registraron 1.266 atropellos contra la comunidad LGBTIQ+, representando un 14,7% más que el año anterior, siendo la cifra más alta desde la elaboración de los Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, concentrando el 22,9% de los hechos de violencia registrados en 19 años.
De este modo, las vulneraciones de derechos se dividen en: "6 asesinatos; 132 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles; 16 abusos policiales; 110 casos de discriminación laboral y 33 de tipo educacional; 60 movilizaciones o campañas de odio; 379 episodios de marginación institucional; 64 exclusiones en el espacio público o privado; 253 casos de homo/transfobia comunitaria (familia, "amigos/as", vecinos/as), 209 discursos que incitan a la violencia y 4 hechos homo/ transfóbicos en la cultura, medios o espectáculo".
Si estas cifras se distribuyen geográficamente, la región con más casos es Valparaíso, concentrando el 38,4% de los casos, confirmando lo señalado por diversas organizaciones: Valparaíso continúa siendo una zona roja para la población LGBTIQ+. En tanto, la región Metropolitana concentra el 23,93% de los casos, seguida por Biobío (3%), Coquimbo (1,65%), Maule (1,5%), Antofagasta (1,42%), Araucanía (1,42%), Los Lagos (1,26%), O´Higgins (1,02%), Atacama (0,63%), 'uble (0.63%), Los Ríos (0.63%), Tarapacá (0,39%), Aysén (0,23%), Magallanes (0,71%) y Arica y Parinacota (0.07%).
La región de Los Lagos evidenció el mayor aumento de casos de violencia en relación al año anterior, con un 33.3%. Por el contrario, Arica y Parinacota experimentó una merma del 90%.
¿Dichas cifras se pueden explicar solo en el incremento en las denuncias en relación al pasado? El informe asegura que ese es solo un factor, pero también se debería a un aumento real en las consumaciones de hechos violentos, sobre todo al momento de aumentar la visibilización y la lucha por derechos de la diversidad.
"En 2020 ocurrieron homicidios; golpizas con palos, fierros, piedras, puños, pies y bototos; cortes con vidrios, ataques con arma blanca, quemaduras con cigarrillos, intentos de asfixia, secuestros, torturas, expulsión de las casas, abandono familiar, personas en coma o con secuelas, bullying, abuso laboral, detenciones arbitrarias, torturas en manos de agentes estatales, campañas contra la igualdad de derechos, lobby de autoridades para boicotear la igualdad legal y agresiones contra los/as defensores/as de los derechos humanos LGBTIQ+", puntualiza el informe.
Todas estas cifras dejan al descubierto, una vez más, las dificultades que han experimentado las disidencias sexuales y de género en los últimos años, en especial cuando existe un silencio cómplice de parte de las autoridades de gobierno y su sector. Quienes, además de no pronunciarse en la materia, han obstaculizado la aprobación de normativas que ayudaría a disminuir estas cifras; ejemplo de ello fue la negativa a la ley de educación sexual integral (ESI).
Por ello activistas y organizaciones disidentes han redoblado constantemente los esfuerzos en la lucha por una vida libre de violencia.
Fotografía principal: archivo de redes (LVDLQS)