Los avances en materia constitucional de la propuesta de nueva de carta magna sin duda contienen mejoras sustanciales en materia ambiental, derechos laborales, educativos, sexuales, entre otros, pero quizás uno de los amarres que más contribuiría a limpiar la podrida política criolla es la inhabilidad de optar a cargos públicos para aquellas y aquellos vinculados o condenados por delitos de corrupción, fraude al Fisco, etc. Es decir, ni Jaime Orpis (UDI), ni Karen Rojo o Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, podrían volver a ser autoridades.

Por Juan Contreras Jara

La política institucional chilena, desde sus orígenes, ha estado controlada por la oligarquía criolla, que con los años decantó en la llamada «clase política», una amalgama entre el empresariado nacional y la elite política. Es dentro de ese nicho y durante décadas, que dicho sector ha incurrido en innumerables casos de corrupción, dañando al bien común y obteniendo irrisorias condenas, las que van desde clases de ética a simples pagos monetarios por multas.

La inexistencia de una regulación constitucional para este añoso mal, le ha permitido a distintos sectores de la política institucional chilena acumular cargos al interior del Estado, pese a que sus integrantes están dentro de procesos por corrupción o fraude al Fisco, como el caso de Jacqueline Van Rysselberghe, quien fue demandada por el Consejo de Defensa del Estado en 2014 por este delito y continuó ejerciendo su cargo como senadora e incluso llegando a la presidencia de la UDI tres años más tarde.

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Pero la realidad de la corrupción y aprovechamiento por parte de integrantes de esta «clase política» podría empezar a desdibujarse con la eventual aprobación de la propuesta de Nueva Constitución, entregada el pasado 30 de junio a Gabriel Boric y que espera por su plebiscito de salida el 4 de septiembre próximo.

De partida, en su artículo N°170, la Nueva Constitución define a la corrupción como contraria al bien común y que atenta contra el sistema democrático, para agregar, por primera vez en la historia institucional chilena, condicionantes para optar a cargos públicos a personas condenadas por dicho delito.

De esta forma, en su art. N°172, la propuesta de nueva carta magna expresa que, «No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley».

Con esta nueva jurisprudencia constitucional, condenados por corrupción o fraude al fisco, como el UDI Jaime Orpis o la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quedarían fuera de cualquier posibilidad de volver a ejercer cargos de elección popular.