La labor de CODEPU no comenzó el 18 de octubre de 2019, sino que su trabajo nació desde las profundas vulneraciones que arrastraba la dictadura en Chile. Hoy, 43 años después de su fundación, CODEPU ha continuado con su incansable objetivo de defender los Derechos Humanos, incluyendo exigencias de mejora en políticas de reparación integral, frenar la impunidad y conocer el destino de las y los detenidos desaparecidos.
Por J. Arroyo Olea
El 8 de noviembre de 1980 se oficializó, en plena dictadura que azotaba al país y en un contexto de auge de expresiones de protesta de la población contra el régimen, la fundación del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (la cual posteriormente pasó a llamarse Corporación), conocido por sus siglas: CODEPU.
La organización ha sido referente de la lucha en defensa de los Derechos Humanos, enfatizando en frenar la impunidad institucionalizada en el país, horizonte que desarrolló en dictadura y ha seguido postulando hasta la actualidad. En este sentido, en sus orígenes el CODEPU contribuía con una defensa integral jurídico-social dirigida a las y los presos políticos, además de sobrevivientes de las sesiones de tortura por parte de agentes del Estado. De igual forma, CODEPU desarrolló un importante trabajo en sectores populares de las poblaciones del país.
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Fue en su contexto de profundo compromiso político, que la organización es remecida por el asesinato de Patricio Sobarzo Núñez, secretario regional del CODEPU, a manos de la CNI en julio de 1984.
Por 43 años, el compromiso de las y los trabajadores del CODEPU ha sido fundamental para sostener un enfoque sobre los Derechos Humanos que no se acota solamente a la defensa legal, sino que apunta a la integralidad en la defensa de los DD.HH. Tal es el caso de reconocidas y reconocidos luchadores sociales, como Blanca Rengifo, Manuel Almeyda y Fabiola Letelier, por nombrar solo a algunos.
En contacto con RESUMEN, desde el CODEPU señalaron que a 43 años de su fundación «la existencia y continuidad de organismos defensores de derechos humanos debiera llamarnos la atención», reflejando la necesidad de su permanencia «pues las violaciones de derechos humanos, no solo individuales sino también los colectivos son un tarea pendiente en nuestro país».
Mariela Santana, abogada y Secretaria Ejecutiva de CODEPU, plantea que «la Revuelta Social de octubre del 2019, fue la expresión más clara de la vigencia por necesidad. Por esos días Chile fue azotado por la crisis más grave de derechos humanos desde los tiempos de dictadura: traumas oculares, heridos, lesionados, violencia sexual y política, detenciones y fallecidos nos hablan de una política de castigo».
Ante tal situación, Santana explica que «inmediatamente, presentamos acciones judiciales, recursos de protección con la finalidad de garantizar los más mínimos derechos, denunciamos a los responsables políticos y los altos mandos de la violencia desatada. Representamos a decenas de presos de la revuelta, e iniciamos judiciales para llevar a tribunales a los responsables de provocar traumas oculares, torturas y lesiones gravísimas, como es el caso de Mario Acuña».
La abogada del CODEPU acredita que «los avances de la justicia para determinar los responsables de tan graves violaciones a los derechos humanos son escasas y los procesos son muy lentos», prevaleciendo una profunda impunidad. En este contexto, el CODEPU ha cumplido in rol fundamental en una historia que no inició en octubre de 2019, sino que nació desde las profundas vulneraciones que se daban bajo la dictadura.
Así las cosas, Santana explica que «la historia de CODEPU está ligada a las luchas sociales por justicia para todas y todos», compromiso que se ha sostenido desde su fundación, siendo ese el legado «de la abogada Fabiola Letelier, la religiosa Blanca Rengifo, el médico Manuel Almeyda y la exparlamentaria María Maluenda, entre otras personalidades que conformaron nuestro primer Directorio Nacional», actuando como «un estímulo y una guía para continuar en la defensa y promoción de los derechos humanos».
Y es que hoy la labor de CODEPU sigue vigente. En este contexto, apuntan a continuar «exigiendo se mejoren las políticas de reparación para quienes sufrieron el terrorismo de Estado en dictadura, se cumpla con una ley de reparación para quienes sufrieron la represión durante la revuelta y se cumpla a plenitud con los esfuerzos por investigar, hacer justicia y conocer el destino de los detenidos desaparecidos».
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Fotografía principal: Archivo MMDH; Fondo: Paulo Slachevsky