Por Igor Goicovic Donoso

El 5 de octubre del año 2017 el ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, declaraba ante los medios de comunicación que el 5 de octubre de 1988 "con un lápiz y un papel se derrotó a Pinochet". Más adelante señaló: "decidimos derrotarlo en su cancha y en su campo", y remarcó que "hubo capacidad de conducción y hubo decisión para invitar a los chilenos a que perdieran el miedo, y lo perdieron".

Estas declaraciones, que se reiteran hoy día a propósito del plebiscito convocado para el próximo 25 de octubre, ponen de manifiesto varias verdades y subsumen otras. No se puede menos que reconocer que se jugó en la cancha del dictador y que se le derrotó electoralmente en la misma, pero cabe también señalar que el miedo a la represión dictatorial ya se había perdido hacía bastante tiempo.

Prueba de ello fueron las primeras manifestaciones de repudio a la dictadura articuladas en torno a las conmemoraciones del Primero de Mayo y del Once de Septiembre, a partir del año 1978, las huelgas de trabajadores de Panal y de Colbún Machicura, en 1980 y 1981, respectivamente, las marchas del hambre de 1982 y luego las masivas protestas populares del ciclo 1983-1987. La movilización electoral de octubre de 1988 no fue el punto de partida en el proceso de lucha por la democracia, fue más bien un punto de llegada.

Pero lo que tampoco señaló el ex Jefe de Estado en el año 2017, y que probablemente nadie recordará hoy día, es que el plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue también el punto de llegada de una estrategia de negociación política inaugurada con el denominado Acuerdo Nacional de 1985 y continuada con las negociaciones abiertas entre la dictadura y la oposición burguesa, al amparo de la visita a Chile del Papa Juan pablo II el año 1987.

Efectivamente, a partir de 1985, la Democracia Cristiana y los partidos socialdemócratas articulados en torno a la denominada Alianza Democrática y al Bloque Socialista, adscribieron al modelo económico neoliberal, aceptaron la institucionalidad dictatorial y se comprometieron con su itinerario institucional. De esta manera, el proyecto refundacional de la dictadura presentó dos alternativas el 5 de octubre de 1988: La alternativa desgastada y autoritaria que lideraba el viejo dictador y la opción remozada y "alegre" que agitaba la oposición burguesa.

El triunfo del «No» abrió camino a la profundización del modelo económico neoliberal, pero esta vez digitando un proceso de desmovilización de los sectores populares y activando una estrategia de cerco y aniquilamiento sobre las organizaciones revolucionarias.

Pero en torno a la coyuntura del 5 de octubre de 1988 no solo se expresó la burguesía y sus aliados. Desde las filas del movimiento popular, y en particular desde el campo de las organizaciones revolucionarias, se agitó el Manifiesto por la Soberanía Popular, documento que en su momento difundió el vocero del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el sacerdote Rafael Maroto.

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Este documento, evidentemente, no fue recogido por la prensa de la dictadura, pero también fue vetado por la prensa de oposición. Su circulación, en consecuencia, fue restringida y su impacto político muy escaso. No obstante, ese documento, constituye una fuente valiosa tanto para leer la situación política en Chile en 1988, como para observar el itinerario institucional que se encuentra en desarrollo.

Efectivamente, quienes suscribieron el Manifiesto por la Soberanía Popular señalaban en 1988: "Este nuevo Plebiscito -destinado a afianzar la institucionalidad impuesta por el golpe militar- solo busca continuar cautelando los intereses políticos y económicos del capital nacional y extranjero. Para esto necesitan de la incorporación de sectores opositores al interior del sistema de dominación, como también de la participación de sectores populares que acaten (inscribiéndose y participando en el show plebiscitario) su espuria legitimidad"[1].

Y así ocurrió, movilizados detrás de la campaña por el «No», miles de chilenos concurrieron a las urnas a manifestar su rechazo a la continuidad en el poder del dictador, pero esa masiva manifestación de repudio no modificó el sistema económico, ni abolió la Constitución de 1980, ni siquiera logró sacar de la Comandancia en Jefe del Ejército al dictador.

Por el contrario, a partir de marzo de 1990, las nuevas autoridades políticas, reivindicando el amplio apoyo electoral recibido primero por el «No» y luego por el candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin Azócar, se dedicaron a profundizar el modelo económico heredado de la dictadura, introdujeron reformas cosméticas al entramado constitucional del dictador y se confabularon con los representantes políticos de la dictadura a través de la llamada "política de los acuerdos".

Hoy nos dicen que ese proceso, de más de 30 años, fue el que trajo mayor estabilidad política y un sostenido crecimiento económico para Chile. Cabe preguntarse, ¿para quiénes? De acuerdo con un estudio del Banco Central del año 2017, el quintil más rico de la población (Quintil 5: 3.400.000 personas), concentra el 72% de la riqueza, pero si luego desagregamos este dato y lo llevamos al 1% más rico del total (170.000 personas), esta concentración llega al 33% de la riqueza. Este mismo 1% más rico de Chile recibe 2,6 veces más ingresos como proporción del ingreso total del país que el promedio que recibe el 1% más rico en países como EE.UU., Canadá, Alemania, Japón, España y Suecia^[2].

En el otro extremo de la pirámide social se encuentran aquellos chilenos que viven en condición de pobreza, los cuales alcanzan a 1.528.284 personas de acuerdo con la Encuesta CASEN del año 2017^[3]. Un número relativamente modesto, pero que no obstante debe ser relacionado con otros indicadores, como el de los ingresos de los trabajadores remunerados que el año 2019 alcanzó a los $ 574.000 en promedio, mientras que el ingreso mediano solo llegó a los $400.000. Es decir, el 50% de los trabajadores percibió ingresos iguales o inferiores a este último monto^[4].

Por otra parte, Chile aparece como uno de los países de la OCDE con una mayor prevalencia de trabajadores por cuenta propia y con contratos temporales, lo que sitúa a nuestro país como uno de los de mayor precariedad en el empleo. Si tuviéramos que analizar las cifras referidas a pensiones, educación, salud, vivienda, endeudamiento, seguridad, etc., de nuevo las inequidades, los arbitrios y los abusos serían la regla común. Chile es, probablemente, uno de los países más desiguales del mundo. Sin duda alguna, para muchos, la alegría nunca llegó.

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No es extraño, en consecuencia, que, tras décadas de injusticias, inequidades, abusos y atropellos, los trabajadores y el pueblo hayan iniciado un proceso sostenido de movilización. Todo partió con la denominada revolución pingüina del año 2006 y a ella se sumaron, en los años posteriores, las movilizaciones de los trabajadores subcontratistas del cobre, los trabajadores forestales, los trabajadores de las salmoneras, las comunidades mapuche, los movimientos regionalistas y ambientalistas, el movimiento No Más AFPs, el movimiento feminista y el movimiento estudiantil.

En todas y cada una de esas movilizaciones se cuestionaba con fuerza el modelo económico neoliberal y a la élite política que lo ha blindado a lo largo de todos estos años. El punto más alto de esas movilizaciones ha sido, sin lugar a dudas, el levantamiento popular de octubre de 2019. Una movilización masiva, amplia y diversa que puso de manifiesto el cansancio de la población con el actual modelo y que, a su vez, demandó cambios económicos, sociales y políticos en profundidad.

La clase dirigente, golpeada y sorprendida por la masividad y radicalidad de la movilización popular, reaccionó con el recurso que le resulta más cómodo: La represión. Como consecuencia del violento accionar represivo de las fuerzas policiales y militares, más de 30 personas perdieron la vida, cientos quedaron con daño ocular irreparable (como consecuencia de las heridas recibidas por perdigones o proyectiles lacrimógenos disparados por la policía antidisturbios), y cerca de 2.500 permanecen en prisión acusados de diferentes delitos contra el orden público[5].

Pero a partir del 15 de noviembre la estrategia represiva fue complementada con un nuevo acuerdo político. En esta oportunidad la clase dirigente, en representación del conjunto de la burguesía, suscribió el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que, al igual que en 1988, estructuró un itinerario de cara a la elaboración de una nueva Constitución Política. Quienes en más de 30 años no hicieron absolutamente nada por modificar el régimen económico y político en el que se fundó la inequidad y la injusticia, pretenden hacernos creer que la opción «Apruebo» que ellos lideran abrirá definitivamente un camino de cambios[6]. Concordante con ello se aprestan a ocupar los cargos de constituyentes ya sea que se apruebe la Convención Constituyente o la Convención Mixta. Es decir, se aprestan a reestructurar el sistema de dominación y nos convocan, una vez más, a que seamos partícipes de dicho proceso.

Cabe preguntarse, legítimamente, si es una opción el abstenerse de participar en un proceso que, a todas luces, se encamina a reconfigurar las relaciones de dominación en Chile. Mi respuesta es categórica, sí, es una opción. No obstante, hoy, a diferencia de lo ocurrido en el año 1988, no se observa la formación de un movimiento social y político que convoque y articule no solo la abstención sino, además, la movilización del campo popular y la formulación de una propuesta programática. El proceso constituyente no resolverá estos problemas, pero sí es una coyuntura que debemos aprovechar a objeto de afianzar la organización de base y avanzar hacia niveles superiores de coordinación y articulación del campo popular. En esta oportunidad el plebiscito constitucional y los debates en torno a la nueva Constitución no pueden convertirse en un punto de llegada, deben ser parte de un proceso ininterrumpido de organización y movilización popular que nos conduzca a las transformaciones económicas, sociales y políticas largamente postergadas.

Quilpué 5 de octubre de 2020.

[1] Manifiesto por la Soberanía Popular, 1988.

[2] Martínez, Felipe y Uribe, Francisca, Distribución de la riqueza no previsional de los hogares chilenos, Banco Central, Documentos de Trabajo, 806: Santiago de Chile, julio de 2017, p. 6 y López, Ramón et al, La parte del león: Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile, Serie de Documentos de Trabajo, 379, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile: Santiago de Chile, 2013, pp. 21-29.

[3] Ministerio de Desarrollo Social, Situación de pobreza. Síntesis de resultados. Casen, 2017, Ministerio de Desarrollo Social, Observatorio Social: Santiago de Chile, 2017, p. 7.

[4] Instituto Nacional de Estadísticas, "Ingreso mensual promedio", en: https://www.ine.cl/prensa/2019/09/16/ingreso-laboral-promedio-mensual-en-chile.

[5] Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Reporte de estadísticas. Disponible en: https://www.indh.cl/.

[6] Entre los partidarios del apruebo se encuentran destacados personeros de la derecha, entre otros, Pablo Longueira y Joaquín Lavín, de la UDI, y Mario Desbordes y Juan José Ossandón, de RN.

Anexos fotográficos cedidos por el autor de la columna: Manifiesto por la Soberanía Popular (1988)