Por Juan Contreras Jara / resumen.cl

Tras interponer el pasado sábado una querella criminal contra el alcaide del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol, Fernando Olivares, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia hacia comunidades mapuche de la provincia de Malleco mientras estas se disponían a realizar una visita masiva a dicha cárcel el pasado 29 de septiembre, el tribunal de la misma comuna declaró este lunes admisible la acción legal y comenzará en las próximas semanas una investigación en contra de Gendarmería.

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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también presentó una querella, por apremios ilegítimos -es decir torturas-, en contra de los gendarmes que resulten responsables de la violenta represión ejercida en contra de los presos políticos mapuche recluidos en dicho penal, sus familias y comunidades, todas provenientes de Malleco, en la Región de la Araucanía.

Las comunidades denunciaron que el alcaide de la cárcel de Angol, Fernando Olivares y el director provincial de Gendarmería, Leonardo Barrientos, desconocieron el acuerdo tomado con dos meses de anticipación con distintas autoridades mapuche, que permitiría la visita masiva a los presos políticos recluidos en el CDP de Angol.

Cabe recordar que al momento de llegar hasta el penal angolino, las personas pertenecientes a las comunidades mapuche de Malleco fueron notificadas por Gendarmería de que solo se permitiría el ingreso de doscientas personas, pese a que en un principio la autorización era para las cuatrocientas que se encontraban en el lugar. Posterior a ello, gendarmes atacaron con balines de goma y bombas lacrimógenas a los presos políticos mapuche y a sus familias, dentro y fuera del CDP de Angol.

Sobre la admisibilidad de la querella criminal presentada en contra del alcaide de la cárcel de Angol, el werken de la comunidad Rakilko, Rodrigo Curipan señaló "esto nos permite que se investiguen los hechos, a diferencia de un recurso de amparo o protección. Nos interesa de sobre manera que mediante esta investigación podamos obtener los videos del interior de la cárcel. Si no están es porque es día no estaban activas y sería contradictorio. Ellos intentan justificar lo ocurrido con nosotros por un tema de seguridad".

Con respecto a Fernando Olivares, alcaide del CDP angolino, Curipán comentó que si se prueba que la autoridad de Gendarmería utilizó su arma contra los presos políticos mapuche, podría significar un delito y debiese ser formalizado. El vocero aseguró además que la institución carcelaria debiese tomar medidas sancionatorias en contra de Olivares, por no saber controlar el actuar sumamente violento de sus funcionarios, que dejó como resultado personas heridas con balines en el rostro, brazos, piernas. A esto se suma lo ocurrido con una menor de cuatro años de edad, que habría quedado atrapada dentro del penal entre el humo de las bombas lacrimógenas.

Las comunidades de Malleco responsabilizaron al gobierno regional de los hechos de violencia ocurridos el pasado 29 de septiembre en Angol. "Nunca habíamos tenido un problema de seguridad con Gendarmería. Hemos llevado hasta seiscientas personas en las visitas masivas a la cárcel de Angol y hemos hecho actividades en perfecto orden, pero el director regional, cuando ya no podía seguir ocultando la información nos dijo que el intendente Luis Mayol y el gobernador de Malleco están pidiendo explícitamente que no se autorice el ingreso a más de doscientas personas a la cárcel, entones nos queda claro que hay un intervencionismo político y no un asunto de seguridad".

Los problemas entre gendarmería y los presos políticos mapuche y sus comunidades se han intensificado con la llegada del alcaide Fernando Olivares, quien asumió en abril pasado el cargo. Curipán acusa racismo en el actuar de ambos gendarmes hoy cuestionados por lo sucedido en septiembre pasado.