Resultaron, a lo menos sorprendentes, las declaraciones de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien anunció acciones en contra de las mujeres mapuche que concurrieron junto a sus hijos menores edad a ocupar una comisaria de Carabineros, pues la policía uniformada, previamente, había destruido, según lo que ellas denuncian, eran sus cosechas, con las que alimentarían sus familias durante el invierno.

Por Joaquín Pérez

Criminalizar este acto implica desconocer el trabajo de cuidado ejercido por mujeres y que es invisibilizado por la cultura patriarcal y una política que soslaya la desigualdad de género. Lo que se profundiza aún más en las comunidades indígenas. ¿Quería la defensora que dejaran a sus niños y niñas con las nanas?

Resulta al menos sorprendente las acciones de la autoridad, porque a esta misma Defensoría de la Niñez, no se le ha visto pronunciarse en lo más mínimo sobre la prolongación de los estados de excepción constitucional que militarizan las comunidades mapuche.

Durante el mandato de Gabriel Boric: ¿Ha constatado esta Defensoría el impacto de la presencia militar en territorio mapuche sobre la infancia mapuche?

Tampoco hemos escuchado nada a propósito de la violencia y discriminación que siguen viviendo los niños mapuche en el sistema educacional del Estado chileno, racista y colonial, o por las condiciones materiales mismas en las que se educan.

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Como tampoco hemos escuchado pronunciamientos públicos sobre la prisión política a la que han sido sometidos comuneros mapuche menores de edad.

Lamentablemente, el discurso de la Defensoría de la Niñez resulta muy similar el discurso del gobierno de facto de Dina Boluarte en Perú, un régimen denunciado internacionalmente por racismo y que presenta denuncias de genocidio en contra de sus pueblos indígenas.

Allá, las actuales autoridades del gobierno peruano han manifestado un discurso muy parecido en contra de las mujeres Aimaras y Quechuas principalmente, las que han sido muy activas en las manifestaciones populares estos meses en el Perú.

El Gobierno, que lleva decenas de campesinos indígenas asesinados, también ha acusado a las mujeres de poner en riesgo la vida de sus «guaguas» al concurrir a manifestaciones públicas en contra de Dina Boluarte y su administración de facto.

Ambas posiciones, en Santiago de Chile y en Lima, en Perú, son muestras de un colonialismo cultural, de una falta de respeto por los pueblos originarios, de no entender en lo más mínimo las condiciones en que sobreviven, pues se trata de pueblos que han sido sometidos por más de 5 siglos al exterminio y el genocidio.

Resultaría muy conveniente que nuestra defensora de la niñez parta por preocuparse de los niños chilenos, de ver en qué condiciones estudian, por qué son reprimidos con tanto salvajismo por el Estado cuando reclaman por su derecho a la educación, o por las condiciones indignas de sus establecimientos educacionales: eso ocurre a pasos de sus oficinas, en pleno centro de Santiago.

Sobre esa realidad no puede alegar distancias geográficas e históricas, que son las únicas que podrían dar a entender declaraciones y acciones tan desafortunadas.