[resumen.cl] Desde hace 10 años que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En el caso chileno, lejos de dar término a esta práctica, el Estado pareciera permitir su continuación, como herencia dictatorial por parte de agentes estatales.

Fue a finales del año 2010 que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el «Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas«.

Sin embargo, erróneo sería pensar que, desde aquel día, los Estados se cuestionaron la práctica de desaparición forzosa.

En Chile, la postdictadura aún tiene heridas a partir del régimen militar instalado durante la década de los setenta y ochenta.

El trauma social, herencia viva de la dictadura, se refleja y forma parte de la memoria histórica del país, donde el Estado promovió, entre otras cosas, la práctica recurrente de desaparición forzosa.

Fuente: www.archivonacional.gob.cl

En este sentido, existen prácticas aún recurrentes por parte de los propios agentes estatales.

Reflejo de aquello fue lo sucedo con José Huenante la madrugada del 3 de septiembre de 2005.

El menor de 16 años fue detenido por Carabineros de Chile en la población Mirasol de Puerto Montt. Tras ser subido a una radiopatrulla policial, nunca más fue visto.

José Huenante | Fuente: INDH

Lejos de ser casos puntuales, la desaparición pareciera ser una práctica recurrente de agentes del Estado para con la población. No solo en contextos de sistemática represión, como lo fue la dictadura cívico-militar, sino que de manera que ha trascendido y calado profundo en quienes dicen actuar por el bien del país.

El caso de Ramón Pacheco Giacomozzi, «El Gaviotita«, da cuenta de aquello. El joven de Talcahuano, desaparecido desde el año 2008, habría sido visto por última vez siendo subido a una patrulla de Carabineros en la comuna de Hualqui. Al igual que Huenante, Ramón no volvería a ser visto.

Fotografía: Ramón Pacheco Giacomozzi | https://www.canal9.cl/

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Pero, lamentablemente, no son los únicos.

José Antonio Vergara Espinoza fue detenido el 13 de septiembre de 2015 en la comuna de Alto Hospicio. El joven de 22 años fue subido a un vehículo policial luego que funcionarios de Carabineros asistieran a su hogar para ayudar a contener una crisis provocada por su esquizofrenia. Desde ese momento, no ha vuelto a ser visto.

José Antonio Vergara Espinoza | Fuente: Radio Paulina

Asimismo, la revuelta social iniciada en octubre de 2019, también ha sido escenario de antecedentes que darían cabida a una desaparición forzada.

Tal es el caso de Geraldo Monárez , quien padecía esquizofrenia y discapacidad intelectual y, según testigos, fue detenido por Carabineros de Chile el 28 de octubre en el sector de Cuatro Canchas, ubicado en la comuna de Hualpén.

Geraldo Isidoro Monárez Peña | Fuente: redes

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En estos casos, la justicia es lo que menos pareciera existir.

La impunidad de los agentes estatales se ha mantenido, tal como aquellos casos aún sin resolver como herencia dictatorial.

No es solo negligencia de funcionarios policiales, sino que una práctica recurrente de instituciones con una carga histórica a cuestas: corrompidas, deslegitimidas y descompuestas.

Huenante, Pacheco, Vergara y Monárez son solo algunos de los ejemplos que la postdictadura ha dado cuenta.

Mientras tanto, las familias aún esperan, presionan y exigen justicia. Que se esclarezcan las situaciones, que se conozcan los responsables involucrados y que se desarrollen los procesos judiciales y de investigación correspondientes.

Por su parte, las instituciones parecieran entramparse en sumarios internos y desvinculación de funcionarios policiales, lo cual es el piso mínimo de cualquier procedimiento que busque ser «justo». Pero no sigue su curso. Más bien, pareciera ser esta su sentencia.

Todo pasando ante la tranquila mirada de un Estado negligente; uno incapaz de responder ante la violación de los Derechos Humanos.