El 10 de enero pasado, Fiscalía Nacional abrió una investigación contra Boluarte y otros personeros del gobierno de facto impuesto desde el Congreso y las Fuerzas Armadas, por los delitos de homicidio calificado y genocidio, poniendo énfasis en las regiones del sur del Perú, como Ayacucho y Puno.

Por Juan Contreras Jara

Por los delitos de genocidio y homicidio calificado, durante esta jornada deberá comparecer ante la Fiscalía peruana, la cuestionada presidenta de facto, Dina Boluarte, debido a las masacres desencadenadas durante las protestas que exigen su salida inmediata.

Hasta la fecha, desde el 7 de diciembre de 2022 y tras el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Pedro Castillo, se han registrado más de sesenta muertes, de las que, según la Defensoría del Pueblo, casi cincuenta han sido por obra de la represión impuesta por Boluarte a través de militares y policías.

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En el proceso que pretende tener a Boluarte de forma presencial, declarando en la Fiscalía de la Nación, también están siendo investigados, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez, así como a Pedro Ángulo, expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior.

El hecho se da en medio de un nuevo levantamiento popular, traducido en una segunda movilización en Lima, donde nuevamente caravanas con manifestantes han llegado de distintos puntos a exigir la salida de Boluarte.

Además de la salida de la mandataria, el pueblo peruano demanda el cierre del Congreso, la liberación de Pedro Castillo, iniciar nuevas elecciones a la brevedad y avanzar en procesos judiciales, como el de la Fiscalía de la Nación, que imponga sanciones por las masacres perpetradas por agentes del Estado.

Cabe resaltar que el cuestionamiento hacia la impuesta presidenta, Dina Boluarte, también hizo eco en el resto de mandatarios y mandatarias de Latinoamérica. La brutalidad estatal contra los manifestantes y el desconocimiento de las "nuevas autoridades" peruanas fueron puntos centrales en la última cumbre de la CELAC, donde presidentas como la de Honduras, Xiomara Castro, expresó que, "condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo, Pedro Castillo, demandamos su inmediata liberación».