La derecha nuevamente se lanzó al acecho con el negocio de la pesca en Chile a través del mismo mecanismo: hacer un traje legislativo a la medida para el gran empresariado pesquero por medio de representantes de la derecha en el Congreso, entre ellos el diputado por el Biobío, Sergio Bobadilla, quienes traen de vuelta la trama de corrupción y falta de probidad que terminó con un gerente general de Corpesca y un senador (UDI) condenados durante la legislación de la corrupta  Ley de Pesca, normativa que personeros de la UDI pretenden revivir a toda costa.

Por JC Contreras

Por medio de 211 indicaciones copiadas de un informe técnico emanado desde el empresariado pesquero, específicamente de la gremial  Sonapesca, los diputados UDI Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) presentaron a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, instancia que ya comienza a dar cuenta de jugadas entre la derecha y la gran industria pesquera para perpetuar la corrupta ley de Pesca, aún vigente.

El medio de investigación Ciper fue el que reveló esta información, señalando que las indicaciones propuestas por los tres diputados de derecha son un copy paste del material entregado por la gremial Sonapesca, socializado en la comisión a inicios de mayo pasado. A estas se le suman 55 observaciones presentadas por la autoría de Bobadilla, Moreira y Berger, las que en total apuntan a suprimir sanciones ligadas al empresariado y establecer limitaciones a la pesca artesanal, rubro profundamente golpeado con el favorecimiento del Estado hacia la pesca industrial.

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Fue en 2013 que se aprobó la corrupta Ley de Pesca o Ley Longueira, entonces ministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera. Durante dicha tramitación, se pudo acreditar y condenar delitos de soborno y cohecho entre altos cargos de la industria pesquera y representantes de distintos partidos políticos en el Congreso, quienes ingresaron indicaciones y votaron en función de lo que se les ordenaba desde el gran empresariado pesquero.

Parte de las problemáticas que ha acarreado dicha normativa, dan cuenta de que métodos de pesca, como el arrastre y el cerco, no fueron prohibidos, privilegiando el negocio de la industria pesquera, ignorando los coletazos socioambientales que provocan estos métodos de captura no selectivos, además de precarizar la pesca artesanal, base de la economía de distintos sectores costeros de la población en Chile.