Por Camila Allende*; José Figueroa Soto**; Karen Retamal Ibacache***

Desde el 18 de octubre de 2019 se ha registrado un aumento explosivo en la violencia policial hacia diversas personas y movimientos sociales que han protestado en contra de un modelo económico-social implantado en dictadura, el cual ha incrementado las desigualdades y ha colocado el crecimiento económico por sobre el bienestar del pueblo. Violencia traducida en detenciones injustificadas, golpizas, violencia sexual, tortura e incluso homicidios; en definitiva, violaciones hacia los derechos humanos por parte del Estado de Chile.

Estos atropellos a los derechos fundamentales de las personas no han pasado desapercibidos por el pueblo chileno ni en la comunidad internacional, gracias a múltiples organizaciones que han llevado adelante una lucha constante exigiendo justicia por los crímenes sucedidos en la revuelta iniciada en octubre y la libertad a les, las y los presos políticos que hasta el día de hoy el Estado mantiene en prisión.

No obstante, existen casos de violencia policial hacia grupos específicos que aún no han sido tan visibilizados en la palestra pública, salvo algunas situaciones puntuales. Uno de estos grupos son las disidencias sexuales y de género, siendo reprimidas y violentadas no solo por sus agentes policiales, sino que por su legislación, complejizando aún más la violencia experimentada. Es por ello que es necesario observar nuestra historia contemporánea para comprender dicha complejidad.

En materia judicial, es necesario mencionar que la homosexualidad o sodomía, como se le denominó, se encontraba tipificada como delito en el Código Penal hasta 1999, prohibiendo explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo, cuestión que mantuvo en la clandestinidad las relaciones amorosas no heterosexuales. Del mismo modo, el Código tipificaba como delito las faltas a la moral y las buenas costumbres, normativa que junto a la anterior penalizaban a las personas pertenecientes a la población LGBTIQ+, principalmente a travestis. De manera similar, una tercera normativa que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo o expresión de géneros "no normativas" sería la Ley de Estados Antisociales, promulgada en 1954,

Todas estas normativas son un claro reflejo de la relación que históricamente ha tenido el Estado con los cuerpos disidentes, posicionándolos en la marginalidad de tres maneras complementarias entre sí: mediante la configuración como locos, anormales y delincuentes. Esto ha llevado a la población a buscar espacios de encuentro y resistencia ante las políticas de Estado, que mediante su aparato represivo han violentado y encarcelado a la disidencia.

En respuesta a esto es que en 1973, meses previos al golpe de Estado, un grupo de maricas, tortas y travestis deciden hacer frente a los abusos policiales, organizando la primera manifestación de la disidencia sexual registrada hasta el momento. La manifestación denominada como "la marcha de las locas" tuvo repercusión en la prensa local, más no en el poder político institucional. 

Posteriormente, en el periodo dictatorial se generan una serie de abusos en contra de la población LGBTIQ+. Abusos que incluyen desapariciones, torturas, modificación de la apariencia física, homicidios, violencia sexual, entre otros. Tal es el caso de  Mónica Briones, mujer lesbiana que es presuntamente asesinada por agentes del Estado el año 1984. Crimen de odio que motiva la conformación de la colectiva Ayuquelen, colectividad lesbofeminista que luchaba por los derechos de mujeres lesbianas y exigen justicia en contra estos crímenes de odio. No obstante, los abusos no cesan, continuando la represión policial a personas en específico o realizando redadas a lugares de encuentro.

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Lamentablemente, y como se ha podido observar, esta persecución trasciende a periodos históricos y la dictadura no fue la excepción, ya que estos continuaron incluso durante la década de los años noventa. Sin embargo, en este contexto nuevamente un grupo hizo frente a la situación, conformándose el Movimiento de Liberación Homosexual, grupo que exigía la despenalización de las relaciones de personas del mismo sexo, cuestión que fue conseguida a finales de esa década.

Todo esto demuestra la clara tensión que ha tenido el movimiento LGBTIQ+ con las políticas de Estado, perpetuándose una serie de abusos y marginaciones por parte de este último. Del mismo modo, es relevante destacar la presencia de una multiplicidad de movimientos disidentes que no han callado ante estas situaciones, exigiendo un trato digno. 

En la actualidad, las instituciones estatales continúan teniendo una clara deuda con las poblaciones disidentes, ya sea por situaciones anteriores a la revuelta de octubre o que se dieron enmarcadas en esta, como lo es el caso de Gendarmería de Chile, la cual fue considerada dentro de las más LGBTIQ+-fóbicas durante el año 2016 en el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual[1], siendo reiterados sus abusos en contra de la población penal disidente.

En el caso de la revuelta de octubre, se han visto una serie de situaciones en las cuales se han vulnerado los derechos de la población LGBTIQ+, registrándose alrededor de 62 casos de diversa índole, consagrados en el 2° reporte de violencia en contra de disidencias en Chile[2]. Por su parte, el Informe  de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)[3], emanado durante la visita a Chile en octubre y noviembre del 2019, señala que recibieron información sobre vulneración de derechos a personas LGBTIQ+, las cuales van desde insultos homofóbicos durante el proceso de su detención hasta violencia sexual por parte de agentes policiales. En este sentido, el informe concluye que tanto niñes, mujeres y población LGBTQ+ sufrieron formas específicas de violencia sexual durante este periodo.

Ante esto, se hace necesario plantear dos cosas. Por un lado, las organizaciones de la disidencia sexual han jugado un rol clave durante la Historia luchando por sus derechos, pero a su vez visibilizando sus problemáticas específicas que le aquejan hasta el día de hoy. Sin embargo, se hace necesario que las agrupaciones de la sociedad civil se sumen a estas luchas, con el fin de visibilizar aún más estas problemáticas que continúan estando fuera del debate público, salvo algunos elementos puntuales.

En segundo lugar, el Estado debe hacerse cargo de su Historia y, en consecuencia, de sus actos. Es por ello que debe hacer un acto de reconocimiento de la marginación y vulneración de derechos a los que ha sometido a las disidencias sexuales y de género, lo que claramente debe estar acompañado de políticas de reparación y garantías de no repetición que van más allá de la violencia policial y la revuelta social. Es decir, se deben tomar medidas concretas para sacar a las disidencias sexuales del lugar de marginación y vulneración estructural en el cual hoy se encuentran. 

Así, se torna fundamental avanzar en el término de la impunidad orquestada por los organismos del Estado en materia de vulneración sistemática contra las disidencias sexuales. Concretamente, el debate de las policías en Chile -desde el posicionamiento de su refundación- debe estar cruzado por el debate del quehacer de las instituciones en relación a la población LGBTQ+, quienes deben ser incluidas, con carácter vinculante, al debate público.

* Estudiante de Derecho. Investigadora del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP). Correo de contacto: [email protected]

** Profesor de Historia y Geografía. Investigador del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP). Correo de contacto: [email protected]

*** Psicóloga de la Universidad Mayor. Postítulo en psicoterapia evolutiva con niños y adolescentes desde la perspectiva constructivista Contacto: [email protected]

Referencias

[1] Informe disponible en http://www.movilh.cl/wp-content/uploads/2017/03/XV-Informe-de-DDHH-2016-MOVILH.pdf

[2] Disponible en https://otdchile.org/wp-content/uploads/2020/09/Reporte2_DisidenciasSexualesChile_Abril2020.pdf

[3] Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf