Nuevamente la venta de armamento y municiones tiene como protagonista a un funcionario del Ejército. Esta vez se trata del sargendo segundo Víctor Gabriel Roa Alburquenque, quien fue condenado por los delitos consumados de tráfico de municiones, tráfico de arma prohibida y tenencia ilegal de arma de fuego, luego de cinco años de investigación.

Por Juan Contreras Jara

A 12 años de presidio efectivo fue condenado el sargento segundo del Ejército Víctor Gabriel Roa Alburquenque, luego de que el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo hallara culpable de tráfico de armamento y municiones. Por otro lado, el cómplice del militar, identificado como Jonathan Joan Olave Ahumada, fue condenado a 13 años de presidio.

El fallo condenatorio relata que tras realizarle un control vehicular en el pasaje Quilimarí, en Lo Espejo, Región Metropolitana, «funcionarios de la Policía de Investigaciones encontraron en los asientos posteriores del vehículo, dos cajas de madera contenedoras de un total de 1000 cartuchos calibre punto 38, descubriendo al interior de la funda de guitarra un fusil semi automático marca INTERARMS, modelo AK 47, calibre 762 por 39 milímetros, además de 161 cartuchos del mismo calibre y un supresor de sonido compatible con el cañón del fusil».

Te puede interesar: Funcionario civil del Ejército habría participado en robo de armas al interior de sus dependencias

Los ilícitos fueron cometidos durante junio de 2018, periodo en el que se concretó el delito de tráfico de armas y municiones por parte del militar a Olave Ahumada, parte del crimen organizado condenado por tráfico de drogas.

Fue en la región Metropolitana, específicamente en las comunas de Maipú, Lo Espejo y San Miguel, donde se habrían producido los hechos. En esta última comuna los condenados mantenían un inmueble destinado al tráfico de armamento.

Según dicta el fallo, el domicilio utilizado por el funcionario del Ejército se encontró «un arma de fuego del tipo pistola semi automática, marca Famae, calibre 6,35, serie N° 18601, con su respectivo cargador y seis cartuchos del mismo calibre, no apta para el disparo, 2044 cartuchos calibre .22 Long Rifle, 107 cartuchos calibre .308 WIN, 61 vainillas calibre .50, y una pistola semi automática, marca Smith & Wesson, modelo M&P 9 SHIELD, calibre 9 por 19 milímetros, serie NºHSU0404 con su respectivo cargador y 7 cartuchos 9 por 19 milímetros, que Roa Alburquenque poseía sin contar con la autorización legal correspondiente».

Te puede interesar: Subametralladoras, fusiles y granadas: Revelan tráfico de armamento desde Carabineros y Ejército al crimen organizado

El sargento segundo, Víctor Gabriel Roa Alburquenque, proveía de diverso tipo de armamento al condenado por tráfico de drogas, Jonathan Joan Olave Ahumada, encontrándose en el domicilio de este último «armas, cargadores, proyectiles, cartuchos, vainillas, supresor de sonido (silenciador), cajas de granadas y droga incautadas para su ulterior destrucción».

Pero el tráfico de armas y municiones desde el Ejército al crimen organizado no es nuevo. Entre 2012 y 2022 se registraron 38 casos de robo de armamento y municiones desde Carabineros, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contabilizando a 54 funcionarios implicados en el tráfico de los artefactos.

Al igual que con el caso del militar Víctor Gabriel Roa Alburquen, los testimonios de los funcionarios procesados durante la década antes mencionada en la Corte Marcial de Santiago,  enviaron el armamento y municiones al crimen organizado, específicamente al narcotráfico.