Aprovechando la conmoción pública que produjeron los recientes asesinatos a funcionarios de Carabineros en procedimientos policiales, un proyecto de ley pretende que se presuma automáticamente que los policías son inocentes cuando disparan sus armas, siempre que utilicen las de servicio y busca también eximirlos de responsabilidad civil para daños a personas que no estuvieran relacionadas con un procedimiento.

Por Alejandro Baeza

«Doctrina del shock» es un concepto acuñado por la periodista canadiense Naomi Klein que propone que las políticas económicas neoliberales han sido impuestas a través de impactos en la psicología social en contextos desastres o conmoción pública, provocando que se puedan hacer reformas impopulares o contra la población.

Ejemplo de ello fue la guerra de las Malvinas en Argentina o el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, contextos de «shock» social que fueron aprovechados para forzar la aprobación de una serie de reformas que en otro momento hubiese sido muy difícil o derechamente imposible.

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Eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento con la «Ley gatillo fácil» o "Ley Naín-Retamal", bautizada así por los apellidos de dos funcionarios policiales víctimas fatales de la delincuencia, producto de la fusión de dos iniciativas legislativas en la Comisión de Seguridad en la cámara baja.

Esta reforma agrava las penas para delitos establecidos en el Código de Justicia Militar, aplicado a personas civiles y sin estar en guerra, estableciendo diferencias y desigualdades ante la ley. Para el homicidio a un carabinero, establece la pena de presidio perpetuo calificado y aumenta las penas para cuando un funcionario asegure que fue agredido de alguna forma.

No obstante, lo más grave es que establece automáticamente la presunción de legítima defensa de los funcionarios de las policías cuando utilicen sus armas.

Es necesario que se establezca la racionalidad en el debate para hacerle frente al grave problema de la delincuencia, que está golpeando, principalmente, a la gente más afectada por el sistema político, social y económico en el país.

Este oportunismo político sólo demuestra que se está utilizando la conmoción pública para imponer agendas ideológicas y que la preocupación por el bienestar de la población no son más que discursos mediáticos que no buscan erradicar los graves problemas que sufre el país.