Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, señaló respecto a la discusión en el Congreso de la denominada «Ley Nain-Retamal» que: «Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley. independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho".

Por Alejandro Baeza

La mañana de este martes, Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel correspondiente al año 2022. Si bien está centrado en hechos ocurridos en países como Ucrania, Irán, y Estados Unidos, también presenta un apartado especial para nuestro país, en particular a la falta de justicia por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos de funcionarios policiales contra manifestantes y el abandono por parte del Ejecutivo a realizar una reforma a la policía uniformada.

En este sentido, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, comentó que "Es impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros (...) Desde Amnistía Internacional incluso hemos estado dispuestos a colaborar en esta materia y hemos concurrido a la unidad consultiva de reforma a las policías que fue anunciada en agosto del año pasado, pero la verdad es que en este ámbito, en este primer año, no ha habido avances. Por eso preguntamos hoy día al Gobierno si realmente tiene la voluntad de hacer una reforma a las policías, o si definitivamente esta reforma quedará de lado".

Además, fue enfático en indicar que "es desconcertante que el Gobierno aún mantenga como general director de Carabineros a Ricardo Yáñez".

Te puede interesar: Declaran culpable a carabinera por golpear y desnudar a dos manifestantes detenidas durante el Estallido en Quilpué

"No es un asunto personal en contra de él, sino que tiene que ver con que en primer lugar está siendo investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, y en segundo, con que prácticamente no ha colaborado con estas investigaciones, no compareciendo en cinco oportunidades", señaló.

Asimismo, desde la ONG internacional abordaron el actual debate de proyectos que se discuten en el Congreso como la «Ley Nain-Retamal» o también llamada «Ley Gatillo Fácil», indicando que este tipo de iniciativas carecen de sentido.

"En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya han habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país", comentó Bustos.

En este sentido, además señaló que tampoco es necesario establecer una legitima defensa privilegiada, porque "eso ya se legisló y está en el Código de Justicia Militar desde el año 2005. Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho".

"Lo que necesitan las policías para hacer mejor su trabajo son mejores normas que regulen el uso de la fuerza, contar con mejor equipamiento, una mejor formación (...) El fondo del problema tiene que abordarse con políticas integrales que probablemente no van a tener un impacto de una semana a otra, pero que sí a la larga van a implicar que todas las personas tengamos mayor seguridad, y que las policías puedan realizar sus funciones con respeto a los derechos humanos y con mayor eficiencia", concluyó.

En otros aspectos, se refirió al primer año del presidente Boric, comentando que «reconocemos los avances, pero, al mismo tiempo, queremos señalar que existen deudas importantes que no se han cumplido, compromisos en los que el Gobierno está al debe". "Apremia pasar de las intenciones manifestadas en su Programa de Gobierno, a la acción en materia de derechos humanos", añadió.

Desde Amnistía Internacional valoraron iniciativas como el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, la agenda de verdad, justicia y reparación para víctimas de la represión durante el Estallido Social y la firma del Acuerdo de Escazú.