La presión popular logró finalmente que tanto el Congreso como el gobierno tuvieran que acceder a la solicitud ciudadana de utilizar el 10% de sus ahorros previsionales para obtener ayuda material directa y efectiva en función de paliar en algo los efectos calamitosos de la crisis sanitaria y humanitaria que afecta al país. Este logro social se genera en un contexto de abandono y desprotección que provocaron las medidas adoptadas por el gobierno ante la pandemia del coronavirus y ante la carencia de apoyos efectivos por parte del Estado hacia la población. Sin embargo, la vocación autoritaria y el dogmatismo ideológico de los gobernantes y sus aliados, por una parte, y la falta de sensibilidad social y de capacidad política del gobierno, por otra, convirtió la tramitación de este simple asunto en un problema de Estado, en una cuestión sistémica, obteniendo como resultado una estrepitosa derrota para el presidente Piñera y su alianza política.

A ello se suma el rechazo del Congreso al veto presidencial con que el mandatario pretendía bloquear la ley que impide a las empresas de servicios básicos el corte de los suministros por no pago de las cuentas de consumo mensual durante los meses de pandemia, propinando así otra derrota a Piñera que pasó casi inadvertida por el fervor del 10%. Todo esto encendió las alarmas de la derecha más recalcitrante y del gran empresariado explotador, dueños del modelo.

El efecto inmediato de esa derrota gobernante se tradujo en el levantamiento de las medidas de prevención sanitaria en varias comunas del país, principalmente de la capital, dando un inesperado aceleramiento a la política de "paso a paso", como han llamado a los nuevos intentos por forzar la vuelta a una normalidad productiva y mercantil. Este paso a paso no es más que una reiteración de la "nueva normalidad" o del "retorno seguro", impulsados por Piñera y Mañalich hace ya unos meses atrás, cuando todavía no se sentían los efectos más dañinos de la pandemia.

Ahora, cuando aún no se logran los niveles de recuperación de los parámetros de salud, cuando no se alcanzan los índices de control sobre la epidemia que recomiendan y señalan los científicos y epidemiólogos, ni se logra restablecer cierta normalidad de las capacidades hospitalarias del sistema público de salud (ya de por sí estrechas), cuando aún no se logra controlar la expansión del virus por los barrios de vivienda y lugares de ocupación de la masa trabajadora del país, cuando estamos conociendo diariamente de las dificultades que están atravesando en Europa y Asia -como referencias obligadas- con los rebrotes y segunda ola de contagios, este gobierno chileno se apresura a dictaminar el término de cuarentenas y confinamientos. Además, la implementación práctica de la estrategia "paso a paso", al menos en lo conocido hasta ahora, se parece demasiado a la fallida estrategia de las "cuarentenas dinámicas" de Mañalich, que se tradujeron en "cuarentenas diabólicas", sólo que al revés, propiciando "desconfinamientos dinámicos" que también están destinados a convertirse en un estrepitoso fracaso.

Como siempre ocurre, quienes asumen los riesgos reales, los más perjudicados y afectados con estos experimentos gobernantes, resultaran ser los sectores populares de los centros urbanos, la mayoría de la población del país real. El desconfinamiento de la reducida zona de residencia de "la burbuja" transcurrirá sin mayores trastornos pues el gobierno y las autoridades locales ya están adoptando las medidas necesarias para que en ese sector no se produzcan situaciones de riesgo.

El manejo gobernante de esta crisis sanitaria sigue siendo un desastre; el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, no ha pasado de ser un señor con buenos modales que ha introducido algunas modificaciones prácticas y reconocido algunas insuficiencias, pero no ha cambiado esencialmente de métodos ni logrado imponer un cambio de estrategia sanitaria. El ocultamiento de cifras reales, la negación de datos técnicos a la comunidad médica y científica, la reiteración de errores estratégicos, evidencian que no ha existido intención sanitaria ni social en la adopción de las medidas por parte del gobierno y los responsables institucionales de salud. Decretaron e impusieron la idea de "leve mejoría" para impulsar el "paso a paso", pese a que la cruda realidad desmiente las torcidas cifras oficiales. El error basal y recurrente en este asunto es que las decisiones fundamentales en la política de salud las ha adoptado y las sigue adoptando el señor Piñera, por tanto, esas decisiones han estado supeditadas al interés y afanes del mandatario de priorizar por el mercado, por la mantención de la actividad económica, por la defensa y protección del modelo económico y la conservación de este modelo de dominación política, que tan buenos réditos le ha brindado al mundo del gran empresariado. Con los matices propios de la egolatría y vanidad del mandatario, este ha sido el telón de fondo de las acciones gubernamentales, imbuidas de un espíritu revanchista y represivo hacia la población sublevada desde octubre pasado.

El apuro gobernante huele a represalia por la derrota sufrida en el asunto del 10%. La molestia del señor Piñera se hizo sentir dilatando lo más que pudo (aunque fuese en horas y minutos) de modo innecesario la firma de promulgación de la ley respectiva y realizando este acto en total privacidad, sin la parafernalia habitual que suele ocupar el gobernante para anunciar cualquier cosa. Al día siguiente, los sectores derechistas más iracundos por la derrota política que para ellos representa el que se haya roto la intocabilidad de las AFP y del modelo abusivo que representan, realizaron una manifestación por plena Alameda en Santiago promoviendo la opción del "Rechazo" en el venidero plebiscito de octubre. Esta llamativa y curiosa manifestación "no autorizada" contó con la protección cómplice y reguardo de carabineros, siempre serviles a los poderosos, pese a que los manifestantes transgredieran las normas que impone la situación sanitaria. Una vez más, Carabineros tiene un comportamiento despreciable. Es decir, para la derecha gobernante, la cuestión de las AFP era una cuestión de Estado, como lo es cualquier reivindicación social ciudadana pues choca, inevitablemente, con los pilares de sustentación de este sistema dictatorial.

Los poderosos dueños de este país sintieron que la aprobación del 10% ponía en riesgo la continuidad de su modelo de poder absoluto y de inmediato adoptan acciones para salir a proteger sus intereses y salvaguardar sus privilegios. Por un lado, ordenan a su gobierno que inicie de inmediato la reactivación de la actividad económica, el "paso a paso" ya parece trote, y, por otro, ordenan a sus huestes salir a las calles a promover el "rechazo" para tratar de evitar los cambios.

Esto nos sitúa en una realidad inmediata que la ciudadanía debe enfrentar sin tardanza pero sin prisa. En lo venidero no cambiará ni la política ni la actitud del gobierno, tanto respecto de la pandemia como respecto de la desigualdad estructural del país. Tendremos que vivir con eso. Es decir, en tanto no exista ni tengamos acceso a vacuna, la protección en relación al coronavirus recaerá en la actitud preventiva y el autocuidado de la propia ciudadanía, aplicando todo lo aprendido y lo observado en estos más de cuatro meses; ante la presión gubernamental y mediática la población se ve forzada a volver a las actividades laborales y para ello tiene que aprender a vivir con el coronavirus en un entorno incierto; aprender a precaverse y prevenirse respecto de ese entorno incierto para no contagiarse y sufrir con ello consecuencias lastimosas. Pero, esta misma población tiene que retomar, sin remilgos, las exigencias sociales surgidas y consolidadas desde el estallido de octubre con miras a lograr los cambios estructurales y definitivos que el país demanda. En ese sentido, la cuestión del plebiscito de octubre y la victoria del "Apruebo" debiese ser un objetivo inmediato del accionar ciudadano, de lo que se desprende que la población debe aprender a luchar con el coronavirus en el entorno incierto. Las movilizaciones a metro y medio de distancia y al aire libre, las mascarillas, protectores faciales, guantes y otros elementos de protección son ya parte de la realidad cotidiana de la población chilena, pero no todos tienen la posibilidad de disponer de estos medios preventivos, lo que conlleva una necesidad colectiva a solucionar.

Los sectores más derechistas y conservadores de la coalición gobernante ya mostraron los dientes, por tanto, la población se ve obligada a seguir desconfiando de cualquier disposición gubernamental puesto que el gobierno estará ocupado y preocupado de profundizar las condiciones para proteger y defender su sistema y de causar la mayor cantidad de daño posible a los sectores populares que pretendan movilizarse. Allí no habrá protección policial como lo hacen con los manifestantes de la derecha facha, por el contrario, el gobierno mandará a sus carabineros y sus fuerzas policiales y armadas a reprimir sin miramientos.

Lo cierto es que las discusiones y exposiciones que se dieron durante las últimas semanas en torno a la cuestión del 10% de las AFP, confirmó lo abusivo y despreciable de este sistema previsional instalado por la dictadura para que los poderosos se apoderaran de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. A pesar, incluso, de la infaltable letra chica de las leyes y de ciertos arreglines parlamentarios destinados a compensar al siempre insaciable empresariado, este debate no hizo sino resaltar las otras áreas donde el actual sistema de dominación hace pesar su característica explotadora y abusadora. La salud pública, por ejemplo, cuya desastrosa condición fue demostrada dramáticamente por la actual pandemia del coronavirus; la educación, la vivienda, el trabajo, el acceso a los servicios básicos, el transporte. Sumado todo ello a la desigualdad y segregación que se producen en la distribución de la riqueza, la conformación de la infraestructura, la distribución de los servicios, la construcción de ciudad, la destrucción del ambiente y de los ecosistemas, el exagerado centralismo, la atrofia de las instituciones administrativas. En síntesis, las inequidades acumuladas como país y sufridas como pueblo por decenios de atropellos, sostenidos en una constitución y un modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar.

Eso, ni más ni menos, es lo que puede comenzar a ser desechado a partir del plebiscito del 25 de octubre venidero. El gobierno y la derecha ya comenzaron sus campañas para tratar de bloquear o impedir este proceso de cambios, incluso rompiendo los protocolos de prevención sanitaria, lanzándose a la ofensiva contra el pueblo. Así también, la ciudadanía se ve forzada a instalar en la realidad de hoy las reivindicaciones de fondo de la lucha social, no existe el "después de", o el "una vez que pase la pandemia", es un aquí y ahora que es necesario defenderse de la acometida patronal. Terminar con la constitución dictatorial y abrir el camino hacia una nueva constitución es el decisivo paso que debiera producirse en el plebiscito de octubre. Este debiera ser el primer paso hacia las transformaciones de fondo que se han estado exigiendo por años de lucha de diversos sectores sociales que, colmados de hartazgo, coincidieron en las calles desde el 18 de octubre en adelante.

La derecha gobernante convirtió desde un comienzo la pandemia y la crisis sanitaria en una oportunidad política de aplastar al pueblo y oprimir la rebelión sintetizada por el Estallido Social, ese objetivo revanchista y opresor ha dominado el quehacer del gobierno. Así lo ratifican, además, los desmedidos esfuerzos que han efectuado para renovar y ampliar los equipamientos y dotación de recursos para las fuerzas policiales y represivas en lo que se han gastado millones de dólares del Estado en plena situación de crisis sanitaria y humanitaria; en el mismo sentido se orientan los planes de adiestramiento de las Fuerzas Armadas para que cumplan labores represivo-policiales sobre la población, y los planes de renovación de equipos de la flota de la Fuerza Aérea, por mencionar sólo las cuestiones que se han filtrado hacia la sociedad. Estos desquiciados esfuerzos gubernamentales están destinados a su permanente guerra contra el pueblo, contra la ciudadanía sublevada, contra la población que no se doblega ante el atropello del poderoso; no sólo muestran los dientes, sino que se han estado afilando las garras, para eso no han escatimado en gastos y han dispuesto a destajo de los recursos del fisco.

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