El calvario de mueblista baleado por militares durante el Estallido en La Serena: Vivir con colostomía y esperar justicia hace casi 4 años

Rolando Robledo, mueblista de oficio, transitaba por las cercanías del Mall Plaza de La Serena, la tarde del 20 de octubre de 2019, cuando, en compañía de un amigo, se percataron de que los militares que llegaban a contener las protestas del Estallido tomaban posición de tiro. Pasaron unos minutos y una bala perforó su colon y dañó sus intestinos de por vida. Hoy, tras casi 4 años, aún aguarda por justicia, en un juicio que tiene como formalizados por lesiones graves gravísimas al capitán y jefe de escuadra, José Faúndes y al cabo Milovan Rojas, el primero por dar la orden y el segundo por dispararle.

Por Juan Contreras Jara 

La familia y abogado de Rolando Robledo, de 46 años de edad, definen lo que vive tras ser baleado por un militar durante el Estallido como un calvario. Dos meses en la UCI del hospital San Juan de Dios de La Serena, cuatro años de discapacidad y depresión, son parte de los resultados de la brutal agresión del funcionario del Ejército, Milovan Rojas.

«Nuestra vida cambió al 100%», expresa Estefaní Cortés, esposa de Rolando Robledo, con quien vive en la localidad rural de Altovalsol, en cercanías del centro de La Serena. Lo anterior, debido a la colostomía con la que debe convivir el trabajador, además de las escaras de sus pies, generadas por los meses postrado por el disparo, situaciones que, sumadas a su precaria economía, han mermado profundamente la salud mental del mueblista.

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Rolando Robledo tenía 42 años y venía de su trabajo cuando se topó con una protesta en las inmediaciones del Mall Plaza de La Serena, ese día, él no sería el único baleado por militares.

El mueblista de oficio fue el primero de tres heridos a bala por agentes del Ejército, uno de los otros dos fue el joven ecuatoriano, Romario Veloz, de 23 años de edad, quien fue asesinado por los disparos, presuntamente ordenados por el capitán José Faúndez.

Después de un año de cometida la brutal agresión y gracias a la movilización social, fue formalizado José Faúndez, jefe de escuadra aquel 20 de octubre de 2019, como autor mediato, es decir, quien dio la orden de disparar. Posterior a ello, en febrero de 2022, en una audiencia de reformalización contra Faúndez, se incluyó al agresor directo de Rolando, el militar Milovan Rojas, imputado por lesiones graves gravísimas, actualmente en prisión preventiva en un regimiento.

Sobrevivir a una agresión militar y padecer de por vida sus repercusiones

Casi cuatro años han transcurrido desde que el militar Milovan Rojas le disparara con armamento de guerra al mueblista de por entonces 42 años de edad. Su esposa, Estefani Cortés, comentó a RESUMEN el calvario que han vivido como familia tras el hecho y sus principales repercusiones.

«Él quedó en estado grave gravísimo, incluso, estuvieron a punto de desconectarlo. El Rolando que yo tengo ahora, no es el Rolando de antes, ahora, él tiene un 100% de discapacidad. La bala fue tan letal en sus intestinos, que él quedó con colostomía, hace sus necesidades en una bolsita. Le tienen que hacer una reconstrucción de colon, pero debemos esperar un examen de colostomía para que el cirujano tome la decisión de pasarlo a pabellón», explica Cortés.

Precaución, imágenes sensibles:

Por el examen antes mencionado, Rolando y su familia aguardan hace casi 4 años. Durante ese periodo, se han visto enormemente sobrepasados por la carencia de recursos, la que han podido afrontar con el arduo trabajo, remunerado y no, de Cortés y con la solidaridad de sus redes de apoyo. 

En este punto, la esposa de Rolando Robledo explica que, «él no puede trabajar en nada. Con el apoyo de mis padres y un documental que se hizo, se han generado redes de apoyo, porque estuvimos solos durante mucho tiempo. Yo he estado trabajando con contrato, pero me he tenido que salir, porque Rolando ha estado últimamente con intentos de suicidio, por lo que requiere de cuidados las 24 horas». 

Además de las serias lesiones en sus intestinos, debido a los meses que pasó postrado en la UCI, Robledo padece de escaras en sus pies, uno de ellos aún abierto, por lo que puede estar de pie por lapsus cortos de tiempo y siempre apoyado de sus bastones. 

Cabe destacar que, al mes, Rolando debe utilizar al menos 60 bolsas de colostomía, pero desde el hospital solo le entregan 6, por lo que su familia debe tener, mes a mes, alrededor de 270 mil pesos para costear este insumo. 

Todo lo anterior ha mermado complejamente la salud mental de Rolando, quien ha tenido que ser asistido psicológica y psiquiátricamente, no solo por las lesiones que de por vida tendrá que padecer, sino que por lo complejo de llevar su condición con la economía de un trabajador promedio.

Para afrontar sus gastos médicos y su vida en general, luego de ser agredido por un militar, el Estado le otorga una pensión de gracia de entre $140.000 y 180 mil pesos, monto que, desde su familia aseguran, no alcanza para nada.

El proceso judicial

El disparo sufrido por el trabajador Rolando Robledo fue ejecutado el 20 de octubre de 2019 y según explicó a RESUMEN su abogado y parte del equipo jurídico de la Corporación 20 de octubre, Marcelo Gálvez, recién, después de un año, fue formalizado el capitán a cargo de la escuadra, José Faúndez. Por otra parte, quien disparó, Milovan Rojas, fue imputado recién en enero de 2022, explicó el defensor.

Sobre el proceso judicial y la querella por lesiones graves gravísimas contra ambos militares, el abogado Marcelo Gálvez comenta que actualmente se encuentra paralizado, debido a un requerimiento interpuesto por la defensa de los querellados en el Tribunal Constitucional. Lo anterior, con la finalidad de incorporar un informe pericial que, durante la audiencia de preparación de juicio oral, fue desechado «desde el punto de vista de la idoneidad de quien lo emitió».

Sobre el desfase en las formalizaciones y los plazos en la investigación, Gálvez explica que, «tiene que ver con la falta de información que proveyeron los funcionarios del Ejército, por lo que también hay una causa por obstrucción a la investigación, paralela a la que se sigue contra las personas que dispararon y contra el capitán Faúndez, como autor mediato».

Dicha causa se sigue en contra de otros tres militares, quienes, según el abogado, entregaron información incorrecta. «Incluso, a uno de ellos, por causas ajenas a todo esto, se le cursó un sumario administrativo, por haber escondido munición percutada y no percutada», explicó Marcelo Gálvez. Este militar, al igual que Milovan Rojas, pertenecían a la Unidad Fundamental de Emergencia (UFE) que llegó a reprimir la protesta donde resultó baleado Rolando, ambos como funcionarios del regimiento N°21 Coquimbo.

En cuanto a la maniobra en el Tribunal Constitucional y el freno, desde octubre de 2022, que ha significado dicha acción para el juicio contra los militares, el abogado de la familia Robledo Cortés la catalogó como una medida «dilatoria».

«Acudir al TC es una cuestión muy particular, en el sentido que es una magistratura excepcional, uno no va corrientemente al Tribunal Constitucional. Nuestra postura es que esto es que se ha hecho con fines dilatorios, lo que se ha intentado hacer desde un principio. Esto fue el 2019, estamos ya a 2023 y esta clase de maniobras jurídicas les ha servido para retrasar la celebración del juicio oral, que es siempre el objetivo de una investigación criminal. Se está vulnerando la garantía de las víctimas de acceder a justicia de manera expedita, enfatizó Marcelo Gálvez.

La familia y sus exigencias de justicia

Estefani Cortés es clara al exigir justicia, pero una que considere la privación de libertad de los militares imputados por la brutal agresión contra su esposo, enfatiza. 

Han sido casi 4 años de incertidumbre, afirma, situación que día a día fractura aún más la delicada salud mental de Rolando y en general, de toda su familia. 

«El sol no se puede tapar con un dedo, desde el Ejército deben ser transparentes y deben pagar los responsables, pero no con un arresto domiciliario, deben pagar con cárcel, tanto Faúndez como Rojas, por lo que le hicieron a Rolando», agregó  Cortés.

Además, desde la familia de Robledo hicieron un llamado al Gobierno a «aumentar las pensiones de gracia» para las y los civiles agredidos por agentes del Estado durante el Estallido. «En el caso de Rolando, él no puede trabajar y una sola caja de bolsas de colostomía me puede costar entre los 70 y 80 mil pesos a la semana».

 Por lo pronto, Rolando y su familia seguirán a la espera, por una parte, del examen que le permita ser operado, y por otra, del juicio que, según Cortés, podría entregar un pequeño grado de calma.

«Quiero justicia, pero justicia de verdad. Justicia y reparación por todos los caídos de la Revuelta», concluyó.

 

 

 

 

 

 

 

 

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