Realizar escrutinio de la actuación y uso de recursos públicos por parte de autoridades y funcionarios públicos es una actividad de riesgo, sobre todo para medios de comunicación locales que cuentan con pocos recursos para enfrentar el acoso judicial que utilizan quienes buscan que su actuar no sea conocido por la opinión pública.

En sus 16 años de trayectoria el medio digital Resumen ha sufrido distintas formas de hostigamiento por el desarrollo de sus actividad de periodismo crítico, como agresiones a sus reporteros, ataques digitales y a su sede. En 2022 comenzaron a ser objeto de acciones judiciales, un total de 3 querellas por el delito de injurias, por parte de funcionarios públicos aludidos en sus reportajes sobre la administración de fondos públicos quienes consideraban que estos reportajes afectaban a su honra. Ninguno de los querellantes se contactó con Resumen para ejercer el derecho de aclaración previsto en la Ley de prensa para que los aludidos en los medios den su versión de los hechos, optaron por la vía penal.

A pesar de los esfuerzos para defender el legitimo ejercicio de la libertad de prensa frente a estas acusaciones, que incluyeron recursos ante la Corte de Apelaciones de Concepción y el Tribunal Constitucional, el Juzgado de Garantía de Concepción dictó sentencia condenatoria en una de las querellas por el delito de injurias contra un editor de Resumen.

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Para el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) esta condena, así como la falta de protección judicial frente al acoso judicial contra Resumen, resulta contraria a los estándares de libertad de expresión de la Convención Americana de Derechos Humanos, incumpliendo lo dispuesto en la Sentencia de 22 de noviembre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baraona Bray, en la que se obligaba a Chile a no aplicar en derecho penal en controversias sobre asuntos públicos que involucraran a funcionarios públicos, así como a modificar el Código Penal en lo referente a la regulación de los delitos de injurias y calumnias. Por ese motivo, a decidido presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para Javier García, Presidente de ODC, "Chile mantiene una regulación anacrónica de las injurias que data del año 1874 que permite que personajes públicos utilicen el acoso judicial para silenciar a voces críticas y medios de comunicación. Resulta alarmante que los tres tribunales que han intervenido en este caso, incluido el Tribunal Constitucional, se hayan alejado de los estándares

internacionales en materia de libertad de expresión que tan claramente quedaron expresados en la Sentencia del caso Baraona Bray contra Chile. Ante esta situación resulta urgente la modificación del Código Penal y la aprobación de una norma AntiSLAPP que proteja a la prensa del acoso judicial".

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Cristina Zahar, coordinadora del Comité para la Protección de los Periodistas para América Latina, organización que documenta este tipo de casos, apoyando y haciendo incidenciaa, destaca que "el acoso judicial en contra de periodistas, los llamados SLAPPs (Strategic Lawsuits against Public Participation), afecta el bienestar de las personas periodistas ya que consume tiempo y recursos, pudiendo llevar a su silenciamiento o que deje de ejercer la profesión. Infelizmente el acoso judicial es un fenómeno global, donde el caso de la filipina Maria Ressa, ganadora del Nobel de la Paz en 2021 y fundadora del portal noticioso Rappler, es uno de los más emblemáticos. En América Latina, hay países como Chile y Brasil que aún criminalizan la injuria, la calumnia y la difamación y donde la ley es utilizada para coartar la libertad de prensa y callar a las personas periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas sigue con preocupación los casos de acoso judicial en la región, documentando los casos, para que esa violencia en contra de los periodistas cese".