[resumen.cl] El Observatorio por el Derecho a la Comunicación, el Colegio de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa son las organizaciones ligadas a la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión que han dado su apoyo al Director de Resumen, Felipe Soto Cortés, tras recibir una condena en el marco del ejercicio periodístico.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró una «amenaza para la democracia» en Chile la reciente condena penal por difamación contra el comunicador Felipe Soto. La organización instó a la despenalización inmediata de las demandas contra la prensa por los llamados «delitos contra el honor».
"La pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo decretada contra el comunicador Felipe Soto -en este caso remitida por no contar con antecedentes penales-, por el delito de injurias y calumnias, es un profundo retroceso para la Libertad de Prensa y el Derecho a Informar en Chile. Estos fallos van contra todos los estándares internacionales en defensa de la libertad de expresión, por lo tanto urge modificar el Código Penal para erradicar acciones limitantes y disuasivas en investigaciones en casos de interés público", afirmó Rocío Alorda Zelada, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.
La agrupación Reporteros Sin Fronteras, por su parte, publicó en su Twitter oficial "En un contexto en el que los poderes públicos y políticos de América Latina utilizan cada vez más los mecanismos judiciales para silenciar el trabajo de los periodistas, es imperativo que el juicio de este sábado [Día de la apelación a la sentencia N. del E.] se ajuste a las normas internacionales de libertad de prensa"
Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) advierten que esta sentencia podría sentar un preocupante precedente que afecta gravemente al escrutinio que realizan los medios de comunicación respecto de la actuación de funcionarios y autoridades públicas afectando el derecho a comunicar y a la libertad de expresión.
Javier García, presidente de ODC, afirmó que según los datos que han recopilado desde el Poder Judicial "resulta frecuente que empresarios, políticos y altos funcionarios públicos abusen de los recursos judiciales, interponiendo querellas u otras acciones contra periodistas o activistas que divulgan información y críticas sobre asuntos de interés público".
"Las autoridades chilenas no deben impugnar la apelación del periodista Felipe Soto Cortés de una reciente condena penal por difamación y deben dejar de usar las leyes penales de difamación contra miembros de la prensa" dijo en tanto el Comité para la Protección de los Periodistas.
En cuanto al estado de la sentencia, esta fue llevada a la Corte Suprema a través de un recurso de nulidad, el que debe ser revisado por el máximo tribunal del país en los próximos días.