El cultivo de semillas transgénicas en nuestro país data de 1992, condicionado a estrictas medidas de aislamiento productivo y destinadas exclusivamente a la exportación; un modelo que desde el 2001 se regula mediante la Resolución Exenta N°1.523 con el fin de proteger la biodiversidad del país.

Por Carolina Agurto Flores

Sin embargo, esta restricción ambiental está en jaque ya que el pasado 9 de enero el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) abrió a consulta pública el borrador de una nueva norma sobre material vegetal de propagación desarrollado a través de las llamadas “Nuevas Técnicas de Fitomejoramiento” (NBT).

El 9 de abril el SAG publicó un archivo consolidado con las observaciones, indicaciones y cuestionamientos hechos por la sociedad civil y empresas interesadas, más las respuestas del propio Servicio. Pero lejos de atender las preocupaciones socioambientales, la autoridad despachó respuestas repetitivas, estandarizadas y evasivas ante las 42 observaciones realizadas por personas y organizaciones desde Coquimbo hasta Magallanes.

Bajo los argumentos de urgencia climática y productividad, el SAG pretende validar un mecanismo rápido de regulación, estableciendo el peligroso criterio de que los organismos obtenidos mediante “edición genética” no constituyen Organismos Genéticamente Modificados (OGM), evadiendo así las exigencias de la normativa vigente y sin realizar ninguna evaluación científica sobre los riesgos para el medioambiente y la salud humana.

Esta situación cobra aún más relevancia considerando que según datos obtenidos por la Red de Acción contra los Plaguicidas, vía Ley de Transparencia, entre 2017 y 2025 el SAG ya ha evaluado 71 semillas manipuladas para etapas de investigación, de los cuales 6 variedades fueron consideradas transgénicas y 63 como “editadas” (por no presentar genes de otras especies).

Este es el escenario actual: la industria biotecnológica sigue manipulando genéticamente las semillas, ya sea incorporando o no genes foráneos, pero sin cumplir la normativa actual que impone una serie de normas, como el confinamiento productivo, para evitar la contaminación genética de la rica biodiversidad nacional.

Ministro de Agricultura, Jaime Campos, junto al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Domingo Rojas Philippi. Fuente: SAG

Te puede interesar: Edición génica en América Latina: Peligros, trampas y problemas (2026)

Aunque la transgenia se vista de seda, transgenia se queda

La ciudadanía acusa que el SAG -y las empresas interesadas- quieren hacer pasar por un debate técnico o de definiciones, lo que en realidad es un problema de fondo que amenaza la biodiversidad y la salud de las personas.

Argumentan que la normativa llama engañosamente NBT a lo que en realidad corresponde a “Nuevas Técnicas Genéticas” (NTG), con el único fin de desligar a estos nuevos transgénicos de cumplir las normativas más estrictas vigentes desde 2001. En dicha normativa el SAG consideró que si bien los OGM pueden representar un aporte a la producción de alimentos y materias primas, “su introducción al medio, podrían provocar perjuicios significativos a la sanidad vegetal, al desarrollo silvoagropecuario del país, a la conservación de los Recursos Naturales Renovables, al medio ambiente y a la salud humana ante posibles alteraciones que afecten la Diversidad Biológica”.

Y agregó que “se deben prevenir, mitigar o minimizar los posibles efectos adversos que puedan ocurrir derivados de la utilización de los Organismos Modificados”. Hoy, el mismo Servicio pareciera tomar otro rumbo.

A pesar de la existencia de esta normativa desde hace 24 años, en julio de 2025 el SAG autorizó a Neocrop Technologies la liberación ambiental de su trigo harinero “editado” por no considerarlo OGM, dando paso a su salida del laboratorio para su cultivo y validación comercial en el territorio nacional. La empresa propietaria lo celebró como un “hito regulatorio sin precedentes en América, ya que se trataría del primer trigo editado con la tecnología CRISPR en recibir una respuesta favorable por parte de un marco regulatorio en el continente”.

Sin embargo, este año, la publicación del borrador de resolución sobre NBT se encontró con una respuesta ciudadana contundente y suspicaz que manifestó su desconfianza con sólidos argumentos, llamando a la precaución sobre esta nueva regulación de OGM en Chile.

A lo largo de este artículo, revisaremos los 5 principales argumentos de las observaciones ciudadanas — que hicieron contrapeso a un número idéntico de observaciones de la agroindustria (42) dedicadas a mejorar su propio mecanismo de desregulación o únicamente a felicitar al organismo— y que el SAG intentó sepultar con respuestas prefabricadas.

1) Uso engañoso del término “Nuevas Técnicas de Fitomejoramiento” (NBT)

Se cuestiona el uso del concepto NBT o New Breeding Techniques, argumentando que la industria biotecnológica lo utiliza con la intención de ocultar que, en realidad, se trata de Nuevas Técnicas Genéticas (NTG) que introducen modificaciones forzadas en laboratorio con el fin de alterar secuencias de genes específicos.

Este blanqueamiento semántico esconde una profunda contradicción en la norma, la cual queda al descubierto al confrontar sus propios textos: mientras el considerando 4 establece que “para que un material sea considerado como OGM se requiere que posea una combinación nueva de material genético”, el considerando 5 afirma que las NBT realizan modificaciones precisas que, “en general, pudieran no generar en la planta una nueva combinación”.

Mediante esta ambigua redacción, el SAG pretende hacernos creer que estos organismos quedan fuera de la clasificación de OGM bajo el pretexto de que "pudieran no generar" una combinación nueva. Sin embargo, esto es una falacia técnica, ya que el sólo hecho de modificar la secuencia de ADN constituye un OGM (lo que popularmente conocemos como transgénicos).

Frente al rechazo ciudadano, la autoridad se escudó afirmando que el término responde a un “criterio regulatorio orientado al resultado biológico del producto, alineado con estándares internacionales”. Esta respuesta confirma nuestras sospechas: el enfoque en el "producto final" es solo un resquicio para validar una desregulación encubierta —un marco de bajísimos estándares— que abre la puerta ancha a nuevos OGM, privando a los consumidores de su derecho fundamental a saber si el pan que consumen a diario proviene o no de un trigo manipulado genéticamente.

2) Existencia de mutaciones no previstas y efectos fuera de objetivo (off-target) que develan la falsa precisión y seguridad de la “edición genética”

Al contrario de lo que prometen los lobbistas corporativos de los NBT, quienes presentan estas tecnologías como un supuesto avance científico por no insertar genes de otras especies —como ocurre en la transgenia tradicional—, estas nuevas técnicas representan los mismos riesgos sanitarios y ambientales derivados de la liberación al entorno de organismos con modificaciones en su ADN.

La literatura científica disponible y citada por la ciudadanía durante la consulta demuestra que la mal llamada “edición genética” (como si alterar el ADN fuese tan simple como editar un texto en Word) dista mucho de ser infalible: puede provocar inestabilidad genómica, mutaciones accidentales, deleciones, inserción y reordenamientos en zonas no deseadas del genoma (off-target), alterando de forma impredecible las proteínas y el metabolismo vegetal.

Precisamente por estos riesgos impredecibles, el considerando 5 del borrador —donde el SAG intenta justificar un trato regulatorio distinto y más laxo para estas técnicas— fue el más cuestionado de toda la consulta pública. Frente al rechazo ciudadano que exigía su eliminación, la autoridad respondió de forma insólita:

“Se aclara que dicho considerando no presume inocuidad, precisión absoluta ni ausencia de riesgos asociados a las Nuevas Técnicas de Mejoramiento. Su función es contextualizar la diferencia regulatoria que justifica la existencia del procedimiento en coherencia con la definición legal de OGM establecida en la Resolución Nº 1.523 de 2001.”

Si el propio organismo regulador reconoce que estas técnicas no garantizan inocuidad ni están libres de riesgos, la pregunta cae por su propio peso: ¿cuál es, entonces, la finalidad de diseñar un mecanismo regulatorio laxo y paralelo al existente? Con esto, la autoridad solo confirma que esta nueva normativa opera como un resquicio legal diseñado para autorizar nuevos OGM, eludiendo las regulaciones vigentes en el país desde hace un cuarto de siglo.

3) Exigencia obligatoria de la Secuenciación de Lectura Larga del Genoma Completo y mecanismos de monitoreo permanente post-liberación

Otra observación crucial apuntó a la evaluación técnica a las que deberían someterse los nuevos organismos “editados”. A fin de determinar exactamente cuáles, dónde y cuántos son los genes afectados, la ciudadanía señaló que —bajo el amparo del principio de precaución— el SAG debería exigir de manera obligatoria un análisis científicamente fiable: la Secuenciación de Lectura Larga del Genoma Completo o Long-Read Sequencing (LRS).

Esta metodología analiza el genoma completo de forma continua, lo que permite mapear alteraciones complejas y detectar la presencia accidental de ADN extraño (como plásmidos bacterianos). La norma del SAG omitió por completo esta exigencia, dejando un preocupante vacío metodológico.

La respuesta de la autoridad fue complaciente con la industria, afirmando que “el Servicio mantiene plenamente la facultad de requerir caracterización molecular o genómica complementaria cuando la complejidad del caso lo amerite”, agregando además que imponer la técnica LRS de forma generalizada constituye una “carga regulatoria desproporcionada” para los interesados.

Esta respuesta contradice abiertamente su rol fiscalizador, evidenciando que el SAG prefiere resguardar los costos corporativos antes que garantizar la seguridad ambiental del país.

Por otro lado, la ciudadanía le propuso incorporar artículos que obliguen a realizar un monitoreo continuo en los campos de cultivo durante un mínimo de 2 a 3 años post-liberación, a fin de evaluar los impactos ecológicos reales a mediano y largo plazo. El SAG desestimó de plano esta petición, argumentando que si el dictamen determina que un material vegetal no es un OGM: “Resultaría contradictorio e incoherente un régimen de control post-liberación, puesto que se estarían confundiendo las etapas de evaluación”.

4) Los argumentos del sector apícola y campesino que el SAG intentó sepultar con respuestas estandarizadas

Los riesgos de las NTG son equivalentes a los de la transgenia tradicional en lo que respecta a la apicultura y la agrobiodiversidad. Dado que las abejas melíferas y los polinizadores nativos recolectan polen y néctar en radios amplios (3 km en promedio), existe un riesgo inminente de contaminación irreversible de la miel, el propóleo y la cera.

Esta amenaza ecológica y económica fue advertida en detalle por el área de gestión de Medio Ambiente de la Municipalidad de Curacaví. Preocupados por los impactos territoriales, la polinización y la coexistencia productiva, solicitaron el establecimiento de zonas de exclusión territorial con distancias adecuadas, sumado a una evaluación del flujo de polen y del agua aguas abajo. A su juicio, la normativa no debería trasladar a los productores agroecológicos la carga de alterar sus sistemas para evitar la contaminación genética generada por terceros.

Ante este fundado reclamo, la respuesta del Servicio fue desentenderse del impacto territorial:

“La polinización, el flujo génico y la coexistencia productiva son fenómenos inherentes a toda agricultura y no exclusivos de materiales desarrollados mediante NBT, por lo que no corresponde presumir impactos territoriales ni exigir medidas como exclusiones.”

Con esto, la autoridad confirma que esta norma es un traje a la medida de las corporaciones biotecnológicas: reduce su rol a un mero trámite y traspasa a los apicultores y agricultores el costo de un desastre ambiental y económico.

5) Vulneración al derecho a la información, trazabilidad y etiquetado claro de semillas, alimentos y derivados de OGM

Una de las críticas más severas apunta a que el SAG omite deliberadamente la creación de un sistema riguroso de trazabilidad. Las organizaciones exigen que se realice un registro público de variedades NBT y que todo alimento, insumo o semilla derivado de estas intervenciones lleve una etiqueta visible con la advertencia explícita de su origen genéticamente modificado.

A esta demanda ciudadana la autoridad respondió que:

“Imponer rótulos como ‘modificado genéticamente’ basados en la técnica de desarrollo y no en el estatus regulatorio del producto induce a error a productores y consumidores, y contraviene el enfoque regulatorio basado en el producto final”

El SAG pretende catalogar la alteración del genoma como un dato irrelevante, ignorando deliberadamente que es la manipulación genética el motivo central por el cual la ciudadanía exige transparencia. Exigir el derecho a conocer qué estamos comiendo no es un capricho sino un principio ético básico de soberanía alimentaria.
Esto también conlleva graves consecuencias económicas para el mundo rural. Así lo destacó la Asociación Gremial Agricultores Unidos al impugnar el resuelvo 7 sobre el resguardo de la información confidencial de las empresas:

“Para la defensa del margen del productor, es indispensable contar con un registro público transparente de las variedades NBT aprobadas. La opacidad en estos datos impide a los agricultores prevenir contaminaciones accidentales que podrían derivar en conflictos de propiedad intelectual y una eventual extracción de renta por parte de titulares de patentes”.

Ante esta alerta de los productores, el SAG se limitó a responder que la petición se tomará en consideración “en la medida que esto no afecte a lo indicado en la ley de transparencia”.

Te puede interesar: ¿Para qué necesitamos el trigo editado genéticamente si ya existe el maravilloso sarraceno y el trigo espelta? Riesgos del trigo editado (2025)

A diferencia del SAG, la prioridad de las comunidades no fue validar regulaciones permisivas disfrazadas de “innovación”, sino defender sus territorios. Esta lucidez colectiva quedó plasmada en las observaciones ciudadanas que el SAG intentó minimizar, como la observación de la Coordinadora Ecológica Casablanca (Región de Valparaíso) que devolvió el debate a su raíz ética y cultural más profunda:

“Creemos que se deben resguardar los ciclos naturales en las prácticas agrícolas y la calidad de los alimentos. Es algo fundamental por la relación intrínseca que tiene la agricultura con las tradiciones, la salud y la prosperidad de las comunidades”.

La presión por la anulación definitiva de esta norma, y por revertir la introducción del trigo “editado”, no es un simple debate técnico entre científicos y burócratas. Es una confrontación directa por la defensa de las semillas tradicionales, la agricultura y nuestro derecho a decidir qué sembramos y qué llevamos a las mesas de nuestras familias.

Las respuestas ciudadanas fueron realizadas por un tejido de organizaciones, apicultores y otras personas naturales como: el Consejo Campesino Monte Patria, Exige Vivir Sano, la Coordinadora Ecológica Casablanca, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Alianza por una Mejor Calidad de Vida RAP Chile, la Organización de Productores Orgánicos de Curacaví, la Ilustre Municipalidad de Curacaví, la Asociación Gremial Agricultores Unidos, la Asociación Chilena de Agricultura Biodinámica, la Asociación de Agricultores Tierra Viva, la Organización Antroposófica Aurora y la Corporación de la Comunidad Nacional de Apicultores Orgánicos de Chile (CONAOC); junto al riguroso trabajo de la periodista experta en transgénicos y agrotóxicos Lucía Sepúlveda Ruiz, entre otras múltiples personas conscientes de su derecho a ejercer la soberanía alimentaria.