Actualmente, existe un juicio de cobranza contra la Sociedad de Servicios Hoteleros Tierra Verde S. P. A, representada por el empresario Marcelo Ortiz. La acción busca reparaciones monetarias ante una serie de irregularidades que, según una denuncia por despido injustificado realziada previamente, contempla el no haber tenido un contrato laboral y, por ende, no tener imposiciones, no contar con pago de horas extras, además de estar sujeto a una multifuncionalidad de labores al interior de las cabañas y el restaurante de Punta de Parra, en Tomé, región del Biobío.

A la espera de que se concrete una orden de embargo, ya autorizada por el Tribunal de Letras de Tomé a mediados de este mes, se mantiene el trabajador Víctor Díaz, quien demandó en agosto pasado a la Sociedad de Servicios Hoteleros Tierra Verde S. P. A, luego de que acusara a la sociedad de despido injustificado, tras desempeñar labores durante aproximadamente un año, sin contrato laboral. El denunciante se habría desempeñado en distintas áreas al interior del restaurante y las cabañas ubicadas en Punta de Parra, desde realizar el mantenimiento de las mismas, como arreglos eléctricos , hasta estar a cargo del traslado del resto del personal en su propio vehículo, todo lo anterior durante jornadas de trabajo de lunes a domingo, de 09:00 am a 18:00 pm, con un día de descanso previamente acordado con el resto del equipo, es decir, sin que este estuviera regulado.

En conversación con Resumen, el abogado Gustavo Guiñez, integrante del estudio jurídico Tú Defensa Biobío y representante del trabajador, relató que, «el abuso era tanto que ya ni para materiales le pasaban y a él le tocaba comprar». El defensor acota que, tras el despido, «la empresa ha actuado de mala fe en todo momento, tanto es así, que no se presentaron a la Inspección del Trabajo, al centro de conciliación, siempre moviéndose al margen de la ley, sintiéndose inmune, intocable».

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Tras el despido de Díaz, el 15 de febrero de 2023, se agendó la primera reunión de conciliación para marzo y como el empleador no se presentó, con esa acta se procedió a demandarlo por despido injustificado, indebido o improcedente en abril, acción que desencadenó en un juicio que se resolvió mediante un acuerdo entre las partes involucradas, acuerdo al que actualmente estaría faltando Marcelo Ortiz, representante legal de la Sociedad de Servicios Hoteleros Tierra Verde S. P. A.

Sobre la existencia de irregularidades similares al interior del restaurante y cabañas de Punta de Parra, Guiñez declaró que, «entendemos que ningún trabajador tiene contrato de trabajo y que la mayoría serían extranjeros indocumentados, que al menos en Punta de Parra, tienen temor a hacer cualquier tipo de denuncia por miedo a quedar sin trabajo». 

Fue en agosto de este año que, después de un comparendo y considerando la delicada situación económica del trabajador despedido en febrero pasado, la Sociedad de Servicios Hoteleros Tierra Verde S. P. A. y el afectado llegaron a un acuerdo de conciliación. Sobre esta instancia, el abogado expresó que, «en el acuerdo, ambos tuvimos que ceder, pedimos mucho menos de lo que estábamos demandando inicialmente ($5 millones), dejando una cantidad importante de plata afuera ($3 millones 200 mil), porque se prefería tener luego un monto menor, pero poder comer, pagar agua, luz, etc». Según indicó Gustavo Guiñez, «se llegó a un acuerdo de $1 millón 800 mil, pagado en tres cuotas, porque el representante legal, en audiencia, dijo que no tenía absolutamente nada, que era casi tan pobre como nuestro cliente y pese a que nos bajamos, Marcelo Ortiz no paga»

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Resumen tomó contacto con el empresario Marcelo Ortiz, quien refutó que, «a nosotros no nos parecía que debía haber contrato, porque no había una relación laboral. Todo esto derivó en un juicio». Ortiz comentó que el trabajador habría salido del restaurante y cabañas Punta de Parra, «por situaciones bien delicadas» y que, «la verdad de las cosas es que se le deja de llamar a las pegas que tenía esporádicas por eso».

Más allá de los motivos de la desvinculación de Díaz, se le consultó a Ortiz por el no pago de la primera cuota del acuerdo de conciliación, a lo que respondió que, «yo soy de la pequeña empresa, no tengo departamento jurídico, no tengo departamento de marketing. Este es un proceso de pago que está corriendo y eso hay que pagarlo, estoy claro que tengo esa deuda». Sobre la negativa a reconocer una relación laboral, Ortiz argumenta que las labores fueron, «esporádicas, de repente viene, de repente no viene, las pegas salen y no salen».

En este vaivén se habría mantenido Víctor Díaz durante poco más de un año, antes de que le comunicaran que «no necesitaban más de sus servicios y que cualquier cosa, lo iban a llamar», aclaró su abogado.  

Fue a inicios de septiembre pasado que Marcelo Ortiz debió haber pagado la primera cuota de $600 mil con la que se comprometió, tras el acuerdo pactado con su extrabajador, pero dicho pago aún no se ejecuta. Es debido a esta situación que se derivó en un juicio de cobranza, donde se exigió el embargo de bienes de la sociedad, al que el tribunal accedió el pasado 14 de diciembre. 

Con un camino de más de nueve meses de procesos judiciales, entre audiencias de conciliación y el acuerdo, el abogado Gustavo Guiñez enfatizó que lo que se busca es, «que se pague el monto acordado, más el reajuste de la cláusula penal del 30% a nuestro cliente. Esto quedo establecido, que en la medida que no pagara, el monto se reajustaba. En segundo lugar, que se entienda que nadie está por sobre la ley y que efectuarle un contrato a los trabajadores y pagar las cotizaciones es lo que se debe, porque si no eres capaz de pagarle las cotizaciones a tus trabajadores, simplemente, tu negocio no es rentable, no es un buen negocio. En tercer lugar -concluye el profesional- este es un llamado de atención al rubro gastronómico donde, lamentablemente, estas conductas son habituales».