La cartera encabezada por el ministro Diego Pardow rechazó la solicitud realizada por organizaciones que apuntaban a que, ante los atrasos en la instalación del proyecto Central Rucalhue, su concesión eléctrica debía ser declarada como caducada. Esta es la segunda vez en que el Ministerio de Energía respalda en una tramitación al proyecto hidroeléctrico.
Por J. Arroyo Olea
A mediados de junio de 2022, diversas organizaciones socioambientales solicitaron al Ministerio de Energía declarar la caducidad de la concesión eléctrica entregada al proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue, el cual pretende intervenir el río Biobío.
Tras casi un año de tramitación, el organismo se pronunció esta semana respecto a la solicitud ingresada tanto en Concepción como en Santiago, señalando el rechazo a la medida exigida y manteniendo la concesión eléctrica definitiva entregada a la empresa Rucalhue Energía SpA.
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El argumento de las organizaciones que apelaban a la caducidad se centraba en el incumplimiento de la empresa respecto a la construcción de la central, apuntando a que no se habría realizado el trámite respectivo para la extensión del plazo para darle inicio a la operación de la hidroeléctrica ante los notorios retrasos en sus obras.
En tanto, de parte del Ministerio de Energía, en documentación firmada por el ministro Diego Pardow Lorenzo, señalan que «la concesionaria habría actuado de manera diligente, realizando diversos trámites para concretar la construcción de su proyecto».
Así, a criterio del organismo del Ejecutivo, este «estima que la empresa ha dado cumplimiento al inicio de las obras, dentro del plazo fijado para ello en el artículo 13° del DS 20/2018, modificado a su vez, por los Decretos Supremos 226/2018 y 187/2020, por lo cual, a juicio de dicho servicio, no sería procedente que se declare la caducidad de la concesión eléctrica definitiva».
El hecho viene a darle un empujón al proyecto hidroeléctrico por parte del Gobierno, siendo nuevamente el Ministerio de Energía aquel organismo que ha respaldado el avance de la Central Rucalhue. Esto, considerando que también fue la única institución estatal que, consultada por la Corte de Apelaciones de Santiago, optó por declarar al proyecto como interés nacional, lo cual era esencial para que la empresa pueda talar especies vulnerables como el naranjillo y guindo santo.
Pese a esto último, la solicitud de la empresa -que buscaba que el actuar de CONAF fuera declarado como ilegal- fue rechazada, siendo nuevamente ingresada ante la Corporación Nacional Forestal y encontrándose actualmente en trámite.