Central Frontera y Central San Carlos. Esos son los nombres de los dos proyectos hidroeléctricos que la empresa Energía Llaima, actual propiedad de capitales canadienses, pretende instalar en el río Biobío a la altura de las comunas de Mulchén y Los Ángeles, sumándose a las centrales Ralco, Pangue y Angostura del Alto Biobío que están en funcionamiento, y a la Central Rucalhue, actualmente en fase inicial de construcción.

Por Javier Arroyo Olea | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

El río Biobío cuenta actualmente con tres centrales hidroeléctricas que funcionan interviniendo su cauce contando con un total de cerca de 1.500 MW de potencia instalada. Mientras las centrales Ralco y Pangue son propiedad de la empresa Enel (ex Endesa), Angostura es encabezada por Colbún; a esto se suma una cuarta central que busca instalarse en el río aguas abajo de esta última hidroeléctrica. Se trata del proyecto Central Rucalhue, encabezado por capitales chinos y que pretende tener una potencia instalada de 90 MW.

La sobre intervención del río Biobío por proyectos hidroeléctricos ha arrastrado profundos conflictos socioambientales con comunidades locales, además de impactos medioambientales para el ecosistema. Sin embargo, pareciera ser que esto no afecta el interés de empresas para generar nuevos proyectos de esta índole.

Tal es el caso de Energía Llaima, empresa que encabeza otros dos proyectos hidroeléctricos que pretenden intervenir el cauce del Biobío a la altura de las comunas de Los Ángeles y Mulchén, ubicándose más río abajo del proyecto Central Rucalhue: los proyectos Frontera y San Carlos de Purén.

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¿Quién es Energía Llaima?

Acorde a su sitio, la empresa se encuentra profundamente vinculada a las plantas solares térmicas y, a la vez, a la facilitación de energía a la minería, siendo este el sector que consume la mayor cantidad de electricidad con un 34% del total del país considerando datos entregados por Cochilco.

Sin embargo, este no es el único rubro al cual se dirigen. En su mismo sitio, la empresa indica que se ha introducido en un «modelo innovador al desarrollo de proyectos de energías hidráulica», con proyectos que «han incorporado prácticas medioambientales que buscan ser un aporte a las zonas donde éstos se emplazan».

En el mercado de los campos fotovoltaicos, Llaima mantiene un vínculo con la empresa Arcon-Sunmark, propiedad de capitales de Dinamarca y que reúne a dos empresas que se ha consolidado como una de las principales empresas transnacionales del rubro vinculada, en el caso chileno, a «la mayor planta solar del mundo para la industria minera».

Fotografía: proyecto en Chile de Arcon Sunmark | Extraída de sitio web

Respecto a la propiedad de Energía Llaima, en su sitio de presentación indica que es propiedad de capitales chilenos, los cuales se vinculan a los grupos Said, Claro y Garcés, todos estos relacionados a un historial de empresas de diversos rubros. Sin embargo, a mediados de 2021 se anunció que la canadiense Innergex adquirió el control total de la empresa, la misma que se ha mostrado interesada «en varios lugares de América Latina, en particular en Perú, y vemos que todo el continente está interesado en buscar una transición a energía limpia».

Así, Energía Llaima ya se ha encontrado vinculada a proyectos hidroeléctricos, además de los que pretende instalar en la provincia del Biobío. Tal es el caso del proyecto encabezado por la Empresa Eléctrica Licán, la cual adquirió en 2021 e interviene actualmente el río Licán ubicado en la región de Los Ríos con una capacidad instalada de 18 MW.

Asimismo, a inicios de 2021 tras movilizaciones de organizaciones el Servicio de Evaluación Ambiental declaró la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Central de pasada El Canelo que pretendía ubicarse en la ribera sur del río Maipo con una capacidad instalada de 16 MW.

Río abajo: Central Frontera y San Carlos de Purén

Actualmente Energía Llaima encabeza dos proyectos hidroeléctricos que buscan instalarse en el río Biobío, ambos ingresados con representación legal de Jaime Andrés Pino Cox y ubicados entre las comunas de Los Ángeles y Mulchén, río abajo de donde la empresa China International Water and Electric Corporation pretende instalar la Central Rucalhue.

En el caso de la Central Frontera -de la empresa titular Inversiones La Frontera Sur SpA- se trata de un proyecto que cuenta con su RCA aprobada desde 2016, y que se ubicaría «a 4,7 kilómetros aguas abajo del actual puente de la Ruta 5», encontrándose en las cercanías del sector San José y San Carlos de Purén en el caso de Los Ángeles, mientras que en Mulchén se encontraría cerca del sector Mirador del Biobío.

Con una superficie de 799,76 ha el proyecto de central de pasada pretende poseer una potencia instalada de 109,3 MW, superando a la de Central Rucalhue y contando con un presupuesto de US$300 millones.

En julio de 2018 la empresa agrícola Angali Limitada recibió el rechazo de un recurso de casación presentado ante la el Tribunal Ambiental de Valdivia y que fue confirmado por la Corte Suprema en dicho momento. Sin embargo, los cuestionamientos sobre el proyecto han continuado.

En 2020 se informó la adjudicación de las obras de construcción por parte de la empresa SalfaCorp. Sin embargo, Alejandro Donoso, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Energía Llaima indicó en ese momento que «seguimos en el proceso de buscar financiamiento, lo cual, posteriormente, debe ser autorizado por el directorio de Energía Llaima», por lo cual no existía contrato firmado con Salfa.

El mismo año, un grupo familiar acusó amedrentamientos y violencia por parte de trabajadores de la empresa que, plantean, ser propietarios del lugar. Por su parte, la empresa señaló ser la dueña del lugar donde habría iniciado obras.

El conflicto escaló y el medio La Tribuna informó el 12 de agosto de 2020 que «un grupo de operarios se trenzó a golpes con parte de los integrantes del grupo familiar, episodio que sucedió incluso con la presencia de efectivos de Carabineros».

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Por su parte, la Central San Carlos fue recién ingresada el 22 de marzo de 2022 y su Estudio de Impacto Ambiental admitido a tramitación el 28 de marzo por el Servicio de Evaluación Ambiental dirigido por Silvana Suanes Araneda.

El proyecto cuya empresa titular es Inversiones San Carlos SpA posee una inversión de US$420 millones, caracterizándose como una central de pasada «localizado a 1.200 m aguas arriba en línea recta del antiguo puente de la ruta 5 sur, actual ruta Q619; en el límite de las comunas de Los Ángeles y Mulchén».

Concretamente, la central pretende instalarse en la localidad de San Carlos de Purén con una capacidad instalada de 154,4 MW, ocupando como argumento el hecho de que «para combatir el cambio climático, Chile se ha propuesto modificar su matriz energética, y para esto inició un ambicioso Plan de Política Energética, adhiriendo a las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS), el cual contiene un plan de descarbonización, que contempla la eliminación de las centrales termoeléctricas a carbón al año 2025 y aumentar a un 40% de energías renovables al año 2030, para lograr el 100% de generación mediante energías renovables el año 2050».

Bajo este discurso, Energía Llaima anuncia que la Central San Carlos contribuiría «a satisfacer el aumento de la demanda energética, debido al retiro de las centrales térmicas y a darle mayor estabilidad al suministro, por la intermitencia de las otras energías renovables como la eólica y solar.»

Sin embargo, según datos del último Anuario Estadístico de Energía, hasta 2020 Chile ocupó apenas el 44% de su capacidad instalada de generación eléctrica, siendo el registro más alto durante la última década y que se sustenta principalmente en fuentes altamente contaminantes, como el carbón (19,1%), petróleo diésel (15.3%) y gas natural (15%) significando un 49,4% de la capacidad instalada a nivel nacional.