Según consigna la organización, en el país se han contabilizado 638 femicidios entre los años 2010 y 2020, cifras que se contraponen a las publicadas por el Sernameg que, en el mismo periodo, declaran 374 de estos crímenes. Ante las alarmantes cifras, se abre el debate sobre la eficiencia judicial, el compromiso social y los próximos desafíos desde el Estado, como así también desde los movimientos feministas que han marcado pauta durante los últimos años y que han esclarecido el camino político.

Por Valentina Luza Carrión

Hace menos de un mes se conmemoró por primera vez en Chile el Día Nacional contra el Femicidio, fecha en concordancia al día en que el año 2010 se tipificó el delito de femicidio en el Código Penal. En la ocasión, se hizo recuento de un año marcado por los violentos crímenes que se vivieron durante el año; también se convocó a marchas y encuentros en diferentes puntos del país.

Al ya cumplir una década desde la vigencia de la Ley N°21.282, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) contabiliza alrededor de 374 femicidios consumados. Paralelamente, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres contabiliza 638. Esta diferencia recae principalmente a que desde la entidad pública se consideran solo las relaciones sentimentales formales en vínculos matrimoniales, y no la convivencia y el noviazgo.

Aquellas diferencias generan preguntas a la hora de analizar en retrospectiva, pero aún más importante, genera un vacío e invisibiliza las diversas violencias que viven las mujeres al excluir aquellos delitos que no cumplan con este vínculo entre víctima y victimario.

Fuente: Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

Para Lirayen Reyes Gálvez, integrante de la  Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas del Biobío, el femicidio puede considerarse "la forma más extrema de violencia a las mujeres independiente de la relación que exista", y también la más cruda expresión del patriarcado.

En este sentido, desde diferentes organizaciones sociales se presionó para ampliar el concepto de femicidio a delitos consumados fuera de estos parámetros de convivencia, materializándolo en la Ley Gabriela N*12.212 promulgada en 2020.

Fuente: Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

La Ley Gabriela

En marzo de 2020, se dio inicio a la Ley Gabriela, la cual fue impulsada por la familia de la joven Gabriela Alcaino (17) quien fue asesinada por su ex pareja, Fabián Cáceres. Al igual que muchos casos, se generaron bajas en la condena al no cumplir con el delito de femicidio por no haber establecido una relación de carácter conyugal.

Con la implementación de esta ley se logró tipificar dentro del  femicidio cualquier muerte de una mujer por razones de género, amplificando su espectro hacia convivencias no formales y cualquier delito que encarne una lógica de misógina.

Para las activistas de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres la ley, durante el corto periodo que lleva en promulgación, puede considerarse "letra muerta", ya que si bien se amplió el espectro desde lo judicial, en la práctica esto se invisibiliza, y en pocas ocasiones se ha llevado a cabo.

También, cabe recordar que solo se consideran los delitos que hayan sido efectuados desde la fecha de su promulgación, por los que cumplen con estas características antes de la fecha quedan impunes. Las penas que se contemplan van desde el presidio perpetuo calificado (15 años y un día a 40 años de cárcel) hasta presidio mayor en su grado máximo.

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Cuando la impunidad es ley

En el recuento, y según la información que se recaba desde la organización, en los últimos 10 años la mayoría de los crímenes cumplen con características generalizadas. El rango etario que más contempla femicidios es entre los 24 y 30 años. Asimismo, un 76% de las mujeres mantenían una relación presente o pasada con su asesino; matrimonios, noviazgo, relaciones formales, etc. El otro 24% corresponde a vínculos de segundo grado con familiares o conocidos; vecinos, clientes, desconocidos.

En este sentido, la impunidad para los agresores se ha sustentado en una lógica legislativa de permisividad. Gran parte de ellas sufrieron violencia sexual antes de su muerte, mientras que en otros casos se presume, sin poder comprobarlo a cabalidad. En la mayoría de los casos se realiza una investigación del hecho que trae más pena de cárcel, dejando de lado otros delitos que existan e involucren violencia de género.

Respecto a las causas de muerte, la principal en los femicidios, con un 39%, corresponde al apuñalamiento, seguido de asesinato por golpes (24%), disparo de armas de fuego (18%) y asfixias o estrangulamientos (17%).

Los desafíos que toca afrontar

Uno de los estudios publicados en la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres profundiza en las repuestas de Carabineros a mujeres que reciben violencia y denuncian en la institución. En las principales conclusiones se aborda el problema como una traba que ha estancado la confianza judicial en las mujeres, no garantizando su seguridad.

Un 81% de ellas asegura haber recibido burlas o malos tratos al acudir a una Comisaría, teniendo una experiencia negativa durante el proceso. Ante este escenario, ¿cómo se puede garantizar el derecho a la vida de las mujeres en un sistema que las mantiene desprotegidas, e incluso las violenta?

Ante ello, Estefania Vera Ramos, integrante de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres y las niñas del Biobío, declara que "quedó de manifiesto el nivel de su violencia, con comentarios que siempre están cargados de juicios y estereotipos siempre hacia las mujeres. Existe un proceso que viene a quedar al debe en la relación en los territorios, donde Carabineros, como institución debería ejercer un rol activo que contribuya con la prevención".

El sistema judicial ha sido una piedra de tope a la hora de abordar el problema de violencia de género. En su mayoría, las mujeres denuncian y efectúan medidas de seguridad preventiva, que en concreto no las resguardan, alejándolas de los mecanismos de seguridad que finalmente no tienen impacto real en la disminución de las cifras.

"Responsabilizamos al Estado sobre todo, ya que ellos deberían garantizar la seguridad de las mujeres", comentan desde la Red y, agregan, "Sernameg se queda corto y las entidades judiciales y policiales también", ya que el desafío sigue siendo grande con las víctimas. Falta mayor compromiso con la seguridad a las mujeres y que se garantice el derecho a la vida sin miedo.

En ese sentido, comentan que falta compromiso desde las autoridades legislativas con las mujeres, tal es el caso de la urgencia de un sistema judicial con perspectiva de género, que no profundice en las violencias ni permita el enjuiciamiento en base a estereotipos. También, otro punto importante fuera de lo legislativo, descansa en la educación constante que se ha efectuado desde la comunidad y la sociedad civil.

Por otro lado, se hace hincapié en el trabajo de las mujeres en sus territorios, articulado desde y para ellas. Ejemplo de aquella organización han sido las masivas convocatorias feministas en el 8M y 9M en diferentes puntos del país, y los diferentes avances en el acontecer político  y social.

Otro punto importante queda también en los medios de comunicación "es fundamental el trabajo que hace la prensa en reforzar los estereotipos en torno a los agresores de las mujeres, este trabajo sistemático sobre la reafirmación de valores profundos del patriarcado que dejan frases como "la mato por amor" etc. Siempre finalmente es culpa de las mujeres", agregan.

El poder hacer un análisis más serio de las reales causas de estos terribles hechos es lo esperado desde un sector tan amplio como la prensa, según consideran las activistas: "cuando como Red Chilena hablamos que los femicidas son hijos sanos del patriarcado estamos dando cuenta de una situación que está arraigada y debe ser visualizada de forma general".

Finalmente, enfatizan en la educación en prevención desde las mismas comunidades, donde no solo se debe combatir un femicidio en contexto de violencia extrema, sino en el continuo de la vida, desde el pueblo organizado y desde las mujeres que activan en sus diferentes territorios.