[resumen.cl] La muerte de 81 personas internas en la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010 mostró una faceta obviada por el Estado chileno: la radiografía que nadie quiso abordar sobre el sistema penitenciario y la impunidad aún latente.

La mañana del 8 de diciembre de 2010 quedó grabada en la memoria colectiva de Chile evidenciando una serie de negligencias que terminaron con la muerte de 81 internos tras el incendio de la cárcel de San Miguel en Santiago. Las imágenes fueron transmitidas por los medios de comunicación, mientras familiares y personas cercanas se encontraban atónitas ante el avance de las llamas dentro del recinto penitenciario.

Diversos aspectos se tomaron la palestra pública en el momento, enfatizando en la causa del incendio, la cual fue una riña interna en la Torre 5 de la cárcel. Sin embargo, la responsabilidad estatal también se hizo ver y, hasta la actualidad, se mantiene abierta.

En este sentido, durante estos 10 años desde el hecho se han considerado múltiples elementos para el análisis, mostrándose las negligencias que, aún, sustentan el sistema penitenciario chileno.

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A modo de ejemplo, la periodista Tania Tamayo en su trabajo «Incendio en la Torre 5. Las muertes que Gendarmería quiere olvidar» recopiló y presentó una serie de antecedentes que dan cuenta de los errores políticos y administrativos que provocaron la peor tragedia carcelaria en la historia del país.

Una de estas fue el hacinamiento, situación recurrente y generalizada en los recintos penitenciarios. En este marco, el Centro de Detención Preventiva (CDP) de San Miguel albergaba al momento del incendio 1.956 personas, cuando su capacidad era de 700.

Así, la radiografía al sistema penitenciario continuó: lugares sin acceso al agua, tratos indignos de parte de funcionarios de Gendarmería, políticas de aislamiento e insalubridad en los módulos fueron parte del recorrido trazado en el caso.

Sin embargo, en abril de 2014 los funcionarios estatales fueron absueltos en su calidad de imputados por no entregar auxilio oportuno en una investigación que, desde un inicio, fue criticada por delimitar su indagación sobre las responsabilidades hasta el director regional de Gendarmería, Carlos Bustos Hoffman, haciendo caso omiso a las responsabilidades políticas.

10 años después

Recientemente se dio a conocer la indemnización que se deberá entregar a familiares y sobrevivientes del hecho. Sin embargo, la responsabilidad política del Estado, al igual que en casos de violencia policial y violación a los Derechos Humanos, se mantiene impune.

A 10 años de los hechos, una reforma medular sobre la situación de las cárceles en Chile sigue sin ser tomada en cuenta dentro de la agenda política.