Lisbeth Martes es la joven de 21 años privada de libertad que el pasado 6 de noviembre inició su trabajo de parto en la Cárcel de San Miguel, Región Metropolitana. Este hecho reanudó el debate respecto a la violencia, deficientes protocolos y tratos que viven las mujeres embarazadas dentro de los centros penitenciarios, generando casos de violencia obstétrica. El caso fue amplificado en redes sociales activando las alarmas de organizaciones, alentando a la fiscalización y la demanda del hecho.

Por Valentina Luza

La joven con 38 semanas de gestación comenzó el trabajo de parto en su celda a altas horas de la mañana de ese día viernes. Fue en ese momento que le aumentaron las contracciones, empezando una cada dos minutos, perdiendo el tapón mucoso y rompiendo su bolsa de gestación, agravando la situación. Pese a la urgencia, fue recién trasladada a las 15:00 hrs al Hospital Barros Luco para ser atendida.

Según denuncia y consigna La Colectiva Zarzamora, a Lisbeth se le negó la atención médica en cuatro oportunidades. Esta situación alertó de inmediata a las redes de apoyo, quienes denunciaron el hecho a la alcaide de la Cárcel San Miguel, Ana María Garrido, al Instituto de Derechos Humanos y a diversas organizaciones sociales.

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Al respecto, el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) hizo un llamado a frenar estas prácticas en las mujeres gestantes privadas de libertad, siendo fundamental el aumentar la fiscalización en pos de la protección de las madres, quienes durante la pandemia han visto mayor vulneración de sus derechos.

Fotografía de registro.

Asimismo, apuntaron al Estado a respetar los derechos a un correcto cuidado y atención oportuna y protección de la dignidad humana, aún cuando sean personas privadas de libertad. También comentan como esta violencia es una de las más invisibilizadas en el país, de las que no se tiene cuenta de cifras oficiales y que sufren las mujeres dentro y fuera de las cárceles.

Según informó el Instituto de derechos Humanos (INDH), Lisbeth Martes dio a luz en el Hospital Barros Luco, encontrándose en un buen estado de salud ella y su bebe.

Vulneración de derechos de gestantes en cárceles

Tras el hecho ocurrido, se hace memoria del caso de Lorenza Cayuhan en 2016, comunera mapuche que fue obligada a parir a su hija Sayen engrillada y ante la presencia de funcionarios de Gendarmería. Cabe recordar que, tras esa oportunidad, la institución había prometido una correcta revisión de protocolos para evitar próximas situaciones que afectaran los derechos de las madres dentro de las cárceles, lo cual no se ha llevado a cabo.

Hasta la fecha, el caso de Lorenza Cayuhan sigue impune, existiendo una investigación deficiente conforme al hecho sucedido ya que no fueron considerados los médicos ni las autoridades de Gendarmería que también fueron responsables en la grave vulneración de derechos humanos que vivió.

Ambos casos han activado las alarmas de diferentes organizaciones sobre la urgencia de incentivar la revisión de protocolos, la fiscalización y el resguardo de los derechos humanos de las madres privadas de libertad

Fotografía principal: Agencia UNO