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Entre fútbol y orden público: Sobre “seguridad” en los estadios y Estados

Este abordaje de la seguridad genera situaciones de alta estigmatización y criminalización de estos grupos quienes como reacción pueden elevar sus niveles de agresividad y también de cohesión. Pese a ello también se han involucrado en procesos de transformación hasta hace poco invisibilizados ante la sociedad o que solo conocen sus comunidades más cercanas, pues generalmente las barras apoyan a sus miembros cuando hay situaciones complejas de salud o a grupos familiares y barriales.

Por Jorge Acuña Guajardo

Si observamos el panorama político de los últimos años en Latinoamérica veremos en general situaciones cuestionables relativas a seguridad, derechos humanos y estados de excepción/catástrofe sea por movilizaciones sociales o motivadas (genuinamente con ese fin o no) por la situación sanitaria a nivel global.

Sea Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil se han sucedido masivas protestas que con mayor o menor grado de participación han figurado seguidores de distintos equipos, hinchas del fútbol que para sorpresa de muchos posicionaron su manera de ser en un espacio en el que clásicamente no eran tenidos en consideración, sin embargo el señalamiento como sector de la población peligroso, amenazante, se arrastra desde el origen del fenómeno "barrista" con distintas estrategias que gobiernos e instituciones futboleras como la CONMEBOL han aplicado declarándolas abiertamente como enemigos.

Por nombrar dos casos el Gobierno de Uribe (Colombia) señaló directamente la responsabilidad de la violencia en las manifestaciones a las barras bravas, para el caso de Honduras estas son consideradas jurídicamente bandas criminales donde pertenecer es per se un delito[1]

Recientemente la recepción de los fanáticos en otros grupos de la sociedad ha cobrado un valor más positivo por su participación en las protestas sociales, cuestión que no omite la legítima crítica hacia delitos específicos y ciertos hechos violentos que han protagonizado las barras, sin embargo, la discusión sobre ¿Qué hacer con la violencia en los estadios? Ha sido un pivote importante en las agendas de seguridad del continente, más del que suele reconocerse.

Las analogías que podemos hacer sobre el actuar en el  resguardo del orden público y la seguridad de la población toda comparando los estadios de nuestro continente son muchas: Reconocimiento facial en las galerías, distinción entre "violentos" y "pacíficos", segregación por nivel de ingresos, creación de órganos privados que poseen el uso legítimo de la fuerza y procedimientos jurídicos carentes de un debido proceso, tratos crueles y degradantes por agentes del Estado e incluso asesinatos perpetrados por policías.

Caso a caso, tanto Perú, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina cuentan con "guardia privada" que muchas veces en los hechos son órganos parapoliciales de los cuales desconocemos su capacidad de enfrentar situaciones complejas al interior de los recintos, mucho menos la formación relativa a derechos fundamentales.

También la criminalización de las maneras en que las barras se expresan, prohibición de instrumentos musicales, banderas, lienzos, entre otros, elementos que en sí mismos no debiesen representar amenaza alguna y solamente es un ataque a las particularidades sociales de los y las barristas. Sin ir más lejos, la Conmebol ha ido progresivamente restringiendo los elementos mencionados llegando al absurdo intento de prohibir espectadores de a pie lo que, por fortuna, ha encontrado la reticencia de algunos clubes dilatándose.

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El caso chileno: "Estadio Seguro"

Sebastián Piñera en su primer gobierno inaugura sus políticas con el mote de "Seguras"[1] con el famoso plan "Estadio Seguro" estableciendo así la segunda política pública más dañina al deporte más popular del país luego de la privatización absoluta del fútbol. En un principio se prohibió todos los elementos externos dentro de un estadio llegando a retirar personas que portasen pancartas de papel con mensajes de apoyo.

Si bien Estadio Seguro ha tenido distintas modificaciones, ha establecido distintos mecanismos de exclusión y de potestades a la ya existente ley 19.327 (Ley de Violencia en los Estadios) aplicando la prohibición de ingreso bajo la figura del "Derecho de Admisión" (DDA) en dos listas: La 101 con resolución judicial en juzgados de policía local y la 102 Aplicada por los organizadores de los eventos deportivos, o sea los clubes.

Según los datos que entrega el Ministerio del Interior vía transparencia los DDA desde el 2014 al 2019 llegan al 5.328.

Se consideraron datos desde estos años porque son los más significativos en registros, durante el año 2019 por ejemplo no se jugaron la totalidad de partidos a raíz de la suspensión del torneo por las protestas devenidas del 18 de octubre.

Es importante señalar que la amplia mayoría de los DDA es aplicada por las sociedades anónimas o la ANFP que se encuentran por ley mandatadas a aplicar el ya mencionado Código 102.

En conjunto con miembros de la barra "Los De Abajo" se realizaron entrevistas a personas impedidas de ingresar por DDA, en ellas se encontraron distintos elementos que ponen en cuestionamiento la aplicación de estas medidas.

Por resguardo a las identidades y a la información que no pertenece únicamente a quien escribe se señalará solamente que la DDA por parte de Azul Azul S.A (mediada por supuesto por Carabineros y guardias privados) se aplica muchas veces arbitrariamente por motivos irrisorios como exceder por centímetros el tamaño permitido por banderas, en otros casos por manifestaciones de hinchas contrarios a las sociedades anónimas o por mero arbitrio.

Además, estas medidas han sido aplicadas unilateralmente a personas que pertenecen a las barras o son simpatizantes de los equipos, no se conocen registros de dirigentes que han incitado a la violencia o no han cumplido sus responsabilidades para con el espectáculo deportivo, tampoco su ejercicio ha llegado a policías por procedimientos irregulares, entre otros.

Entonces, si las prohibiciones en general se sustentan en la persecución y prevención del delito consideramos analizar las cifras del año 2018 entregadas por el Ministerio del Interior tanto para la Ley de Violencia en los estadios (19.327) como para faltas y delitos comunes, se elige aquel año porque fue el último sin circunstancias "extraordinarias" como revueltas populares o pandemias que distorsionan la cantidad de partidos y el público asistente.

Como se puede observar, la cantidad de delitos en relación a las faltas en promedio por partido son considerablemente menores.

Por otra parte, las faltas, como dijimos muchas veces, responden a las mismas prohibiciones que cuestionamos desde un principio, es decir el intento de ingresar con banderas que excedan el tamaño, lienzos u otros.

Para el caso de la pirotecnia esta es considerada actualmente delito en el contexto de esta ley específica. Ahora bien, veamos qué sucede con el mismo ejercicio para todo el resto de leyes.

El contraste más evidente es el amplio aumento de faltas cometidas por partido. No es posible establecer una correlación o un fenómeno con estos datos, pues bien pueden ser automóviles mal estacionados o beber en vía pública.

Respecto a los delitos estos descienden significativamente (lo cual no significa por supuesto que no ocurran) pero sí indica que existe al menos todo un entramado jurídico de persecución, sumado a ello las dotaciones policiales de un partido de alta convocatoria encontrarían misma cantidad de faltas y delitos en cualquier evento que congregase esa cantidad de personas.

Debe añadirse que muchos de los procedimientos para poder revocar los DDA son establecer un diálogo con la sociedad anónima controladora o interponer un recurso de protección (sea para la lista 102) o apelar en un juzgado de policía local (lista 101).

Pese a ello Estadio Seguro -instrumento de la llamada «seguridad pública»- ha prohibido a las S.A establecer vínculos con "barras bravas" asumiendo que quienes gestionen elementos de animación son delincuentes, violentos e irracionales. Todo lo anterior nos lleva a preguntar: ¿Es la solución a la violencia la marginación, criminalización y la persecución jurídica? Esta pregunta por supuesto es aplicable a todo el conjunto de la sociedad y las consecuencias de estas políticas saltan a la vista.

Fotografía: El Desconcierto | Agencia UNO

Relevando otros datos de naturaleza cualitativa, el observatorio jurídico de la Asociación de Hinchas Azules el año 2014 realizó observaciones buscando vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes en distintos recintos deportivos y sus inmediaciones, arrojando los siguientes resultados:

Lee| Barras y Fútbol en el escenario sociopolítico de Latinoamérica

En conclusión

Lamentablemente esto es una tendencia en nuestro continente, abordar un problema de causas sociales a través de políticas de seguridad propias del populismo penal que acentúan la segregación social no solo al nivel de ingreso monetario. La violencia en los estadios es una extensión de una violencia mayor en la escala social.

Este abordaje de la seguridad genera situaciones de alta estigmatización y criminalización de estos grupos quienes como reacción pueden elevar sus niveles de agresividad y también de cohesión. Pese a ello también se han involucrado en procesos de transformación hasta hace poco invisibilizados ante la sociedad o que solo conocen sus comunidades más cercanas, pues generalmente las barras apoyan a sus miembros cuando hay situaciones complejas de salud o a grupos familiares y barriales.

El apoyo puede ser visto como simple, pero es sumamente simbólico porque refuerza el sentido de pertenencia de sus miembros, aún más en un contexto como el actual donde el espacio de articulación más fuerte -el estadio- aún nos está velado pese al reciente anuncio del público a lo estadios.

Debemos considerar sobre lo último que los precios a las escasas entradas que se dispongan no sean por precios prohibitivos ni tampoco sean reguladas por marcas comerciales que privilegien ciertos sectores de la sociedad, lentamente regresar a espacios que la pandemia nos quitó debe ser en igualdad de condiciones, en consideración a las personas que soportan los efectos de las políticas públicas y eso es también seguridad.

Referencias:

[1]Alianza Para La Paz. (2020) "Barras deportivas y protesta social. Identidad y conflicto social en Honduras y Colombia". Disponible en: https://alianzaparalapaz.org/wp-content/uploads/2020/02/Barras-y-protesta-socialFINAL.pdf

[1] Estadio Seguro, Aula Segura, Retorno Seguro, Auto Seguro.

Fotografía principal: Reuters

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