Por Jorge Acuña Guajardo*

Los últimos diez años quienes participamos como hinchas del fútbol en las galerías del país hemos sido testigo de las transformaciones más sustanciales en materia de políticas públicas relacionadas a seguridad para los eventos deportivos, principalmente ante el fenómeno social que son las barras de fútbol presentes en Chile desde hace al menos tres décadas.

Discursivamente se ha intentado homologar la existencia de barras a la ausencia familiar en los estadios y que la motivación de las primeras es una especie de fanatismo secular como consecuencia de su pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Se ha montado una imagen de personas movidas por un sentimiento irracional que utiliza como método la violencia y que posee una cultura particular de vivir el fanatismo basadas en cánticos de a pie, banderas, lienzos, artificio e instrumentos musicales.

En principio, esta cultura favorecería la consumación de delitos de toda especie, no solo dentro de los estadios, si no donde las barras tienen presencia, cosa que omite las evidentes diferencias territoriales de estas agrupaciones y las particularidades que estos grupos identitarios poseen tomando por referencia a las dos o tres principales barras del país ubicadas en la Región Metropolitana.

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En lo concreto, el resultado de políticas reactivas como Estadio Seguro son evidentes para quienes formamos parte de estos grupos. Vemos lo pobre de sus cifras, las consecuencias de la exclusión de miles de personas a un recinto sin justificativos, la criminalización de instrumentos musicales o trozos de tela y, lo que es peor aún, la legitimización de violencia estatal sistemática en contra de quienes somos identificados/as como barristas.

Asistir a un espacio de galería significa, en los hechos, perder todas las garantías que cualquier sociedad aspira para sus integrantes: tocaciones indebidas, golpizas, detenciones sin registrar, amenazas, tratos inhumanos y denigrantes, entre otras cosas, son el costo que se paga por el mero hecho de comprar la entrada más barata. Existe un trato diferenciado e interiorizado por las policías que les permite, impunemente, aplicar procedimientos alejados de estándares mínimos que los Estados deben respetar.

La expresión del fanatismo con los códigos del barrismo es para las policías algo inaceptable de por sí, el asesinato de personas identificadas con las barras (como Jonathan Ruiz) a manos de Carabineros es la expresión última de otra cultura -la policial- que diferencia a personas como ciudadanos/as con plenos derechos en contraposición a quienes viven el futbol de la manera descrita aplicándoles toda la violencia simbólica y física que a su entender merecen.

Cuando las políticas en materia de seguridad se orienten en aceptar que el estadio es un espacio público y se consideren a todas las partes involucradas, el día que el respeto a la integridad de quienes asisten sea una exigencia y no algo que se compra como una entrada más cara, podremos dialogar sobre cómo erradicar prácticas tan internalizadas en todos los sectores de la sociedad, reflejadas por supuesto en el fútbol, que para este caso solo las barras reciben la condena y vejámenes varios de toda una institucionalidad encargada de culpabilizar a alguien de la violencia estructural de la que todos y todas formamos, de alguna forma, parte.

*Director de Comunidades de OPIP. Observador en terreno de DD.HH, hincha de la U y Antropólogo. Contacto: [email protected]