Por Ignacio Muñoz

A raíz del asesinato del CEO de UnitedHealthcare a manos de Luigi Mangione, el mundo entero se ha enterado de cómo los tres verbos «negar», «defender» y «deponer», esconden un entramado pestilente, destinado a aumentar la rentabilidad de la empresa a costa de las vidas de sus clientes.

En "un país decente", las estructuras democráticas y las leyes actuarían como una muralla impertérrita contra quienes lucran con el sufrimiento de otros. No obstante, cuando los sistemas legales fallan, ¿qué nos queda? Los invito a explorar, queridos lectores, cómo la ausencia de consecuencias para los responsables de abusos corporativos perpetúa injusticias, y cómo la construcción de un mundo más justo exige que esos responsables enfrenten el temor, ya sea por la acción jurídica o por la indignación popular.

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En su libro Teoría de la Justicia, John Rawls propone que una sociedad equitativa debe asegurar que las desigualdades se desarrollen de forma que favorezcan a los más vulnerables. Sin embargo, cuando las empresas que administran servicios esenciales como sanitarias o salud operan sin un marco regulatorio que de sanciones ejemplares (incluso, llegando a poner en riesgo su operatividad), crean lo que Hannah Arendt describió como la "banalidad del mal": sistemas en los que los actores simplemente cumplen su rol sin cuestionar las consecuencias humanas.

Ejemplos tenemos por montones: las más de cinco décadas en que las industrias petroleras bloquearon investigaciones sobre los riesgos de la contaminación, o las grandes empresas farmacéuticas que priorizan las ganancias sobre la salud, algo que autores como Noam Chomsky califican como una extensión del capitalismo desregulado. Cuando los ejecutivos no temen las repercusiones de decisiones que dejan a miles sin acceso a medicamentos, el contrato social implícito que fundamenta la democracia se rompe.

En naciones como Suecia o Finlandia, las normativas son rigurosas hacia aquellos que perjudican el bienestar social. Las penalizaciones financieras y jurídicas contra empresas contaminantes o explotadoras han probado ser eficaces. La empresa sueca Höganäs, fue obligada a indemnizar comunidades afectadas por su impacto ambiental, en un proceso supervisado por el gobierno y avalado por organismos internacionales.

Por otro lado, cuando estas estructuras no están presentes, el temor popular ha sido el impulsor de las transformaciones. En el transcurso de la revolución francesa, las clases dominantes rápidamente comprendieron que desatender las exigencias del pueblo podía acarrear resultados fatales. A pesar de su distancia temporal y contexto, las manifestaciones contemporáneas en Ecuador en contra de la minería descontrolada y los movimientos sociales en Argentina en contra de los monopolios energéticos evidencian que la acción colectiva puede generar un verdadero costo para aquellos que son abusados.

En Chile, parece que la paciencia se ha elevado a una virtud que va más allá de lo racional. Los abusos de las ISAPRE, que hacen cobros excesivos mientras consiguen un free pass gracias a la elite política en su conjunto, constituyen un caso alarmante. Las AFP, que mantienen jubilaciones bajo el nivel de pobreza mientras enriquecen a sus directivos, también reflejan esta lógica malintencionada. Además, las explotaciones mineras contaminantes que arrasan con ecosistemas completos sin recibir penalizaciones considerables subrayan el valor de nuestra pasividad.

El caso de las manifestaciones contra Dominga, el polémico proyecto minero-portuario en la región de Coquimbo, demuestra cómo la acción de los ciudadanos puede detener proyectos depredadores.

Es posible que sea momento de cuestionarnos si nuestra tolerancia a la injusticia no está perpetuando un ciclo donde las vidas humanas se transforman en un servicio externo inservible para las corporaciones. Si la justicia formal no funciona correctamente, ¿no debería existir al menos un costo reputacional, social o incluso personal para aquellos que optan por el beneficio por encima de la vida?

Un mundo más equitativo requiere que aquellos culpables de abusos sufran las repercusiones de sus acciones, ya sea a causa de una estructura legal madura que los frene o porque comprendan que las comunidades no permitirán más la explotación. Entretanto, es nuestro deber determinar si continuaremos siendo observadores pasivos o participantes activos en el cambio.