[resumen.cl] Para este lunes 18 de abril a las 18:30 en Plaza Perú, diversas organizaciones agrupadas en la «Coordinadora por la Defensa de los Territorios, Biobío se Levanta», han convocado a una movilización en rechazo a la inclusión de Chile al Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, TPP, enmarcada dentro de una jornada nacional de protesta por el mismo motivo.

Es necesario alertar a la comunidad sobre los riesgos que el ingreso a este Acuerdo implica, así como también es urgente presionar a la clase política para frenar los cabildeos llevados a cabo en el más completo silencio antidemocrático. Este Acuerdo se negoció en secreto durante años y recién a principios de noviembre de 2015 se pudo conocer gran parte de su contenido, gracias a la publicación en castellano de sus capítulos, por parte de Secretaría de Economía del Estado mexicano.

Una de las medidas de este Acuerdo es la restricción de los derechos digitales con que cuentan los usuarios de internet. El portal «TPP abierto» ha planteado que "el TPP busca convertir a los proveedores de acceso a Internet en los responsables de censurar contenidos unilateralmente, sin intervención de un organismo superior, como el poder judicial, que garantice nuestros derechos. Además, busca endurecer las sanciones a las infracciones del derecho de autor, penalizándola con multas, desconexión de Internet y hasta cárcel". Agregando que, "prácticas hoy comunes, como postearle un video a un amigo, podrían desaparecer, cambiando por completo el modo en que Internet se ha convertido en una herramienta vital para nuestras vidas."

Por otra parte, informa el mismo medio, que "el TPP busca expandir el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo que significa mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, medicinas cada vez más caras."

También el Convenio UPOV 91 está dentro de las obligaciones que deben suscribir las partes integrantes del TPP. Es decir, la participación del Estado de Chile en el TPP, lo obligaría a adherir a este Convenio, el cual persigue la privatización del uso de las semillas en favor de empresas multinacionales, de las cuales, sólo diez han llegado a concentrar el 75,3% del mercado mundial de las semillas, según cálculos de ETC Group.

El periodista Ruperto Concha denunció hace unos meses que "en el Tratado Transpacífico, hay 480 representantes de las grandes empresas y sólo 86 puestos que se reparten los representantes del sector social, el sindical y el político". También, en un comentado artículo, el Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz y el economista Adam S. Hersh han explicado que el TPP impone el uso de "sistemas de arbitraje de diferencias estado-inversor", especies de tribunales que dirimen controversias entre empresas y los Estados de las naciones donde éstas operan. Los autores explican que "bajo estos sistemas de arbitraje... los inversionistas extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales en arbitraje privado vinculante en casos de que se instituyan reglamentos que ellos consideran como un factor que disminuye la rentabilidad esperada de sus inversiones". De hecho, recientemente, se han dado diversos casos en los cuales, Estados que han restringido las operaciones de alguna empresa en su país, han sido demandados para pagar cuantiosas cantidades de dinero como resarcimiento.

Los convocantes invitaron «a todas las organizaciones territoriales, socio-ambientales y afines a movilizarnos el día 18 de abril a partir de las 18:30 horas desde la plaza Perú en Concepción, y a manifestarnos ante este llamado nacional de movilización frente a un nuevo «tratado internacional» promulgado a puertas cerradas, pavimentando el camino para que capitales extranjeros y nacionales sigan saqueando con más fuerza nuestro territorio, represando nuestros ríos, contaminando nuestras aguas, robando nuestras semillas y avasallando nuestros pueblos.

Creemos que la movilización social es vital para ejercer presión y desenmascarar estos procesos que se llevan adelante a espaldas de las comunidades y en total secretismo entre una clase política corrupta y las corporaciones empresariales, atentando contra temáticas transversales como lo son la salud, la libertad de expresión, la legislación laboral y la normativa ambiental«.

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