Estibadores acusan persecución hacia trabajadores que se movilizaron en contra el Terminal Pacífico Sur durante 2018 en Valparaíso
Cuatro años han pasado desde las manifestaciones efectuadas por los estibadores del Terminal Pacífico Sur (TPS) en contra de la empresa portuaria, las que buscaban obtener mejores condiciones laborales. Del suceso resultaron 20 trabajadores querellados por desórdenes públicos y atentados a la propiedad, de las que tres causas siguen vigentes.
Por Antonella Becerra
La movilización del 2018 desembocó en el despido de múltiples trabajadores, perjudicando tanto a los afectados como a sus familias. Sin embargo, esto no fue suficiente para la empresa pues, en voz de Pablo Klimpel, presidente del Sindicato de Estibadores, "no solo se contentan con haberlos dejado sin trabajo, sino que también los siguen persiguiendo. Consideramos que existe una actitud revanchista por parte del empresariado contra nuestros compañeros", señaló.
Es por esta razón, que como sindicato se llegó a la postura de realizar un llamado de atención al Gobierno respecto a la situación de estos tres trabajadores, levantando barricadas durante la mañana del jueves en Avenida Errazuriz en Valparaíso. Además de mencionar que el Gobierno actual debe hacerse cargo de las demandas prometidas en campaña y negociaciones con el mandato anterior que resultaron sin efecto durante la movilización de 2018.
El conflicto de aquel entonces era netamente por situaciones de precariedad laboral y el poco acceso al trabajo. Tras las protestas se logró negociar con las empresas de ambos terminales portuarios, generando algunas mejoras en sus condiciones laborales. Asimismo, la administración de Piñera se comprometió a que no se producirían despidos después de las negociaciones, pese a ello, el acuerdo no fue respetado.
De la misma forma, se generó una mesa laboral portuaria en conjunto con los ministros de Trabajo y de Transporte, con las Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), de donde se sacó un informe que iba abocado a generar una nueva legislación portuaria, llamada Ley Larga. No obstante, en el momento no hubo voluntad política de parte del gobierno de Sebastián Piñera, para poder implementar la nueva reforma al Código del Trabajo.
El gremio es enfático en mencionar que se hicieron mesas de trabajo con Bachelet e incluso con Piñera, pero con el gobierno de Boric aún no se ven atisbos de diálogo. En palabras de Klimpel, "esperamos que se integre esta nueva Ley Portuaria, y que nos de acceso a derechos fundamentales como vacaciones, indemnización por años de servicio, sistema de seguridad social, pre y post natal, salud en general y muchos otros" agregó.
Todavía falta por avanzar en temas de compromiso de parte del Gobierno, el cual argumentó que este año solo sería de diagnóstico y que en el próximo se van a ejecutar políticas públicas, lo que para la directiva, corresponde a una falta de voluntad política: «necesitamos ver un mayor grado de compromiso con la clase trabajadora y el sector portuario, necesitamos más garantías y facultades para defender a nuestros compañeros", argumentaron desde el sindicato de estibadores.
Por lo pronto, se espera el llamado por parte del Gobierno a entablar conversaciones acerca de la situación con los tres compañeros que siguen en juicio oral hasta el 11 de enero del 2023 y de la misma forma, buscar soluciones para subsanar las problemáticas con respecto a la precariedad laboral.
