Cinco estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Central de Santiago fueron suspendidos por un año, sin previo aviso, tras participar en una toma de las instalaciones en junio. Los alumnos acusan un proceso arbitrario y sin posibilidad de apelación, lo que pone en riesgo su año académico y sus beneficios estudiantiles.
Por Dayana Coronado
Un grupo de estudiantes de Psicología de la Universidad Central (UCEN) ha denunciado la suspensión arbitraria que les fue impuesta luego de una toma en las instalaciones universitarias. De los doce implicados, cinco fueron sancionados con la suspensión definitiva por un año, sin derecho a apelación. Los estudiantes argumentan que se les ha vulnerado su derecho a la educación y libertad de expresión, mientras continúan buscando apoyo legal y público para revertir la medida.
Nada más que por medio de un correo institucional, es que la UCEN dio aviso a los universitarios de que se encontraban suspendidos desde el 5 de septiembre, dejándolos sin acceso a su educación durante todo el periodo establecido, sin abrir posibilidad a diálogos ni apelaciones sobre la drástica sanción.
El 5 de julio, fue la primera audiencia tras la denuncia que recibieron los doce estudiantes, para que luego, el 8 de agosto, cinco de ellos, fueran comunicados de su suspensión. Por esto, el 14 de agosto los estudiantes enviaron una apelación a la sanción recibida, sin recibir ningún cambio positivo ni ajuste en la resolución.
Por ende, los estudiantes ponen en riesgo el avance en su actual semestre cursado y pueden perder el año estudiantil completo al encontrarse suspendidos.
Cabe señalar que, muchas han sido las oportunidades en que estudiantes de la Universidad Central han manifestado su descontento con la -en sus palabras- «precaria infraestructura de la universidad», asimismo, exponiendo la falta de escucha hacia el estudiantado y otras negligencias en torno a la educación que reciben.
Durante el mes de junio y como medida de presión, es que decidieron realizar la ocupación de espacios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad.
Por otra parte, sobre los beneficios y becas que poseen los estudiantes afectados por la sanción, Ignacia Pardo, una de los 5 alumnos suspendidos por la UCEN, menciona que "Yo tengo gratuidad, otros de mis compañeros tienen becas internas. Nos dijeron que debíamos solicitar congelar esas becas, y no sabemos siquiera si nos aceptarán esa solicitud o no".
"Todo el proceso fue muy arbitrario, la decisión de quienes fueron los elegidos para ser denunciados, el proceso en sí fue muy irregular", agrega.
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De igual forma, la estudiante declara que "El tribunal de convivencia escolar de la universidad no ha reaccionado frente a situaciones de violencia entre estudiantes, casos que han habido entre estudiantes, incluso algunas donde hubo personas heridas, no se han presentado ni aplicado sanciones y a nosotros que estamos buscando mejores condiciones para la universidad, moviéndonos por la carrera y nuestra educación, nos dan esta sanción tan extrema y tajante como lo es la suspensión".
Actualmente, los alumnos están recibiendo asesoría jurídica con sus abogados, los cuales están siendo pagados por los mismos jóvenes, quienes también declaran que han tenido que hacerse cargo por sí solos de todo el proceso.
"Una de mis compañeras denunciadas ni siquiera fue ese día a la universidad, pero, según una de las administrativas la había visto allí", expresa Ignacia. "Lo encontramos algo súper injusto. No hemos recibido las pruebas que nos acusan de lo ocurrido, ni tampoco nos han entregado jamás las grabaciones de las cámaras de vigilancia que han solicitado nuestros abogados", agrega con frustración la joven.
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Sin embargo, hoy los alumnos continuarán ocupando todos los espacios posibles y buscando recibir todo el apoyo para difundir lo ocurrido, no solo exponiendo que fueron suspendidos de forma arbitraria e irregular, sino también dando enfoque a que se pasó a llevar de sobremanera su derecho a libre expresión.
"Nadie puede quitarnos el derecho a estudiar porque sí, pasando por encima de nuestra libertad de expresión y de manifestar nuestro descontento. Queremos formarnos para ser buenos profesionales y por lo mismo exigimos condiciones dignas para nuestra educación", señaló Ignacia.
Por parte de la Universidad Central, y hasta el cierre de esta edición, las autoridades no quisieron entregar ninguna declaración pública sobre la situación, ni tampoco referirse al tema de ninguna forma.
Además, durante este periodo los estudiantes acudieron al Mineduc para solicitar ayuda, el cual declaró que no puede hacerse cargo de lo acontecido ni recibir sus querellas por la sanción, ya que se trata de una institución privada y no pueden regular ni involucrarse en la investigación del caso.