En medio de la pandemia, la Dirección Provincial de Educación desde la Unidad de Educación Especial y el SLEP Andalién Sur, anunciaron el posible cierre de cursos y la interrupción de la trayectoria escolar de estudiantes con discapacidad intelectual mayores de 26 años en Concepción. Los establecimientos afectados serían las Escuelas Especiales Públicas: Centro Integral de Educación Diferencial (CIED) y Escuela Chile España. Ambas dependientes del Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur.

Por Juan Contreras Jara

Problemas con la regularización de inmuebles y cursos -incluidos en un denominado ítem de capacidad instalada-, además de matrículas de estudiantes en situación de discapacidad -en algunos casos severa- pretenden "solucionarse", desde el Departamento de Educación Especial, conducido por su encargada regional, Claudia Pérez, cerrando cursos y disminuyendo la matrícula de escuelas diferenciales públicas de Concepción.

Escuelas Especiales Públicas: Históricamente postergadas

El Decreto N° 87, que desde 1990 regula a las escuelas especiales, expresa que los estudiantes con discapacidad intelectual no pueden permanecer en los recintos más allá de los 26 años de edad. También instruye que "los estudiantes no podrían estar más allá de 6 años en el nivel laboral", pero éste último criterio nunca fue considerado por los sostenedores o por el Departamento Provincial de Educación, durante los primeros 30 años de fiscalización a estos.

Sería así hasta este 2021 que, en plena pandemia y ya iniciado el año escolar, la autoridad solicitó a las escuelas especiales del territorio regularizar esta situación, apelando al cumplimiento de la ley que durante tres décadas jamás cumplieron y que ellos mismos, tras años de fiscalización, nunca alertaron con alguna observación.

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Lo anterior significaría la cancelación inmediata de la matrícula de dos estudiantes en situación de discapacidad, sin siquiera haber terminado el año lectivo y sin haber completado su trayectoria educativa. Para otros 30 estudiantes y sus familias, significa que, la única oportunidad de inserción laboral que son las prácticas duales, se limite a realizar prácticas "en casa", sin tener la real oportunidad de desarrollar la última etapa de su formación y mucho menos, acceder a un trabajo.

Carolina Vargas, Presidenta del Centro de Padres y Apoderados del CIED, catalogó la decisión como un tremendo desacierto. "Hacer cumplir este decreto en plena pandemia, donde todo se hace más complicado, es un descriterio. Para nosotros como padres, el colegio es fundamental en la vida de nuestros hijos, es la opción que tienen para llegar a valerse por sí mismos y tener herramientas para el futuro".

Francisca Galdames, una de las representantes del Departamento de Educación Diferencial del Colegio de Profesores y Profesoras de Concepción, explicó a RESUMEN que "no sólo es un descriterio lo que hoy está pidiendo la autoridad, sino que es además, una falta de humanidad". Agregó que "en las escuelas públicas y más aún en las especiales, tenemos muchos estudiantes que en este momento cuentan con nosotros como su única red de apoyo y eso abarca todas las dimensiones de sus vidas".

La decisión se concretaría durante las próximas semanas, afectando el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad y la estabilidad laboral de docentes de Educación Diferencial.

El drama de las familias y estudiantes ignorados por la autoridad educativa en Concepción

La apoderada enfatizó en que es un tremendo error el "no permitirle a los jóvenes y adultos poder egresar con todos sus cursos, prácticas y duales realizados, porque son necesarios para ellos. Necesitamos que se conceda una prórroga para que puedan hacer sus duales e insertarse en la sociedad realmente y quedar trabajando".

La docente Francisca Galdames se detuvo en los beneficios que se le restarían, encareciendo en que "hay familias enteras que comen de la canasta Junaeb dentro de los estudiantes que deberían abandonar el establecimiento. Eso es lo que la autoridad no ha querido entender, que en medio de una situación como la que estamos viviendo, aumentará la desigualdad y el desamparo de las personas en situación de discapacidad y sus familias con esta medida".

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Hay que destacar el periodo de formación dual es la principal oportunidad que tienen las y los estudiantes de escuelas diferenciales en Chile para acceder a un puesto de trabajo. Más allá de la filantropía que expresen las empresas que cuentan con personal con discapacidad, las oportunidades son mínimas.

En el caso de las y los estudiantes hoy afectados las oportunidades serían nulas, porque les cancelarán el año y quedarán sin sus prácticas al día. Sobre esta situación Vargas fustigó "no sirve de nada tratar de incluir si no hay herramientas para la inclusión".

Según Santiago Mankhe, profesor asesor del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Chile España, "las medidas que está tomando actualmente la autoridad educativa, atentan gravemente contra el derecho a la educación que tienen todas las personas de este país, especialmente, las personas con discapacidad, que históricamente han sido víctimas de una doble exclusión dentro de la sociedad".

Sobre esta grave situación Mankhe agregó "que es inhumano pensar en dejar sin espacios educativos a personas dentro de un contexto tan extraordinario como el de la pandemia, creo que representa una desconexión gigante con la realidad y que es una manera simple de tratar un problema que es mucho más grave: ¿Qué oferta hay en este país para personas con discapacidad una vez que ellos egresan de la educación?".

Abandono estatal en medio de una pandemia

Desde el Departamento de Educación Diferencial del Colegio de Profesores y Profesoras de la región del Biobío aclararon que "este problema es solo la punta del iceberg. Lo que aquí está saliendo a la luz es el completo abandono que sufren las personas con discapacidad en este país, ya que después de los 26 años de trayectoria educativa no hay más oportunidades para nuestros estudiantes".

En 2017 se promulgó la Ley 21.015 o Ley de Inclusión Laboral. La finalidad de ésta es la inclusión eficaz de las personas con discapacidad en el mundo laboral público y privado, situación que en el caso de estos estudiantes no se cumpliría debido a la cancelación de sus matrículas.

Lo claro es que apenas el 1% de los puestos de trabajo, en empresas con al menos cien trabajadores, están destinados a personas con discapacidad. Sobre la insuficiente normativa laboral, Galdames expresó que "se tienen que cumplir con muchas condiciones. Después de los 26 años deben quedarse en sus casas porque la discapacidad intelectual es la de menor porcentaje de inserción laboral y no siempre son recibirlos por ley de inclusión. Esto es peor si hay mayor grado de discapacidad".

Según el informe de evolución de la Ley 20.015 realizado por la fundación Con Trabajo 2019-2020 el cumplimiento nacional de la normativa representa un 33% de un universo de 19 mil 473 personas contratadas.

La representante de los apoderados y apoderadas del CIED, Carolina Vargas, apuntó que la medida no es para nada suficiente y recalcó la deuda histórica que ha mantenido el Estado con la educación diferencial: "Es tiempo de que dejemos de ser el patio trasero de la educación pública. Los chicos con capacidades diferentes tienen muchas más necesidades que un niño común. Necesitan de ayuda multidisciplinaria, apoyo técnico desde el colegio, etc."

Ni el Ministerio ni el Servicio Local de Educación Andalién Sur se hacen cargo

En un contexto sumamente difícil, el Mineduc intenta regularizar una situación que se arrastra hace años y que perfectamente, podría ser resuelta en condiciones "normales", no dejando a estudiantes sin matrícula y sin acceso a alimentación Junaeb, que es una de las pocas ayudas sociales que llegan a sus familias.

La profesora de educación diferencial, Francisca Galdames, puntualizó que "esto sucede porque no hay una política estatal permanente de inserción laboral que garantice una vida plena y autodeterminada para las personas en situación de discapacidad". Acotó que "quieren cargarnos la responsabilidad de este abandono a las escuelas especiales, que con autogestión de funcionarios y familias y sin ningún apoyo del sostenedor, levantamos talleres laborales para darles herramientas que les permitan ser autónomos e independientes, pero no reconocen su abandono y nulo apoyo".

Contactados por RESUMEN, desde la Seremi de Educación del Biobío comunicaron que no les corresponde a ellos dar una respuesta a la situación, pues se trata de la administración del Servicio Local de Educación Andalién Sur. A su vez desde esta entidad, informaron que no les correspondía pronunciarse por algo que pasa por una normativa ministerial.

En lo que parece un verdadero peloteo entre instituciones gubernamentales, ni el Seremi ni el SLE Andalién Sur asumen la responsabilidad del posible cierre de cursos en escuelas especiales. Ambas instituciones son encabezadas por los militantes UDI, Felipe Vogel y Gonzalo Araneda, respectivamente.