Exjefe de gabinete de exdelegada presidencial del Biobío enfrentará juicio por apropiación de $7 millones y arriesga cinco años de cárcel
La investigación reveló un presunto uso indebido de fondos públicos destinados a la Delegación Presidencial Regional. El exfuncionario, Julio Muñoz Fuentes, será juzgado por una eventual obtención fraudulenta de prestaciones estatales y falsificación de instrumento público.
El exjefe de gabinete de la exdelegada presidencial en Bío Bío, Daniela Dresdner, será llevado a juicio el día 17 de febrero en el Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción, acusado de malversar $7 millones del presupuesto público. La Fiscalía sostiene que el imputado, aprovechándose de su posición de confianza, desvió los fondos asignados al funcionamiento de la Delegación Presidencial Regional.
Según los antecedentes presentados en la formalización, el acusado habría utilizado prácticas fraudulentas para apropiarse del dinero, realizando transacciones irregulares sin una justificación adecuada. Las investigaciones indican que los fondos en cuestión estaban destinados a proyectos administrativos clave de la delegación.
Riesgo de cárcel
El Ministerio Público informó que solicitará una pena 4 años de cárcel y 1 millón de pesos en multa para Muñoz. Mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) querellante en el caso, solicita una pena de 5 años y 1 día de cárcel efectiva.
Medidas cautelares y juicio
El Juzgado de Garantía de Concepción ya había impuesto medidas cautelares al imputado, como la prohibición de salir del país y firma periódica. Ahora, enfrentará un juicio oral que será clave para esclarecer su responsabilidad y dictar una eventual condena.
Lee: Informe de Contraloría propone destitución de funcionario del GORE Biobío por actividades políticas
El caso pone en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer los sistemas de control en las reparticiones públicas para prevenir posibles actos de corrupción.
*Esta noticia se trata de un proceso judicial en curso, el que puede ser revertido o reafirmado en instancias superiores del poder judicial. No se debe considerar culpable a la persona a menos que los tribunales de justicia determinen lo contrario.
