Tras la pandemia de la Covid-19, los establecimientos de Chile han vivido un explosivo aumento de expedientes de cancelación de matrícula y expulsión de estudiantes. Los datos son encabezados por establecimientos particulares subvencionados, mientras que 2023 fue el año que contó con más expulsiones y cancelaciones de matrícula desde que la Superintendencia de Educación sistematiza los registros.

Por Marcos Mardones Silva

La violencia que se vive en diversas comunidades educativas del país ha tomado parte importante de la agenda política, donde se ha intentado desde levantar posturas centradas en la policización  de las temáticas de seguridad hasta un impulso por el linchamiento colectivo hacia, principalmente, estudiantes. Sin embargo, no se puede negar la existencia de una profunda crisis, y eso los establecimientos educacionales bien lo saben.

En abril de este año, la Defensoría de la Niñez informó que entre los primeros semestres de 2022 y 2023 se presentó un aumento de hasta un 70,6% en la cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrícula de estudiantes, concentrándose estos casos en Copiapó, Alto Hospicio, Santiago, Arica y Antofagasta e identificando que la mayoría de las expulsiones se produjeron por agresiones a otros estudiantes, transgresión reiterada de normas, asociación al uso de armas y hechos relacionados con drogas.

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Para profundizar en esta información, RESUMEN solicitó vía transparencia «los informes que aborden los resultados de la implementación de la Ley Aula Segura desde su publicación hasta la fecha», además de un desglose de las acciones realizadas por establecimientos y región en el marco de esta ley.

En su respuesta, la Superintendencia de Educación envió dos archivos: un reporte de datos con expedientes de expulsión y cancelación de matrícula, y un documento aclaratorio sobre Ley Aula Segura. Sobre este último (el cual puedes revisar acá) el organismo aclara que «la normativa educacional no distingue si la/el estudiante se le aplicó la expulsión o cancelación de matrícula por la Ley N° 21.128 (Ley Aula Segura), ya que, tal como se expuso, dicha normativa modificó el referido artículo 6 letra d) de la Ley de Subvenciones, el cual se aplica a todos los procedimientos disciplinarios de expulsión y cancelación de matrícula de los establecimientos educacionales que perciben aportes del Estado».

En palabras simples, no existe distinción para conocer si las y los estudiantes son expulsados por Ley Aula Segura, debido a que esta trastocó artículos referidos a procedimientos disciplinarios incluidos en la Ley de Subvenciones.

El aumento de expulsiones y cancelación de matrículas

El reporte elaborado por la Unidad de Estadísticas y Estudios de la Superintendencia de Educación enviado a RESUMEN (que puedes ver acá) presenta preocupantes datos sobre los mecanismos disciplinarios de los establecimientos, contando con información actualizada al 29 de febrero del 2024, es decir, a días de iniciar el año escolar.

La sistematización de expedientes tanto de expulsión como de cancelación de matrículas existe desde septiembre de 2016, y en ocho años se han recibido 5.812 expedientes válidos de los cuales un 42,8% son de medidas de expulsión y el 57,2% restante corresponde a cancelación de matrícula.

Sin embargo, y pese a que las cancelaciones de matrícula cuentan con mayor cantidad, son las expulsiones las que han tenido un sostenido aumento anual, determinando que en 2023 «la cantidad de expedientes de expulsión (1.010) superó considerablemente la cantidad de expedientes de cancelación de matrícula (742)».

En respuesta vía transparencia a RESUMEN

En este sentido, el organismo caracteriza 2023 como «un récord en términos de expedientes recibidos«, considerando que estos representan el 30,1% del total de expedientes recibidos desde el año 2016. Desagregando la cifra esta situación de complejiza aún más: en el caso de los expedientes de expulsión, el 41% del total de estas medidas se informó en 2023.

A partir de esta situación nace la duda ¿Cuál es la dependencia administrativa donde se concentran estos casos? Pues los datos arrojan que desde 2019, los expedientes de expulsión son encabezados continuamente por establecimientos particulares subvencionados, seguidos de los municipales, luego los de Servicios Locales y en última instancia los de administración delegada.

Sobre las mismas expulsiones, en 2016 los expedientes alcanzaban los 167 -concentrándose la mayoría de casos también en colegios particulares subvencionados- y saltando a 1.010 en 2023, con 546 casos en establecimientos de la misma administración.

En respuesta vía transparencia a RESUMEN

En el caso de la cancelación de matrícula el panorama no es muy diferente, aunque se evidencia su uso amplio y frecuente por parte de la administración particular subvencionada. En 2016 la cifra alcanzaba a los 576 expedientes, siendo 400 de casos de particulares subvencionados. En su total, la cifra aumentó a 742 expediente para 2023, año en que los establecimientos particulares subvencionados tuvieron no solo un explosivo aumento, sino que casi triplicaron los expedientes de aquellas administraciones municipales, llegando a 519 casos.

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La Superintendencia de Educación indica que las regiones -fuera de la Metropolitana- «han experimentado un marcado aumento de la cantidad de expedientes respecto del periodo prepandemia». En el caso de la región del Biobío se pasó de 14 expedientes abiertos en 2016 a 133 en 2023. En total, el Biobío reúne -en todos estos años- 402 expedientes de estos procedimientos, siendo la tercera región con más cantidad de medidas disciplinarias de esta índole luego de Valparaíso (668) y la Metropolitana (2.167).

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