[resumen.cl] Acorde al informe elaborado por Contraloría en base a la evaluación del marco institucional para la lucha contra la corrupción, la institución castrense cuenta con diversas deficiencias que han permitido, incluso, la «desincentivación» de denuncias debido a la falta de protección de quienes comuniquen las malversaciones.

Esta semana el Ejército ha estado nuevamente el foco de atención. No solo por los dichos del comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, sobre que se habría «enterado por la prensa» del espionaje de periodistas y militares que facilitaron la difusión del megafraude conocido como Milicogate, sino que la profundización sobre la situación de la corrupción al interior de la institución.

Y es que es este viernes se publicó el informe realizado por la Contraloría General de la República donde determinaron una serie de falencias en temáticas de transparencia en el marco de una auditoría donde se evaluó el marco institucional del Ejército sobre la lucha contra la corrupción.

Ricardo Martínez Menanteau | Fotografía: El Clarín

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La falta de anonimato para las denuncias, la nula existencia de protección legal que de protección a quienes denuncien fraudes y la continua inconsistencia de los reportes entregados oportunamente sobre lavado de activos forman parte de las acciones que vendrían a «desincentivar» las denuncias al interior de la institución castrense.

Asimismo, el informe elaborado por Contraloría explica, sobre estas mismas deficiencias, que «no almacena el registro del análisis y las razones por las cuáles se desestima una denuncia y en definitiva no se informa a la UAF» (Unidad de Análisis Financiero), como tampoco existe retroalimentación de los Reportes de Operaciones Sospechosas.

En términos generales, Contraloría también enfatizó en la nula existencia de una institución, a nivel país, que se mantenga al tanto de las actividades preventivas relacionadas con la corrupción, apuntando a la falta de institucionalidad para poder afrontar los casos de malversación en las instituciones estatales.