Luego de conocerse la resolución de los tribunales que permitían, después de varios intentos fallidos, el beneficio carcelario de salida trimestral al preso político mapuche Luis Tralcal Quidel desde el CET de Victoria, tanto el gobierno como la familia latifundista Luchsinger Mackay apelaron a la resolución.

Por Juan Contreras Jara / resumen.cl

Hasta la Corte Suprema llegó este lunes la familia Luchsinger Mackay, el Ministerio del Interior y el Consejo de Seguridad del Estado, para impedirle al preso político mapuche Luis Tralcal la obtención de la salida trimestral, pese a que cumple con lo requerido para obtener el beneficio carcelario.

Desde la defensa del comunero hicieron hincapié en que «en derecho, lo que corresponde es que a Luis se le otorgue este beneficio. El cumple con todos los requisitos establecidos en la ley».

Luego de que la Corte de Apelaciones determinara la semana pasada que Tralcal Quidel reúne todo lo requerido por Gendarmería para autorizar su salida trimestral, contradiciendo y catalogando como arbitraria la decisión del Consejo Técnico del CET de Victoria que le había negado el beneficio en primera instancia, tanto la familia latifundista como el gobierno de Sebastián Piñera apelaron a la resolución.

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Sobre esta nueva traba en el acceso a un beneficio carcelario, Sebastián Saavedra, abogado del preso político mapuche explicó que «en ninguna otra causa en que se ha otorgado el beneficio de salida trimestral a una persona, mapuche o no, se han hecho parte los familiares de las víctimas, el gobierno de Chile y el Consejo de Seguridad del Estado, esto es una situación evidentemente anómala, en ninguna causa ocurren este tipo de situaciones».

El caso Luchsinger Mackay y su vuelta a la Corte Suprema

El motivo de esta particular apelación, enfatizó el defensor, es «muy simple y es que Luis es un preso político mapuche. él ha sido llevado a juicio por lo menos en 9 oportunidades por su calidad de dirigente mapuche. Fue condenado por una causa basada en el testimonio de una persona que se retractó judicialmente. Se trata de causas que tienen una connotación pública y política evidente». 

Recordemos que tanto Luis como José Tralcal fueron condenados por medio de relatos inculpatorios obtenidos por personal de la PDI mediante tortura, situación denunciada en audiencia por la propia victima, José Peralino. De hecho, fue la Corte Suprema la que ratificó la condena que pesa contra los comuneros, descartando únicamente la calidad terrorista del supuesto ataque, bajando así de cadena perpetua a 18 años de presidio.  

Por este motivo el comunero interpuso una demanda contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que ya solicitó al gobierno de Chile antecedentes sobre el caso.

Hay que precisar que la familia Luchsinger Mackay ya recurrió este año a la Corte Suprema, tribunal que determinó indemnizarles con $1.000 millones, por supuesto abandono de deberes por parte del Estado, pese a que desde iniciado el caso en 2013 Piñera y sus dos gobiernos se han puesto a su servicio a través de acompañamiento, querellas y apelaciones interpuestas contra los comuneros procesados. «No por nada el presidente Piñera felicitó vía Twitter a los jueces cuando dictaron el fallo condenatorio en contra de Luis», agregó Saavedra.

Los alegatos quedaron agendados para el próximo 24 de septiembre, donde el gobierno de Sebastián Piñera, Gendarmería y la Familia Luchsinger Mackay buscan frenar la obtención del beneficio carcelario de salida trimestral a Luis Tralcal Quidel.