[resumen.cl] La familia del dictador debe el pago de contribuciones de 23 propiedades que se encuentran embargadas en el marco de la investigación de la justicia española por enriquecimiento ilícito por blanqueo de capitales a través del Banco de Chile (Grupo Luksic).

"No se encuentran en condiciones de pagar el impuesto territorial" señala el texto presentado por la familia Pinochet-Hiriart al Séptimo Juzgado Civil de Santiago.

Según información publicada por Diario Financiero, la familia del criminal solicita la liberación de cerca de 16 millones de pesos de los más de $1.600 millones que actualmente se encuentran retenidos en el Banco de Chile.

Estas 23 propiedades se encuentran a nombre de Augusto Pinochet y sus exsociedades "Belview International S.A. y Abanda Finance Ltd., creadas para ocultar su identidad" y se encuentran avaluados en más de 17 millones de dólares por el Consejo de Defensa del Estado.

Cabe recordar que estos embargos se producen en el marco de una investigación de la justicia española por blanqueo de capitales a través del Banco de Chile, propiedad del Grupo Luksic.

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La investigación comenzó en la década del 90, sin embargo, fue suspendida en 2012, luego que el Banco de Luksic solicitara a la justicia española declinar su jurisdicción debido a que la justicia chilena estaría realizando el mismo trabajo. No obstante, al acreditarse la falta de investigación y ante las solicitudes de Joan Garcés, presidente de la Fundación Española Presidente Allende, los tribunales ibéricos retomaron el caso hace una semana, cuando la Audiencia Nacional de España remitió una comisión a la Corte Suprema de Chile para que se notifique a los representantes legales de los querellados sobre esta situación.

Hasta donde había quedado hace una década, incluía una resolución que exigía al Banco de Chile, que habría ayudado a la familia Pinochet a ocultar fondos, a presentar con carácter inmediato una fianza de 77,35 millones de euros, equivalentes a la cantidad eventualmente blanqueada para evitar la acción de la justicia española.

«Ante esta situación de bloqueo, la Audiencia Nacional remitió el pasado 8 de julio una comisión rogatoria a la Corte Suprema de Chile para que se notifique los autos a los representantes legales de los querellados en este país suramericano, su base de operaciones, y en particular a Pablo Granifo, Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos. A esta comisión rogatoria sí ha contestado finalmente la representación legal de los querellados, asumida por el letrado Raúl Antonio Tavolari, que recientemente ha presentado un escrito en el que trata de bloquear la notificación con el argumento de que «vulneraría el orden público nacional» al considerar que España no es competente en la causa y que los tribunales chilenos ya asumieron la investigación de los hechos denunciados.» señala eldiario.es, medio de comunicación que dio a conocer la información.

Estos delitos habrían sido cometidos en Estados Unidos a través de las delegaciones del banco en Nueva York y Miami, y cuentan con documentos del Departamento del Tesoro que lo acreditan, según aseguró Garcés la noche de ayer domingo en el programa de televisión Pauta Libre.

«En su última comunicación ante la Security and Exchange Commission (SEC), el regulador de los mercados estadounidenses, preceptiva para poder operar en EEUU, el Banco de Chile informaba que la entidad cuenta con depósitos en una quincena de países extranjeros, incluidos EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia, México, Perú, Japón, así como en varios países de la UE, como Suecia, Francia, Holanda, Alemania, Dinamarca y Finlandia. Los fondos en la gran mayoría de estos países son susceptibles de ser judicialmente embargados a petición de los tribunales españoles, ya sea invocando los convenios bilaterales o las nuevas herramientas europeas que acaban de entrar en vigor» consiga el citado medio.

Este tipo de investigaciones ya cuenta un precedente, pues el banco estadounidense Riggs, que había diseñado uno de los esquemas financieros para ocultar fondos de la familia Pinochet, llegó en 2005 a un acuerdo extrajudicial con la fundación para indemnizar a las víctimas de la dictadura con US$8.000.000. En este mismo sentido, el dinero obtenido al ganar el juicio se ocuparía en reparar a víctimas de la dictadura tanto en España como en Chile.