Fueron ocho días de bloqueo al libre tránsito en las principales carreteras del país los que llegaron a su fin la noche de este lunes, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el gremio de camioneros.  Su movilización estuvo marcada por hechos delictuales como el apedreo a transportistas que no participaban del paro y vehículos menores que intentaron pasar, la retención de licencias de conducir, la ocupación de calzadas, entre otros, todo a vista y paciencia de funcionarios de Carabineros, que en algunos casos prefirieron partear a los agredidos que detener a los agresores.

Por Juan Contreras Jara

La noche de este lunes, en La Moneda, los gremios transportistas representados por la Confederación Fuerza del Norte, y la Confederación de Camioneros Centro Sur, llegaron a un acuerdo de 14 puntos con el gobierno de Boric, tras la toma que impidió el libre tránsito de las carreteras por más de una semana.

Dentro de los puntos entregados por el Gobierno están, el congelamiento, a través de un proyecto de ley de discusión inmediata, del precio del diésel por tres meses. Además, se extenderá el beneficio del reintegro del impuesto parcial por un año, se dispondrá del diseño de un plan operativo, exclusivo para ellos por parte de Carabineros, que aumente su seguridad en los siete puntos establecidos entre Arica y Coquimbo, un seguro complementario para el transporte de carga, implementar mejoras en la conectividad digital y telefónica en la ruta 5 Norte, construir seis zonas de estacionamiento en vías fiscales, entre otros.

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Tras el acuerdo, se pone fin a ocho días de total afectaciones a las y los conductores que se vieron atrapados en gigantescos tacos, tuvieron que pagar «peaje» o incluso fueron agredidos por camioneros, todo en presencia de funcionarios de Carabineros que no cumplieron con su rol de garantes del estado de derecho, declarando en televisión abierta que no tenían órdenes de desalojo de rutas y que estaban ahí más bien para proteger su movilización. 

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Llama al menos la atención la laxa respuesta del Gobierno hacia el bloqueo del libre tránsito y los problemas de desabastecimiento que generó el paro de camioneros, si lo comparamos, por ejemplo, con la respuesta hacia las y los secundarios, a quienes se les ha gaseado, golpeado y detenido tras intentar movilizarse por mejoras en la calidad de su educación, alimentación e infraestructura. Situación similar ocurrió durante el Día contra la Violencia a la Mujer, donde manifestantes, entre ellas diputadas de la República, fueron agredidas por personal policial en Santiago.

Otro punto a resaltar tiene que ver con los altos costos para las arcas del Estado que tendría este acuerdo de 14 puntos, entre los que se encuentra un nuevo límite en el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), que llegaría a los 1.500 millones de dólares, todo en medio de una crisis económica que tiene a los gremios de la salud volcados a las calles, exigiendo aumentos per cápita que permitan dignidad en la atención y sus condiciones laborales. 

Pese a que el Gobierno ratificó las querellas presentadas hasta ahora contra algunos de los camioneros que impidieron el libre tránsito, lo cierto es que, al igual que la administración de Piñera, la de Boric terminó cediendo y permitiendo la transgresión flagrante del estado de derecho en las principales carreteras del país.