La Fiscalía Regional de Magallanes pidió un total de 20 años de presidio efectivo para el ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, quien se encuentra formalizado por diversos delitos de corrupción.

Por Macarena Montes

Héctor Ángel Espinosa Valenzuela fue la máxima autoridad de la PDI desde el 19 de junio de 2015 hasta el 10 de junio de 2021.

Actualmente enfrenta un proceso como imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público y por los que el Ministerio Público magallánico solicitó 20 años de presidio efectivo.

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El fiscal regional, Eugenio Campos, precisó que solicitarán una pena de 10 años de prisión por malversación de caudales públicos, cinco años por el delito de lavado de activos y otros cinco por falsificación de instrumento público.

En noviembre de 2021 fue a Espinosa le fue aplicada la cautelar de arresto domiciliario total y fue reformalizado en agosto del año pasado, donde la indagación entró en su recta final.

Los hechos por los que se encuentra imputado

El Ministerio Público precisó que «entre los años 2015 y 2017 en dependencias del edificio institucional ubicado en General Mackenna 1370 de la comuna de Santiago, el referido director general de la PDI, sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional proveniente de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignados a dicha institución».

De acuerdo a la investigación, son 146 millones de pesos los que han sido desviados en más de 50 depósitos a Espinosa y a su esposa.

Los hechos fueron dados a conocer por una investigación de Ciper, revelaron que la Fiscalía de Magallanes citó a declarar al director general de la PDI, Héctor Espinosa, en el marco de una investigación por el origen del dinero de la compra de un departamento en Las Condes, por $398 millones, pagado casi en su totalidad al contado.

La compra fue realizada por Espinosa junto a su esposa, el 30 de abril de 2018. Según indica el reportaje de CIPER, de los $398 millones que costó el inmueble, $254 millones fueron pagados al contado mediante vales vista, mientras los restantes $143 se complementaron mediante un préstamo hipotecario, el que Espinosa debió incluir en la Declaración de Intereses y Patrimonio del jefe de la policía civil, pero sin embargo no hizo.

«CIPER consultó a la PDI por esta situación. La respuesta por escrito de la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la institución consignó que Espinosa está citado a declarar 'en una causa que tiene el carácter de secreta, de conformidad con el artículo 301 del Código Procesal Penal, encontrándose a la espera de la confirmación de la fecha y lugar donde será entrevistado'.»

El departamento, en el que insultantemente cumplirá su cautelar, fue adquirido por la esposa de Espinosa el 30 de abril de 2018 a la inmobiliaria Almagro. Ubicado en un importante barrio de Las Condes, cuenta con dos estacionamientos y dos bodegas.

A mediados de agosto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra Héctor Espinosa, exdirector de la Policía de Investigaciones por eventuales responsabilidades relacionadas con la sustracción de los fondos reservados manejados por Espinosa en su cargo de director general de la PDI, así como falsificación de documentos para rendir cuenta de los mismos.

El escrito plantea que «la forma en que se falsificaron y/o utilizaron declaraciones juradas falsas para justificar el uso y destino de los referidos gastos reservados, presentadas entre 2015 y 2017 ante la Contraloría General de la República por el ex director general, así como ante la propia PDI, mediante certificados dolosos firmados por Espinosa para justificar egresos periódicos de fondos que, en promedio, ascendían a 30 millones de pesos mensuales».

Así, se plantea que «el querellado falsificó y/o utilizó declaraciones juradas mendaces de buena inversión, mediante las cuales sostenía, bajo juramento, que estos se emplearon en los fines propios de la Policía de Investigaciones de Chile y en las misiones que le son inherentes, relativas al orden público y seguridad interior y exterior del país».

También fue formalizado Eduardo Villablanca, mano derecha de Espinosa en sus seis años al mando de la institución.

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, destalló que Villablanca, entonces subcomisario de la PDI, recibía de su superior los dineros de gastos reservados de la institución y los depositaba en las cuentas corrientes de Espinosa y Neira.