[resumen.cl] La Fiscalía de Magallanes formalizó a cuatro exejecutivos de la salmonera Nova Austral por los delitos de fraude de subvenciones y contaminación de agua, esto por realizar adulteración en la cifra de peces sembrados y cosechados, modificar las tasas de mortalidad en los centros productivos con la finalidad de engañar a las entidades fiscalizadoras, así como por engañar a la Tesorería General de la República para obtener la subvenciones con dinero estatal por $50 mil millones de pesos.

Se trata de Drago Covacich Mckay, Nicos Nicolaides Bussiemius, Rigoberto Garrido Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio, ex ejecutivos de la Empresa Nova Austral, salmonera de capitales noruegos y estadounidenses, los que fueron formalizados la jornada por el delito de Fraude de Subvenciones y en calidad de autores ejecutores del delito consumado de Contaminación de Aguas, previsto en el artículo 136 inciso 1° de la Ley General de Pesca y Acuicultura, delito por el que también fue castigada la empresa.

El Tribunal otorgó un plazo de 6 meses de investigación y estableció las medidas cautelares de arraigo y firma quincenal. Por su parte, fijó para el próximo 7 de abril la formalización de Arturo Schofield Muga, quinto implicado en la causa.

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De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público durante años, los delitos se perpetraron al menos desde 2016 a 2019, cuando los imputados realizaron acciones directas tendientes a falsificar y adulterar los datos reales de siembra, cultivo, cosecha y mortalidad de cada centro que debían entregar a las entidades fiscalizadoras, con el objetivo de alterar los verdaderos indicadores que permiten evaluar la condición sanitaria y ambiental de los centros de cultivo y así engañar a Sernapesca y Subpesca.

Cabe indicar que esto, dio pie a que los diversos centros de cultivo de la empresa obtuvieran una clasificación de Bioseguridad Alta, siendo que los datos reales daban cuenta que correspondía una clasificación de Bioseguridad Baja 2, lo que habría implicado una reducción del 60% de ejemplares a sembrar, disminuyendo su producción, generando como consecuencia una venta menor, que influyó de manera directa en la bonificación solicitada a Tesorería, la que en consecuencia, también habría sido menor. No obstante, distintos funcionarios de la empresa, a solicitud de los ejecutivos imputados y en pleno conocimiento de estos, presentaron en la sucursal de Tesorería General de la República, formularios de solicitud por la empresa Nova Austral, para obtener la subvención o bonificación de la «Ley Navarino», por sumas que entre el mes de febrero de 2017 y junio de 2019 alcanzó un monto por sobre los $50 mil millones de pesos.

Durante la formalización de cargos, el fiscal indicó también que los imputados efectuaron, en los centros de cultivo, un exceso de siembra de alevines, lo que incidió en un aumento en los desechos orgánicos del suelo marino por peces muertos, alimentos no consumidos ni degradados y fecas, generando un aumento en la cosecha por sobre lo autorizado, lo que provocó impactos ambientales significativos, consistentes en la degradación del suelo marino, contaminación del componente agua y pérdida de biodiversidad, generando además, una disminución sustantiva de oxígeno en los cuerpos de agua y la propagación de algas que impiden que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema, lo que se traduce en un empobrecimiento de la biodiversidad acuática.

Respecto al Centro de Cultivo Aracena 14, que se encuentra emplazado en el interior del Parque Nacional Alberto De Agostini, correspondiente a un área silvestre protegida por el Estado, el persecutor indicó que la empresa se coordinó y se concertó con terceros para introducir al mar, por embarcaciones que prestaban servicio a la empresa, toneladas de arena de playa y percarbonato de sodio, que fueron depositadas y vertidas en el lecho marino debajo del módulo de cultivo, sin autorización previa de la autoridad competente, lo que alteró las condiciones de oxígeno y sedimentación del fondo marino de manera artificial, además de generar cambios en el sustrato que afectaron la biodiversidad y distribución de la macrofauna bentónica existente en el área de sedimentación del centro de cultivo, no permitiendo la recuperación natural del ecosistema, todo esto para ocultar el daño ocasionado y así poder iniciar un nuevo ciclo productivo ante una fiscalización futura de Sernapesca.