El gobierno de centroderecha francés, encabezado por Emmanuel Macron, hizo nuevamente dueño de la totalidad de las acciones de Électricité de France (EDF) al Estado, para mantener la soberanía del sector energético.

Por Joaquín Pérez

La empresa, que una vez tuvo acciones negociadas en las bolsas de valores, vuelve a ser propiedad del Estado francés en un 99,9%. La renacionalización ya había sido anunciada en julio de 2022. En ese momento, el Gobierno ya poseía el 84% de las acciones de EDF, es decir, era el accionista mayoritario y controlador, pero pretendía comprar el resto para poder realizar proyectos de soberanía energética sin tener que consultar ni velar por los intereses de accionistas privados de la empresa.

Según el gobierno galo, estos proyectos son «ambiciosos e indispensables» para el futuro energético de Francia.

La política de soberanía energética, tanto en Francia como en otros Estados europeos, nace a raíz de la severa crisis provocada por la guerra de Ucrania en materia de energía, debido a la dependencia de Europa occidental del gas ruso.

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En los países donde el Estado no tiene control de la energía, se han registrado una serie de anomalías y alzas generalizadas de los precios para las y los ciudadanos.

El valor de la compra de las acciones por parte de Gobierno alcanzó un total de 9.700 millones de euros, es decir, 8.458.811.000.000 de pesos chilenos.

En nuestro país, las empresas de generación y distribución de energías (Endesa y Chilectra), fueron privatizadas a precios ridículos en Dictadura (1982), pasando posteriormente a manos de transnacionales extranjeras durante la postdictadura, específicamente, capitales españoles, italianos y chinos. Cabe recordar, que la oposición a Pinochet, que triunfó en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, había prometido anular las fraudulentas privatizaciones, cosa que no ocurrió.

En Sudamérica sucedió lo mismo con diversos gobiernos neoliberales, los dineros involucrados se transformaron, al igual que los ingresos de Pinochet con las privatizaciones, en corrupción al interior de los controladores de los regímenes. El último de ellos es el caso de Electrobras, la mayor generadora de energía de latinoamericana, rematada por el gobierno de Jair Bolsonaro en 33.700 millones de reales, aproximadamente 6.855 millones de dólares, en junio del año 2022.

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