El miércoles pasado la unidad de investigación de Radio Bio Bio develó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene una querella contra Hansel Silva Vásquez, director de la Sala de Artes y Centro Cultural Ex Cine Windsor en Concepción, fundador y director ejecutivo de la Corporación Aldea Rural, Museo Casa Cano de Rere (Comuna de Yumbel), por defraudar al fisco en una cifra que bordearía el millón de dólares.

Por Joaquín Pérez

Hansel es un admirador de Lucia Hiliart de Pinochet, a quien dedicó un obituario en el Diario El Sur de Concepción: "Ha partido la última gran Primera Dama de Chile. El mundo rural le agradece su trabajo y entrega".

Ha financiado su trabajo en cultura y patrimonio gracias a la ley de donaciones culturales, que permiten a las empresas descontar impuestos de inversiones realizadas en el ámbito cultural (Ley Valdés) y de fondos concursables en cultura y hoy también de los fondos concursables en patrimonio.

En un país como Chile, donde la patronal ha dado muestras no solo de defraudar al fisco en materia referidas el pago de impuestos, sino que incluso ha ido abiertamente más allá, como lo demostraron las investigaciones a la financiación de la política y el caso FUT, resulta insostenible mantener mecanismos como Ley Valdés, la cual solo facilita otra vía para evasión de impuestos y que además otorgan al gran empresariado la posibilidad de lavar imagen, frente al daño ambiental, social y humano que provocan en muchas zonas del país.

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Un ejemplo de ello es el Parque Jorge Alessandri en Coronel, de Mininco, ubicado en una de las comunas de nuestro país, definidas como zona de sacrificio ambiental, pues este parque que muestra a la gran industria forestal como la panacea de la protección del medioambiente es precisamente financiada por la ley de donaciones culturales.

Este parque ubicado a los pies de la cordillera de Nahuelbuta, era un vasto territorio de una riqueza natural inconmensurable antes del golpe militar, el decreto 701 y su transformación en el desierto verde de pinos y eucaliptos que hoy, que mantiene a la comuna de Coronel al borde de la crisis hídrica.

La devastación de la Cordillera de Nashuelbuta y de todo el Sur de Chile afectado por el monocultivo forestal, no solo ha impactado la vida misma de las comunidades mapuches y chilenas, sino que también ha redundado en el empobrecimiento de sus propias prácticas culturales. Por esto resulta contradictorio que el lavado de imagen de la industria forestal, en este caso, sea financiado por fondos públicos de cultura (todo ellos sin pensar en las todas las posibles elusiones tributarias que se podrían estar realizando).

La situación de las forestales en Coronel y otras comunas del Sur de Chile, se reproduce en el Norte con la gran industria minera extractivita, que de por sí ya elude impuestos de múltiples formas, como la renta presunta o el impuesto al combustible, pero que suma en la Ley de donaciones culturales otra alternativa más a su baraja de posibilidades.

Pero instituciones como las de Hansel no solo se financian de la Ley de Donaciones Culturales o Ley Valdés, también lo hacen de los Fondos Concursales, los históricos de Cultura, pero también el nuevo de Patrimonio. Por eso el Mercurio dedica una editorial a la nueva ministra de cultura pretendiendo que esta continúe con esta política, además de insistir con una ley de patrimonio hecha para la Cámara Chilena de la Construcción, por que sin duda la política de fondos concursables ha sido fundamental en la privatización de la cultura en nuestro país.

Toda la política de traspaso de fondos a privados a través del Ministerio de Cultura debe revisarse, de hecho, esta se concentra en grandes corporaciones privadas con un muy definido signo político, son Santiago a Mil, Balmaceda 1215, Matucana 100, GAM los que se llevan gran parte de los recursos del estado.

En regiones los fondos concursales terminan muchas veces en manos de los municipios, en "eventos" de escaso valor cultural, que más bien están pensados como pre campañas políticas para sus alcaldes.

Esta chabacanería no puede continuar, el estado debe invertir en cultura, en espacios públicos ya sea de la administración central del estado como municipales, o en su defecto, en espacios efectivamente con inserción comunitaria, salir del "evento", y abordar el tema cultural desde la educación, formación y promoción, donde el evento sea una pieza más, que termine con esta dicotomía de cultura para las élites y caricatura de cultura popular.

Se requiere una nueva política cultural que termine con 30 años de neoliberalismo, con un estado activo que recupere por ejemplo su propio patrimonio cultural como lo era la ex DIBAM, cuyas raíces se hundían en el origen de la propia república y la cual fue suprimida con la creación de Ministerio de las Culturas y las Artes y degrada a un servicio sin financiamiento ni peso político alguno.