Harun Oda, Funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del Biobío, presentó una denuncia contra el director nacional del organismo, Sergio Micco, por su gestión a cargo de éste, desde la no prestación de implementos para el cumplimiento de su trabajo, no prestar apoyo ante amenazas de muerte a su persona, el no considerar informes técnicos en el uso de armas químicas utilizadas por Carabineros, hasta el no permitir hacerse parte de una denuncia por desaparición de un hombre en Hualpén durante el Estallido Social en que su familia apunta como responsables a la policía uniformada y persecución de Micco a su persona.

Por Alejandro Baeza

Los cuestionamientos a Sergio Micco han sido constantes desde que asumió la dirección del INDH. Estos van desde organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, víctimas de trauma ocular y violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social que mantienen una toma de la sede del recinto desde el año pasado, hasta trabajadores y trabajadoras del organismo.

En este sentido es que durante la mañana de hoy, Harun Oda, funcionario del INDH en el Biobío presentó una demanda en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (RIT T-117-2022) por lo que considera una serie de vulneraciones tanto a sus funciones en el organismo como a las prestaciones que éste debe cumplir, publicó este mediodía La Red.

Por ello es que RESUMEN se contactó con el abogado de Oda, Fernando Leal, quien nos señaló que «Nosotros interpusimos esta tutela de derechos fundamentales porque a nuestro juicio se ha vulnerado de manera grave y reiterada la integridad síquica de mi representado», agregando a renglón seguido que «La demanda contempla toda una parte donde se contextualiza las condiciones precarias en las cuales los funcionarios han realizado sus labores el último tiempo, principalmente desde el Estallido Social».

El abogado patrocinante, Fernando Leal, cuenta en el relato de hechos que: "Con fecha 11 de noviembre del 2019, debí dirigirme a la 1ª Comisaría de Concepción pasada la medianoche y en mi vehículo particular, para visitar detenidos. Nos habían advertido de graves vulneraciones de derechos que debíamos constatar y fui instruido para aquello. Tras la visita a la comisaría y al acercarme a mi automóvil, que se encontraba estacionado a una o dos cuadras del recinto policial, observé un papel puesto en el parabrisas con una amenaza de muerte escrita a mano que decía ‘Vas a morir sapo del INDH’. Tras mirar a mi alrededor y sin presencia de terceros de quienes me pudiese percatar abordé mi vehículo y regresé a mi domicilio, sin comentarle nada a mi familia, que ya se encontraba suficientemente agobiada por saberme expuesto diariamente a situaciones de riesgo como observador del INDH.

El libelo señala «Pese a la gravedad del hecho el INDH no tomó ninguna medida reparatoria o de monitoreo de la salud mental de aquellos observadores que en nuestra labor fuimos víctimas de amenazas, insultos o amedrentamientos. Durante esos meses no fueron pocas las veces en que ellos, según se relata en la denuncia, se vieron expuestos a que personas los agredieron verbalmente y los insultaran, sindicándolos como responsables de los desmanes».

Asimismo, la acción legal no sólo apunta a la desprotección en cuanto apoyo legal y psicológico ante las amenazas de muerte y las provocaciones de funcionarios de Carabineros, sino que a la desprotección a la integridad física de las funcionarias y los funcionarios del INDH en las manifestaciones del Estallido Social. En este sentido, la tutela indica que «A propósito de las numerosos y graves incidentes de traumatismos oculares solicitaron al INDH les proveyera de antiparras, para prevenir lesiones oculares entre quienes hacían observación de manifestaciones. Tras semanas de espera nos enviaron unas antiparras plásticas que en su envoltorio decían: ‘NO APTAS PARA FINES BALISTICOS’.»

Fernando Leal, concluye señalando que «Todas estas situaciones decepcionantes en un organismo que supuestamente existe para la defensa de los derechos humanos hicieron que mi representado comenzara a resentir esto en su salud. Cuando llega la pandemia se les informa a los funcionarios del INDH que pueden hacer trabajo telemático, particularmente los que tienen enfermedades base, en el caso de mi representado que tiene presión alta y además es padre de una niña que tiene asma, él da cuenta de esta situación a su empleador precisamente para poder realizar trabajo telemático, sin embargo, se le obliga una y otra vez a concurrir presencialmente a distintas situaciones que ponen en riesgo su integridad. Cuando el señor Oda se niega a participar de una reunión presencial en plena pandemia en Fase 1 en Concepción, ordenada por el director Sergio Micco, empieza ya la persecución más evidente, en donde el director nacional pide que lo despidan y por último que lo cambien en el primer orden de relación de subrogancia, porque era quien subrogaba a la directora regional [Carolina Chang], incluso hay antecedentes del chofer que había en ese entonces en la sede, se presta para grabar las conversaciones del señor Oda en las distintas reuniones para remitírselas al señor Micco, por lo tanto creemos que acá se ha vulnerado de manera grave la integridad síquica de mi representado.» Por lo que además se estaría incurriendo en persecución por parte de Micco hacia Harun Oda.

Actualmente Oda se encuentra con licencia médica debido a los daños a su integridad síquica que le han producido todas las situaciones señaladas. «Nosotros lo que esperamos que cesen estos actos vulneratorios, se repare a mi representado y se indemnice por el daño moral grave y que que el INDH, que es una entidad que está por la promoción y la defensa de los DDHH, realice acciones para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir», concluye Leal.