Dos exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío se mantienen con arresto domiciliario.

Por Diego Chacano

El pasado viernes, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la resolución del Juzgado de Garantía respecto a las medidas cautelares para Tamara Vidal y Simón Acuña, exfuncionarios del GORE Biobío involucrados en el Caso Convenios.

Ambos ya habían sido imputados por el caso de traspaso de recursos a la Fundación En Ti (vinculada a Camila Polizzi). Actualmente Acuña está imputado por fraude al fisco, mientras a Tamara Vidal se le suma el de estafa y negociación incompatible. El total que fue transferido de parte del GORE Biobío a la Fundación Mi Hogar Asuncionista fue de 160 millones de pesos.

La fiscal Marcela Cartagena explicó, específicamente, que Vidal promovió el convenio sólo para dar trabajo a cercanos. Un hecho que se repite en las aristas relacionadas al Caso Convenios/Fundaciones.

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En conversación con RESUMEN, Camila Arriagada, consejera regional del Biobío, comentó que "lo interesante es identificar los elementos comunes: como la contratación de cercanos en los programas, como otros profesionales prestaban servicios en más de un programa en una bolsa de trabajo que beneficiaba a una red cercana al Gobierno Regional".

Arriagada considera que esta situación puede estar presente en las otras investigaciones "sin que los órganos de control interno se percataran de la falta a la probidad administrativa que esto representaba (…) A diferencia de lo expuesto por la defensa de los imputados, quienes señalan que las responsabilidades están asociadas a la postulación y adjudicación de las iniciativas son, a nuestro juicio, insuficientes, dado que olvidan las tareas de revisión de las rendiciones de los programas". 

Los CORE exigieron una auditoría externa (según lo establecido en el artículo 36 de la ley 19.175 que norma a los Gobiernos Regionales), "Nos queda esperar el resultado (…) además hemos logrado constituir la primer subcomisión de fiscalización del Festival REC, lo que nos permitirá descartar o confirmar la participación de empresas investigadas en el Caso Convenios y su relación con la Fundación Procultura".

Para la CORE este problema tiene nombre y apellido; "En nuestro caso la denominamos la falla Rodrigo Díaz, dado que representa un riesgo para el patrimonio nacional y sus recursos públicos, que debieran estar al servicio de las necesidades de los habitantes de la región".Camila considera que al día de hoy "ya no hay confianza en la asignación de los recursos del Gobierno Regional (…) Demandamos más atribuciones en las denuncias, en las instituciones investigativas, en el área de la fiscalización, más transparencia en toda la administración de los recursos públicos y una reorientación de estos mismos (…) sólo un cambio de administración del Gore lo hará posible«.

Por su parte, el CORE Piero Blas también compartió algunas irregularidades que se vinculan a este caso y a la administración de Díaz: "Está intentando desviar el foco mediático que es él, que no ha tomado acciones dentro del Caso Convenios. Y sobre todo utiliza este caso en particular donde el querellante fue él (…) A la fecha ningún funcionario que trabaje en el área de presupuesto, ni en la jefatura de división, ni la jefatura de fomento productivo -quienes estuvieron en su momento también con irregularidades- están siendo querellados".

Blas además comenta: "Nuestras cuentas de consejeros regionales tienen acceso diferente al que tienen los funcionarios, y no podemos ver documentación interesante para poder denunciar irregularidades. Su administración decide, voluntariamente, crear cuentas con acceso ilimitado a los consejeros para que no puedan ver lo que está pasando".

Respecto a los exfuncionarios, aunque la Fiscalía pidió cambiar las cautelares por prisión preventiva esto fue rechazado. Además en el caso de Tamara Vidal se interpuso el arresto domiciliario aplicando perspectiva de género, al tratarse de una mujer que tiene hijos a su cuidado.